Josué Mota
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió una recomendación al secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, por las violaciones a las garantías individuales que cometieron policías estatales preventivos a su cargo contra al menos 31 personas durante el desalojo de éstas de un predio denominado Cieneguilla, en Chignahuapan, ocurrido el pasado 23 de agosto.
Llama la atención que las personas que fueron lesionadas por los policías estatales preventivos, y de las que se probó que fueron violados sus derechos humanos, también fueron sentenciadas por el delito de pandillerismo, tras su detención en el operativo de desalojo, pero no existe ninguna recomendación al Juzgado Penal de Chignahuapan por este hecho.
En la recomendación con el número 60/2011, el organismo solicita a Vargas Fosado que si brinde médica y victimológica a las 31 personas que fueron lesionadas por los agentes y que sean costeados por la dependencia a su cargo los medicamentos que requieran.
También se indica que se debe dar “vista a la delegación de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que inicie los procedimientos administrativos que correspondan en contra de los servidores públicos involucrados en los hechos motivo de esta queja”.
También se le solicita emitir circulares a los policías a su cargo para que actúen conforme a las leyes de la Constitución Política de México, respetando los tratados internacionales en materia de derechos humanos, “absteniéndose de excederse en el uso de la fuerza pública”.
La recomendación también señala que se deben dar cursos de capacitación a los policías de las regiones deTeziutlán, Acatlán de Osorio, Chignahuapan, y Zacatepec sobre el respeto y la protección a los derechos humanos.
Llama la atención que la Comisión de Derechos Humanos del Estado solicita en el mismo documento la colaboración del procurador General de Justicia para que se continúe la integración de la averiguación previa interpuesta por las víctimas por los delitos de daño en propiedad ajena, lesiones y robo, y se pueda determinar la responsabilidad legal de los policías que participaron en el desalojo del 23 de agosto.
La recomendación fue emitida el 29 de diciembre pasado y el secretario de Seguridad Pública tiene 15 días hábiles para informar oficialmente si acepta la misma, y en caso de ser así llevar a cabo las cuatro acciones señaladas en un plazo también de 15 días hábiles. Hasta ahora, la dependencia no ha emitido su postura sobre la recomendación.
Sin embargo, es importante mencionar que en la misma recomendación hay constancia de que la mayoría de las personas que se recomienda brindar atención médica y psicológica por las lesiones causados por los policías estatales, fueron detenidas durante el operativo y posteriormente se les condenó por el delito de pandillerismo. Empero, sobre este punto la Comisión de Derechos Humanos del estado no hace ninguna recomendación ni a las autoridades judiciales ni ministeriales. Es decir, las personas que fueron golpeadas por los policías fueron acusadas y condenadas por pandillerismo.
El 6 de diciembre pasado, el periódico Intolerancia Diario dio a conocer grabaciones en las que Vargas Fosad ordena a mandos intermedios de la Policía Estatal Preventiva que no devuelvan las cámaras que los agentes arrebataron a los reporteros que cubrían el desalojo que es motivo de esa recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.
“Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que se continúe con la investigación de los hechos denunciados en la averiguación previa
AP2, por los delitos de daño en propiedad ajena, lesiones y robo, presentada por los señores V11, V3, V38, V5, V30, V31, V34 y V33, en la que se identifique a todos y cada uno de los responsables de los ilícitos cometidos en su agravio, realizando las diligencias necesarias para tener por acreditada la participación de los sujetos que
intervinieron en la comisión de los delitos citados y los que resulten”, señala el documento.
Ese mismo día, Lado B dio a conocer las declaraciones del secretario justificando su actuación: “Cuando estoy operando tengo que cuidar la integridad de mi gente, y bueno, pos si no se identifican y si no sé quiénes son, pos con la pena maestro, yo estoy operando y tengo que cuidar tanto la integridad física de mi gente como la operación que estoy realizando; o sea, yo no, si tú no traes una identificación donde te encuentre en una operación pos , digo, y si me estás agrediendo, seguramente buscaré la manera de tener un control”.
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