Lado B

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La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capitulo Puebla refutó la afirmación del gobierno del estado en el sentido de que la Ley de Ingresos no es un candado a la transparencia, como lo señalaron el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP).

Y cuestionó que, si bien se trata de una medida que fue incluida en la ley desde 2009, “la sociedad esperaba que el gobierno de la alternancia eliminara este tipo de candados y prácticas destinadas a dificultar el acceso a la información relativa al gasto público”.

El organismo no gubernamental criticó también las “desafortunadas” declaraciones del presidente del Congreso, José Luis Márquez Martínez, al afirmar que el legislador “exhibe su desconocimiento” de lo que establece el artículo 6º de la Carta Magna.

Esto luego de que el también líder de la fracción priísta en el Congreso justificó que el alto costo de las copias certificadas obedece a que la información pública solicitada se utiliza “para manipular la misma información y desacreditar el trabajo de los diferentes niveles de gobierno”.

Al respecto la Amedi puntualizó: “El uso que se le dé a la información pública, o el número de personas que hagan uso del derecho de acceso a la información, no deben ser motivo de obstrucción alguna para acceder a ella. Resulta muy desafortunado, por tanto, que el líder del Congreso local desestime un derecho fundamental consagrado en la Constitución y regulado a nivel estatal por una Ley de Transparencia que le permite a todo aquel que solicita información pública elegir la modalidad de entrega de la misma”.

Sin opción = candado

Mediante un comunicado firmado por la presidenta del organismo en Puebla, Lilia Vélez Iglesias, la Amedi sostuvo que el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle si bien intentó desestimar los señalamiento del IFAI y la COMAIP –vertidos al momento de pedir a la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicien una acción de inconstitucionalidad en contra de la citada ley–, pero en su comunicado reconoció la existencia del candado a la transparencia.

“Tal y como lo reconoce el Gobierno del Estado de Puebla, para obtener documentación comprobatoria del gasto público es necesario realizar el pago de las copias certificadas correspondientes, lo que obstaculiza el acceso a la información relativa al gasto público”.

Y apunta: “Si bien el costo de las copias certificadas en Puebla es uno de los más elevados en todo el país, el problema no es sólo ese, sino que independientemente del derecho que tiene toda persona de elegir la modalidad de entrega de la información pública que desea conocer, la Ley de Ingresos 2012 establezca que la entrega sea solamente por medio de copia certificada”.

Esto significa que si un ciudadano quisiera consultar información sobre el manejo de los recursos públicos tendrá que pagar 80 pesos por hoja, es decir 1.3 salarios mínimos.

Sobre la afirmación del gobierno morenovallista de que la información fiscal puede ser consultada en su página de internet, la Amedi puntualizó:

“La información que el Gobierno del Estado de Puebla puso a disposición para su consulta en línea es valiosa, sin embargo, no agota el cúmulo de información relativa al gasto público que mediante el uso de la Ley de Transparencia puede ser solicitada, consultada y obtenida”.