Foto: Joel Merino.

Josué Mota

@motajosue

El secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, sería un candidato para abandonar el gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas tras su primer informe de gobierno, ya que el funcionario se ha distinguido por actuar más como represor contra los ciudadanos que por su trabajo en el combate a la delincuencia, dijo Germán Molina Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI).

Entrevistado sobre la reciente recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) a Vargas Fosado por la represión contra pobladores de Chignahuapan, el abogado señaló que el gobierno del estado debe mostrar si será sensible a los señalamientos de violaciones a los derechos humanos o protegerá al funcionario.

“Es necesario ver hasta dónde el gobierno del estado nos muestra una cara sensible respecto a la situación que las autoridades de la Comisión están investigando y recomendando, porque yo creo que ese es uno de los aspectos que más preocuparía al ciudadano, primero la posibilidad de que se abra una queja, pero habiendo un resultado a favor de los afectados, cuál va a ser la actitud de la autoridad para aceptar o no esas recomendaciones. Entonces, creo que es necesario que la postura de la Secretaría de Seguridad Pública estatal sea en términos de reparar las violaciones, de buscar que los afectados realmente reciban una satisfacción en cuanto al daño causado y por otro lado también cambiar la imagen de una institución represora que hace mal uso de la autoridad, en este caso el uso arbitrario de la fuerza pública, y que realmente se utilice su función en beneficio de los ciudadanos y no en contra de ellos”, dijo Molina Carrillo.

Afirmó que Ardelio Vargas debería aplicar mano dura a los integrantes de la delincuencia organizada y resguardar al estado de los problemas de narcotráfico que se viven en los vecinos estados, pero debería respetar a los “ciudadanos que lo único que reclaman es un derecho a manifestarse, derecho a señalar lo que considera que debe serle resuelto. Me parece que sería un candidato a salir, y el gobernador del estado podría plantearse precisamente después de su informe hacer un cambio un esta área porque creo que los ciudadanos lo que necesitan en este momento son autoridades que nos garanticen, que nos den seguridad, y no al contrario, funcionarios que sepamos que no podemos esperar de ellos mas que una actitud de trato de delincuentes”.

La CDH mediocre y tibia

Molina Carrillo también criticó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo quien, aseguró, “está más preocupado por armar su equipo de funcionarios y por estar viendo qué pasa en la CNDH, de donde él viene, que por estar involucrado en el caso de Puebla, es una persona que llegó aquí sin saber cuál es la problemática de derechos humanos en el estado”.

Dijo que la Comisión de Derechos Humanos debe involucrarse en la vigilancia del respeto a los ciudadanos pero para ello es necesario contar con funcionarios con experiencia, y hasta ahora lo que se ha visto es que en el organismo se ha dado del despido de 18 personas con servicios profesional de carrera, y quienes fueron electos como integrantes del Consejo Consultivo no tienen experiencia.

«Yo creo que hay mucho ocultamiento de información, sabemos que las comisiones de derechos humanos tienen la facultad de abrir quejas de oficio, es decir cuando ellos tienen conocimiento a través de los medios de comunicación  de algún acto que puede resultar en violación de derechos humanos, o incluso una denuncia anónima pueden abrir una queja, yo creo que la Comisión carece de elementos suficientes en cuanto a personal capacitado para atender los problemas que se están presentando no sólo a nivel estatal sino en todos los municipios, entonces a mí me parece que la actuación que tienen hasta ahorita es un tanto mediocre, tibia”, remató.