Ernesto Aroche Aguilar
En 2011 el ayuntamiento Puebla superó a la Secretaría de Seguridad Pública en el número de recomendaciones por violación a los derechos humanos, así lo dio a conocer el ombudsman poblano, Adolfo López Badillo al presentar su primer informe de gobierno.
Y aunque fue la Procuraduría General de Justicia (PGJ) la entidad que más casos acumuló en todo el año: ocho, llama mucho la atención que con cinco recomendaciones el gobierno que encabeza Eduardo Rivera quedara en segundo lugar superando a la dependencia que dirige Ardelio Vargas Fosado, que reportó cuatro en todo el año.
La recomendación que hizo la diferencia entre estas dos entidades de gobierno llegó al cierre del año, cuando tras un proceso de investigación la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla responsabilizó al gobierno panista por el asesinato a manos de policías municipales de una joven embarazada, durante un operativo que se salió de control.
En su informe, López Badillo dio a conocer que se recibieron durante todo el año pasado 12 mil 875 solicitudes de intervención de cuales 1 mi 378, el 10 por ciento, se transformaron en quejas y sólo 61 llegó a recomendaciones tras comprobarse la violación de los derechos humanos.
La reducción en el número promedio de recomendaciones emitidas en los últimos cinco años, 70 anuales, se explica con la creación de un mecanismo de conciliación entre acusador y acusado que se aplicó en varios casos derivando en 9 documentos, 2 con la PGJ, uno con el Soapap y seis más con el mismo número de municipios del interior del estado.
Al informe acudió el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, quien anunció que su gobierno aceptará todas y cada una de las recomendaciones que le corresponden a su administración.
Distribución de recomendaciones y su número de expediente
| Casos | Dependencia o ayuntamiento | Número de expedientes |
| 8 | PGJE | 35, 32, 25, 14, 13, 10, 6, 5 |
| 5 | Puebla Capital | 61, 37, 19, 18, 7 |
| 4 | SSP | 37, 19, 18, 7 |
| 3 | Atlixco | 57, 34, 1 |
| 3 | San Andrés Cholula | 38, 28, 4 |
Escurre el bulto
Entrevistado al finalizar el acto protocolario el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia aseguró que la dependencia a su cargo decidió no iniciar la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ingresos del estado, como se lo pidieron el IFAI y la Comaip, pues se trata de un asunto “administrativo”.
Ante la inacción del organismo, cuyo presidente minutos antes había ponderado el derecho a la información, fue la PGR la que inició el procedimiento ante la SCJN.
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