• El gobernador Rafael Moreno Valle envió al Congreso una iniciativa donde propone el remplacamiento obligatorio el próximo año con un costo de 1,235 pesos; y sanción de 396 a 680 pesos a quien no porte los «metales vigentes»

Foto: EEF.

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Para esta temporada decembrina, la mayoría de los ingresos de los poblanos están proyectados para ciertos gastos, sin embargo los propietarios de vehículos deberían reservar parte de sus ingresos para pagarle a la Secretaría de Finanzas del estado mil 235 pesos por concepto de reemplacamiento, que podría ser obligatorio en 2012.

Esta cifra se desglosa a partir de la Ley de Ingresos –aprobada hace unos días por los diputados locales– donde especifica que el monto para canje de placas será de 685 pesos, por expedición de tarjeta de circulación 330 pesos, y para calcomanía alfanumérica de identificación vehicular 220 pesos.

Durante los primeros días de junio, el mandatario estatal, Rafael Moreno Valle Rosas no descartó la posibilidad de que los 800 mil vehículos que circulan en el estado deban emplacar de nueva cuenta para el próximo año.

Esto parecería concretarse luego que el Congreso local recibió el pasado 8 de diciembre una iniciativa del Ejecutivo que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Fiscal del Estado de Puebla, entre ellos destacan las correspondientes a los artículos 58 y 59.

En la exposición de motivos el mandatario estatal subraya la necesidad de implementar una infracción y sanción, “respectivamente para los propietarios, tenedores o usuarios de vehículos automotores inscritos en el Registro Estatal Vehicular que no porten placas de circulación oficiales vigentes, ya que las mismas son un medio de control fiscal y con la debida actualización del padrón mencionado se otorga mayor seguridad jurídica a los poblanos”.

Si bien el artículo 94 de la Ley de Hacienda del estado de Puebla, puntualiza que “el Gobernador del Estado establecerá los Programas de Canje de Placas respecto de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular”, las modificaciones en cuanto a sanciones por no portar los metales vigentes se deben instaurar en el Código Fiscal de la entidad, esto para garantizar mejoras recaudatorias.

Así, el proyecto de ley que Moreno Valle envió al Congreso establece que será acreedor a una infracción aquel que “no porte placa de circulación vigente” (adición de la fracción XXIII al artículo 58).

Lo anterior aún cuando la fracción que le antecede (XXII) sanciona de manera económica a quien no realice “el canje de placas en los términos previstos en los programas que para estos efectos se emitan”.

Además el gobierno morenovallista fincó una multa para quien carezca de placas de circulación, la cual iría desde 396 pesos con 90 centavos hasta los 680 pesos con 40 centavos, o sea de 7 a 12 días de salario mínimo vigente en Puebla.

El reemplacamiento y su sustento jurídico

Hasta antes del año 2000, los gobiernos carecían de una ley que regulara el cambio de placas, por tanto las autoridades estatales realizaban esta práctica según su albedrío.

Hasta antes de 2006, en Nuevo León el canje de láminas se realizaba cada 5 años, en Jalisco cada 10 años, y en el Estado de México así como en el Distrito federal no había tendencia específica, comentó en su momento el entonces diputado federal panista, Luis Alonso Mejía García.

Para normar esta práctica, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT), diseñó un acuerdo para fijar las características de los metales, la información de las tarjetas de circulación, el sistema de numeración de las placas, entre otras especificaciones, mismas que dieron forma a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000 que se publicó el 25 de septiembre 2000 en el Diario Oficial de la Federación.

Dos años después, la norma fue modificada según consta en el acuerdo DOF 21–05–2002, cuyo apartado séptimo establece el periodo de 3 años para un nuevo reemplacamiento.

“La vigencia de las placas será de tres años, contados a partir de que las entidades federativas, el Distrito Federal o la Secretaría hayan realizado sus canjes totales de placas, ya sea en los años 1998, 1999 o 2000, de tal forma que los siguientes canjes totales deberán efectuarse en los años 2001, 2002 o 2003, según corresponda y así sucesivamente en los trienios posteriores. Una vez que se hayan actualizado los padrones vehiculares y enlazado los sistemas informáticos de los bancos de datos de los registros y autorizaciones vehiculares del transporte federal con cada uno de los padrones vehiculares de las diferentes entidades federativas, la secretaría establecerá un plazo para un nuevo canje de placas”.

Canje de placas durante sexenio marinista

El último emplacamiento en Puebla se concretó en 2005 durante el sexenio encabezado por Mario Marín Torres.

En ese año el canje de placas se fijó en 540 pesos, mismos que deberían pagar los 660 mil propietarios de automotores en el estado. Se estimó que las arcas estatales almacenarían 266 millones 750 mil pesos.

En ese entonces la justificación legal y social fue que la medida serviría para financiar diversos proyectos, entre ellos la pavimentación de vialidades cercanas al Parque Finsa y parte de una estrategia para rastrear vehículos robados a través de un chip de seguridad que era otorgado por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) tras el cumplimiento de la obligación fiscal.

El programa de ubicación de unidades era ejecutado por la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada durante la anterior administración por Mario Ayón Rodríguez, a quien supuestamente la SFA le erogó 20 millones de pesos para la adquisición de antenas que captarían la señal enviada por el chip de seguridad.

No obstante el sistema de rastreo que debió implementar la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y/o la Secretaría de Seguridad Pública para ubicar vehículos robados nunca se concretó.

Las antenas tampoco se instalaron, incluso hasta la fecha se desconoce si fueron adquiridas, pues el entonces secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar y su correligionario Mario Ayón entraron en una serie de declaraciones contradictorias; mientras uno decía que no recibía recursos, el otro aseguraba que ya los había entregado.