La nueva Ley de Transparencia: la prueba de fuego
Para Rafael Moreno Valle y los diputados que conforman la LVIII Legislatura poblana, la nueva ley de transparencia será su prueba de fuego.
Por Lado B @ladobemx
06 de diciembre, 2011
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Roberto Alonso*

Para Rafael Moreno Valle y los diputados que conforman la LVIII Legislatura poblana, la nueva ley de transparencia será su prueba de fuego. La afirmación, digna de Perogrullo, es una obviedad que no requiere de más elementos para sostenerse, no obstante, tras las iniciativas enviadas por el gobernador al Congreso en materia de ingresos y egresos para el año 2012, y a casi un mes de su primer informe de gobierno, adquiere mayor relevancia.

Curiosamente, durante su primer mensaje como gobernador, Moreno Valle no hizo una sola referencia a la ley de transparencia a pesar de ser una de sus promesas de campaña. En consecuencia, este tema no formó parte de sus primeras acciones de gobierno y no fue incluida, como iniciativa, dentro de los paquetes de propuestas legislativas enviadas al Congreso por el Ejecutivo estatal para su análisis y aprobación en los dos primeros períodos de sesiones del año.

Como ocurrió con su rival rumbo a la gubernatura, la promesa de una nueva ley de transparencia fue incorporada a su discurso de forma palmaria, a tal grado que en su propuesta de gobierno se comprometió a “impulsar decididamente una nueva ley de transparencia una nueva ley de transparencia en el estado que se ubique entre las cinco mejores del país”, como parte de la batería de proposiciones incluidas en uno de los cinco ejes que le dan forma a este planteamiento político: eficiencia y honestidad en el gobierno. Como justificación, se alcanza a leer en el documento, se hace referencia al Centro de Estudios Espinosa Yglesias   (CEEY), resaltándose que sólo un estado, de los 32 en el país, tiene una ley de transparencia peor que la de Puebla.

Este centro convocó en 2008 a un panel de expertos  para evaluar las reformas a la ley de transparencia aprobadas ese año por la LVII Legislatura, y concluyó que dichas modificaciones no cumplieron con la obligación de ajustar esta normativa al texto constitucional del artículo sexto, atribuyéndole una nota reprobatoria de 4.2  en una escala de 0 a 10.

Con este preámbulo, el pasado 1 de septiembre fue anunciada la nueva ley de transparencia por el propio Moreno Valle. De acuerdo con él, se trataría de un hecho inédito pues el Ejecutivo y el Legislativo del estado presentarían el proyecto de manera conjunta; y ambos poderes se comprometieron a hacerlo en el tercer período de sesiones del año que termina el próximo 15 de diciembre.

Seguidora de este proceso al ser el de la transparencia uno de los temas rectores que hicieron confluir a universidades, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil en una agenda mínima para el desarrollo de la entidad, la red Actívate por Puebla  decidió en abril de este año colocar afuera del Congreso una piedra que simboliza el reto que tiene el estado en este ámbito y, al mismo tiempo, entregar un conjunto de planteamientos para la elaboración de la nueva ley de transparencia. Este documento incluyó las recomendaciones del CEEY, instancia a la que recurrió Moreno Valle para justificar su propuesta de ley, y las consideraciones realizadas por la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) para actualizar este marco jurídico.

El documento contiene más de treinta observaciones agrupadas en siete rubros, no obstante, en un esfuerzo de síntesis fueron resumidas en una docena de puntos primordiales. Como lo señaló el actual presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), Miguel Castillo, durante su vista a Puebla a mediados de octubre, el estado tiene hoy la gran oportunidad de ser un referente nacional por lo que toca a la regulación legislativa de la transparencia y el acceso a la información pública. En sintonía y en la víspera de la llegada al Congreso de la iniciativa, Actívate por Puebla  puso en relieve los mínimos que debe tener esta ley para que el estado se coloque a la vanguardia.

Los mínimos tienen que ver con la autoridad de la CAIP sobre todos los sujetos obligados regulados; el carácter definitivo, inatacable y obligatorio de sus resoluciones; nuevas facultades para el órgano garante en función de su autonomía constitucional; sanciones y responsabilidades claras a fin de  garantizar su cumplimiento; y el reconocimiento de figuras jurídicas para el ejercicio a plenitud del acceso a la información pública, tales como la prueba de daño, la prueba de interés público y la suplencia de la deficiencia de la queja.

Asimismo: que se prescinda de todo mecanismo que inhiba el ejercicio del derecho de acceso a la información; la reducción al máximo de los costos para la entrega de la información; claridad en el establecimiento de las causales de reserva; la ampliación de las obligaciones de transparencia y la incorporación de obligaciones específicas para cada sujeto obligado; la participación de la sociedad civil en el proceso de selección de comisionados; la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados; y la prohibición de los secretos bancario y fiduciario si existen recursos públicos de por medio.

Las condiciones están dadas para que el propósito de contar con una ley de transparencia de avanzada, compartido al menos en el discurso, se cumpla.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla y es miembro del consejo consultivo del observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos.

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