Foto: EEF.

Josué Mota

@motajosue

Este lunes se les dictó auto de formal prisión a los directivos y cuatro custodios del penal de San Pedro Cholula a quienes se les responsabiliza de la fuga de 11 peligrosos presos ocurrida el pasado 27 de noviembre, por lo que deberán continuar el proceso en su contra recluidos en el Centro de Reinserción Social.

Como se recordará, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) consignó al Juzgado Segundo Penal a Jorge Daniel Martínez Casco, director del penal; Arturo Parra Osorio, subdirector; Maximino Nieto, coordinador operativo; Esteban Sánchez Sánchez, jefe de grupo de custodios; Jaime Castillo Agustín, supervisor de custodios; Víctor Nazario Castillo, custodio; Miguel Ángel Hernández Rocha, custodio; Marcos Hernández Pérez, custodio, luego de que a través de recopilación de testimonios y pruebas periciales se determinó que estos presuntamente facilitaron la fuga tanto por omisión como por comisión.

La dependencia estatal informó: “Por medio de una reconstrucción de hechos se estableció que la deformación de los candados de las celdas, fue algo preparado puesto que no existe la posibilidad de que hayan sido forzados, deformados o abiertos desde el interior de la celda, lo que indica que los candados fueron abiertos con su respectiva llave. Los fugados además tenían una serie de concesiones en las que se  les permitió el ingreso de aparatos eléctricos como grabadoras que podían escuchar a altos volúmenes, recibir todo tipo de visitas en horarios no permitidos, además de que a partir de las 19:00 horas ya no se hacían rondines o supervisiones en las celdas, lo que facilitó la planeación y organización de la huida”.

“Los reos contaban también con un teléfono celular con el que hicieron contacto hacia el exterior del Cereso, y tenía además un arma de fuego con la que amagaron a otros internos para facilitar su cometido. El boquete lo realizaron con un cincel y un barrote de una de las celdas. A través de testimonios se determinó que uno de los prófugos, José Diego Franquiz Contreras había ofrecido un millón de pesos a un custodio para que le permitieran darse a la fuga. Además existían antecedentes de que el mismo delincuente mencionó en repetidas ocasiones con otros internos que se fugaría”.

Foto: EEF.

En el caso de que las personas consignadas fueran encontradas culpables, podrían alcanzar un pena de entre tres y 10 años de prisión por el delito de evasión de presos, aunque el juez podrá considerar varios elementos para fijar la pena, de acuerdo con el artículo 168 del Código de Defensa Social del Estado.

También de acuerdo con el artículo 173 del citado Código se establece que “Se impondrá de tres a diez años de prisión al que proporcione al mismo tiempo o en un solo acto, la evasión de varias personas privadas de la libertad por autoridad competente”.

Es importante recordar que en este caso el ayuntamiento de San Pedro Cholula sostiene que la dirección del penal está a cargo del gobierno del estado, particularmente de la Secretaría de Seguridad Pública a la que “le corresponde organizar, dirigir y administrar los Centros de Reinserción Social”, según el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla”.

Además, de que se ha dado a conocer que existió la solicitud de trasladar a los 11 reos que se fugaron el 27 de noviembre a un penal de mayor seguridad, pero las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública ignoraron la petición.

Sin embargo, ningún funcionario del gobierno estatal es investigado por la fuga de presos, y el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, sostiene que la responsabilidad de lo ocurrido es del ayuntamiento de San Pedro Cholula, incluso ha sugerido abiertamente que pudo haber corrupción de los funcionarios del penal para permitir el escape.