Lado B
Académicos sugieren foro para analizar intervención a comunicaciones privadas
 
Por Lado B @ladobemx
06 de diciembre, 2011
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Foto: EEF.

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

La escasa confianza y credibilidad hacia autoridades judiciales debería ser un factor a considerar por legisladores locales, antes de que aprueben la iniciativa que legaliza la intervención y grabación -en audio o video- de comunicaciones privadas en Puebla, propuesta por la administración morenovallista, recomendó el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICJ), Germán Molina Carrillo.

El pasado jueves, el Ejecutivo propuso modificaciones, adecuaciones y adiciones al Código de Defensa Social en el estado que permiten la intervención de comunicaciones privadas “que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de equipos o aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores”, siempre y cuando un juez lo autorice para esclarecer un delito grave.

Aunque el proyecto fue calificado como positivo por Molina Carrillo, el académico puntualizó que las deficiencias del aparato judicial obstaculizarían su correcta aplicación.

Y es que uno de los elementos que “preocupan” es que las autoridades no gozan de confianza entre los ciudadanos, sobre todo cuando, según cifras presentadas por el ICJ, de los 9 delitos que se denuncian sólo uno obtiene una sentencia.

Comentó que el análisis elaborado por especialistas del ICJ también pondera la importancia de la armonización de leyes federales con las estatales, toda vez que ningún otro estado ha impulsado modificaciones similares.

En el mismo sentido, Germán Molina opinó que otro factor a considerar es el económico, es decir, la inversión que requerirá el estado para adquirir tecnología adecuada.

Desde su perspectiva, la iniciativa debe adicionar candados para evitar la trasgresión de garantías individuales o el uso indebido de esta herramienta, entre ellos sugirió que los responsables de realizar esta tarea sean sometidos a pruebas de control de confianza, así como la estipulación de criterios sobre el manejo de la información obtenida a través de la intervención de comunicaciones.

Por lo anteriormente expuesto, catedráticos del Instituto de Ciencias Jurídicas, pidieron al Congreso local la organización de foros donde expertos en la materia emitan sus puntos de vista sobre la iniciativa del mandatario estatal, Rafael Moreno Valle.

Para el Congreso no hay polémica

Foto: EEF.

La posible intervención de comunicaciones privadas para esclarecer delitos graves motivó la crítica de especialistas en materia jurídica, sin embargo para los legisladores locales no hay polémica ni dudas al respecto.

El presidente del Congreso local, Guillermo Aréchiga Santamaría, reconoció que por la relevancia de la propuesta existe consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Legislativo para que “puedan desahogarse pronto”, por tanto no descartó que la iniciativa sea votada en el Pleno durante el Tercer Periodo Ordinario que concluirá la próxima semana.

Pese a la premura, el diputado de Nueva Alianza manifestó disponibilidad para convocar a expertos que profundicen en el tema, si es que durante el análisis -que se lleva a cabo en el seno de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales- surgen dudas al respecto.

En cuanto a la postura de su partido, aseveró que dados los términos en que está planteada la legalización de las intervenciones de comunicaciones privadas, los derechos humanos no se violentan.

Lo que sí reconoció fue la escasa credibilidad sobre el trabajo de la autoridad judicial, no obstante confió que esto no afecte a los jueces, quienes serán los encargados de aprobar o desechar las solicitudes emitidas por agentes del Ministerio Público para la intervención de comunicaciones.

“Esto es cierto (no gozan de alta confianza), pero se está avanzando en la depuración, se está avanzando en esos temas, pero también es necesario que busquemos garantizar la seguridad de los poblanos”.

Manzanilla defiende iniciativa

Foto: EEF.

El secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, rechazó el uso indebido de la intervención de comunicaciones privadas, ya que los agentes del Ministerio Público deberán justificar la acción ante un juez.

Precisó que los funcionarios encargados de dicha tarea serán registrados, aunando a que el contenido del material será inspeccionado y utilizado según lo que interese a la investigación.

“No soy un experto en los temas de procuración de justicia, pero hace referencia a que se trata de un tema que tiene que estar autorizado por un juez, creo que eso es algo razonable (…) yo no vería ningún problema. Sí es importante señalar que es una propuesta, la propuesta sí va orientada a que no sólo es el Ejecutivo, sino es el Ejecutivo con una orden judicial. Y creo que por razones de inseguridad que se vive en el país son medidas precautorias que se utilizan sólo para los casos que se justificaría con el juez”.

La propuesta fue planteada al Congreso local, cuyos integrantes deberán definir si es necesario convocar a foros que abonen al proyecto, anotó Manzanilla Prieto.

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