El miércoles 16 de noviembre Israel Arzate Meléndez, con la representación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Juárez de Apoyo al Migrante, presentó una denuncia penal en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR), por la tortura que sufrió a manos de militares el 3 de febrero de 2010 y en diversos momentos posteriores.

El escrito da cuenta de lo vivido por Israel Arzate como víctima de detención ilegal y arbitraria por parte de las Fuerzas Armadas el día 3 de febrero de 2010; la ilegal retención por casi tres días, en los cuales permaneció bajo custodia de los elementos castrenses en una guarnición militar de Ciudad Juárez, Chihuahua; y las torturas perpetradas con la finalidad de arrancarle una confesión falsa relacionada con la masacre de Villas de Salvárcar.

Durante su retención ilegal en la guarnición militar, Israel fue brutalmente torturado mediante golpes, toques eléctricos y otros métodos, a pesar de lo cual se negaba a hacer una confesión falsa. No fue sino hasta que sus torturadores amenazaron con violar y asesinar a su esposa, que Israel se vio obligado a declarar lo que le exigían y a firmar unas hojas que le fueron proporcionadas sin saber de qué se trataban. Asimismo, sus torturadores le mostraron una narración de hechos y lo obligaron a repetirla mientras era videograbado en las mismas instalaciones militares. Esa misma confesión videograbada fue presentada por el ministerio público ante el juez para incriminar a Israel por el crimen de Villas de Salvárcar.

Israel Arzate denunció tortura desde su primera comparecencia ante la jueza de garantías el día 11 de febrero de 2010 en la audiencia de vinculación a proceso. Sin embargo, la jueza Anabel Chumacero no quiso hacer constar las lesiones que Israel le refirió e inclusive le mostró, pues ella se limitó a contestar que “no producía prueba” y no podía certificar. Dicha funcionaria judicial tampoco dio vista al Ministerio Público para su debida investigación. De igual forma, Israel insistió en preguntarle a la jueza que quién autorizaba que lo siguieran sacando del CERESO para torturarlo, a lo que ella sólo respondió que “esas cuestiones las debía ver con su defensor de oficio”.

Ante las graves omisiones de la jueza, Israel Arzate optó por presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicho organismo, previa recopilación de pruebas, emitió la Recomendación 49/2011 el 30 de agosto de 2011, en la cual corroboró la tortura sufrida por Israel. Entre otras pruebas, el Protocolo de Estambul -pericia médica especializada para detectar tortura- que fue aplicado a Israel en el marco de la investigación de la CNDH, arrojó como resultado que presentaba amplias zonas de quemaduras eléctricas en el cuerpo así como diversas otras huellas de la tortura narrada. De acuerdo a la información recibida, es importante destacar que la SEDENA sí aceptó dicha recomendación.

Por su parte, el informe Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, presentado por la organización Human Rights Watch (HRW) la semana pasada, da cuenta de la práctica generalizada de la tortura con la finalidad principal de obtener declaraciones por la fuerza, donde además las personas suelen ser incomunicadas en bases militares o centros clandestinos. Indica el doble obstáculo en el que se enfrentan las personas inocentes torturadas y sujetas a un juicio injusto al tener que probar su inocencia y demostrar que sus derechos humanos fueron violados por funcionarios públicos. Dicho informe retoma el caso de Israel Arzate Meléndez como paradigmático de tortura.

La CNDH en su Recomendación sobre el caso de Israel destaca que: “[L]a ausencia de una investigación seria y científica y su sustitución por la tortura, puede provocar que se deje de castigar a personas que han realizado hechos delictivos, lo que puede llevar a una revictimización de los ofendidos y generación de impunidad y, como consecuencia, una vulneración a la debida procuración de justicia.»

Así, el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordando lo estipulado tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que las investigaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes militares sean investigadas y juzgadas en el fuero civil, las organizaciones firmantes hacen un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que, con motivo de la denuncia penal presentada, inicie las investigaciones correspondientes de manera inmediata; estudie de forma exhaustiva las pruebas ya recabadas por diversas instancias; se allegue de mayor evidencia con la finalidad de sancionar a los militares y otros funcionarios públicos involucrados en la detención arbitraria y tortura de Israel Arzate Meléndez; y realice la investigación conforme a los más altos estándares de protección a los derechos humanos.

Información de Cencos.