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A unas horas de que la Presidencia de la República anunciara que analiza las opciones para proceder legalmente contra quienes presentaron una queja contra el presidente Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI), la vocera de la administración calderonista aclaró que el gobierno federal no demandará a nadie y que en todo caso serían los funcionaros señalados quienes podrían hacerlo, informó Animal Político.

Antes de que esto se supiera, el abogado Netzaí Sandoval, quien entregó el viernes pasado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya la petición firmada por 23 mil personas para que el organismo determine si el gobierno mexicano, así como los cárteles de la droga, han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del combate al crimen organizado, había señalado que la determinación del Presidente de proceder contra quienes lo demandaron “va a dejar solo al gobierno mexicano.”

El especialista en derecho internacional consideraba que con ello se cuestionaba el derecho de la sociedad mexicana de acudir a instancias internacionales, “nadie va a respaldar a un gobierno que pretende sancionar y reprimir a quienes buscamos vías pacíficas y legales para dirimir controversias.”

Sandoval refirió que: “Si Felipe Calderón es inocente la Corte Penal Internacional le va a dar la razón, pero creo que la sociedad mexicana debe rechazar el intento de Calderón que busca impedir que los trámites y procesos en los organismos internacionales sigan el curso debido”.

Y es que la mañana de este lunes, la Presidencia de la República rechazó “categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas” que realizaron ante la CPI y ante la opinión pública relacionadas con su estrategia de combate al crimen organizado y advirtió que analizaría todas las posibilidades “para proceder legalmente en contra de quienes las realicen en distintos foros e instancias internacionales o nacionales”, pues las imputaciones al gobierno de México “son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia”.

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Subrayó que las acciones se realizan en el contexto de sus obligaciones legales, pero en los casos en que “desafortunadamente” las fuerzas federales han incurrido en violación a derechos humanos, se ha procedido a sancionarlas. Por ello Presidencia descalificó todas las imputaciones en contra: “Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales con delitos de lesa humanidad que son cometidos por estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas”.

Por su parte, Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penale (Inacipe), uno de los abogados que asesora legalmente al presidente Felipe Calderón y a los secretarios que fueron demandados ante la Corte Penal Internacional por delitos de guerra y contra la humanidad, aseguró este lunes que las alternativas jurídicas que tiene el gobierno calderonista para revirar contra los acusadores no implica la vía penal.

“Se podría proceder en el ámbito civil y sería a decisión de cada uno de los funcionarios demandados ante la CPI, pero sería ridículo que algún miembro del gabinete de Calderón le fuera a pedir dinero a estos muchachos acusadores”, dijo en entrevista.

Finalmente cabe recordar que este martes 29, algunos de los firmantes se entregarían simbólicamente en las instalaciones de la PGR a las 16 horas.

Con información de Animal Político y La Jornada.