• La implementación de nueva figuras, como la Central de Diligenciarios, no funcionan porque retrasan la resolución de los procesos y ocasionan más gastos

• El nuevo sistema de organización podría ser exitoso si el Poder Judicial poblano contara con los instrumentos necesarios para su correcta operación, que incluye ajustar los sueldos: mientras un diligenciario gana 12 mil pesos, un magistrado percibe 75 mil pesos al mes

Foto: Joel Merino.

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Puebla. ¿Qué tan fácil es finiquitar un divorcio, requerir pensión alimenticia, promover o evitar un embargo, iniciar un procedimiento de indemnización por despido, o un recurso menos convencional como la redacción de un testamento? Si estamos inmersos en un problema legal, ¿existe garantía de que la justicia sea rápida y expedita, o estará sujeta a cualquiera de los ilustres personajes mexicanos cuyos rostros están impreso en papel moneda?

Recurrentemente, gobiernos y legisladores promueven cambios “estructurales” –como suelen llamarles- que garantizan justicia rápida, eficiente, de bajo costo y poco susceptible a la corrupción.

Sin embargo el escenario en Puebla tiene una cara distinta.

El Sistema de Justicia en el estado no es un modelo de avanzada, y las recién aprobadas reformas al mismo no garantizan dichas transformaciones, toda vez que las primeras acciones debían enfocarse a la innovación del Poder Judicial, para después impulsar reformas a diversas leyes y códigos, comentaron expertos en la materia a Lado B.

Foto: Joel Merino.

Al parecer las modificaciones no sólo pondrán en jaque al sistema de impartición de justicia, sino que ésta será onerosa, “porque quien paga los trámites, las diligencias, la ida y vuelta a los juzgados son los clientes”, reconoció el presidente de la Asociación de Abogados y Defensores de los Derechos Humanos A.C., Miguel Ángel de Lara y Díaz.

Si bien los juzgados presentan rezagos en la resolución de casos, la implementación de nuevas figuras, como la Central de Diligenciarios, terminará por entorpecer aún más el trabajo en el Poder Judicial, estimó el abogado, quien coincidió con sus colegas que hace unos días se manifestaron frente a Ciudad Judicial para exigir la permanencia del sistema anterior.

Y es que de los diligenciarios –en gran medida- depende que el proceso judicial sea inmediato o tardío.

Si usted está inmerso en un conflicto legal, la autoridad, a través de ellos, debe notificarle las decisiones tomadas respecto de su caso, aunque estas decisiones no son solamente para concluirlo sino también para convocarlo a citaciones o emplazamientos. Las notificaciones son de suma importancia, ya que si tiene conocimiento de la resolución judicial podrá ejercer sus derechos para ser escuchado.

En el sistema que operó hasta hace unos días, cada Juzgado contaba con personal dedicado a realizar diligencias. Los abogados recurrían a ellos para calendarizar fechas de notificación.

“Después de que un proceso se lleva meses y meses y meses, los acuerdos pasaban a los diligenciarios para que ellos a su vez nos notificaran (a los abogados). Lo que hacíamos es que acudíamos al juzgado, revisábamos en el Libro (listado de notificaciones) y si estaban ahí pues nada más les decíamos que nos notificaran. Cuando ya sabemos qué diligenciarlo nos tocaba, nada más nos poníamos de acuerdo en las fechas, y ya estaba el asunto resuelto”, comentó De Lara y Díaz.

Foto: Joel Merino.

No obstante, con la creación de la Central de Diligenciarios, las notificaciones a los abogados se otorgan por turno, a excepción de las urgentes que son enlistadas en los primeros sitios.

A diferencia del primer sistema donde los avisos se hacían llegar a los abogados en 6 días en promedio, con la nueva organización algunos casos se emplazaron hasta los meses de febrero y marzo.

Otra de las modificaciones es que en la actualidad los diligenciarios dependen del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya no a los juzgados.

Por tanto el procedimiento es el siguiente: los juzgados envían la lista de notificaciones a la Central, cuyo personal las enlista y agenda. Así, los abogados deberán acudir de forma constante a oficinas para verificar el transcurso del trámite.

La burocracia desgasta a los representantes legales, quienes no dudarán en cobrar su tiempo y gastos de traslado, a usted, su cliente.

El origen

Las modificaciones en el sistema de trabajo de los juzgados estaban proyectadas desde que el gobernador, Rafael Moreno Valle, promovió reformar el Sistema Judicial en Puebla.

Aunque el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa obligó a los estados a cambiar sus métodos, las administraciones poblanas –marinista y morenovallista- jamás tomaron las medidas necesarias para aminorar los rezagos en el Poder Judicial, que facilitaran la implementación del nuevo Sistema de Administración de Justicia, sostuvo Miguel Ángel de Lara.

Una de las reformas promovidas por el Ejecutivo es la que adicionó el Artículo 80 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Al Congreso le bastaron 6 días naturales para analizar esta y otras iniciativas, que fueron aprobadas en sesión plenaria del 16 de junio de este año.

Foto: Joel Merino.

A razón de ello, el pasado 20 de octubre, los magistrados del TSJ acordaron la creación de la Central de Diligenciarios, según el dictamen la nueva figura tiene la función de evitar la corrupción, así como la pronta notificación de las resoluciones emitidas por los juzgados.

Otro de los cambios es que los diligenciarios serán dependientes del Tribunal y no de los jueces, por ende su esfera de trabajo estará ubicada en Ciudad Judicial.

Esta Central, encabezada por Rodolfo Cardona Sánchez, organizará el calendario de notificaciones en la Zona Metropolitana del estado que contempla: los Distritos Judiciales de Cholula, Huejotzingo y Puebla, así como dos municipios de Tepeaca.

El sistema poblano y sus fallas

El nuevo sistema de organización podría ser exitoso si el Poder Judicial poblano contara con los instrumentos necesarios para su correcta operación, pues uno de los principales problemas es que la acumulación de trabajo facilita la corrupción, coincidieron abogados entrevistados por Lado B.

“Los diligenciarios ponen sus normas, son normas no escritas pero verdaderas. Se ponen cuotas porque simplemente dicen: tengo una lista muy larga y tu notificación tardará unos dos meses, no tengo tiempo antes, entonces uno les hace el ofrecimiento y así ya no nos tardamos tanto de terminar un juicio”.

Según el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cada juzgado de lo Civil o Familiar debe tener por lo menos a 2 diligenciarios, en lo que corresponde a distritos judiciales foráneos debe asignarse uno según las cargas de trabajo de cada jurisdicción.

Los pendientes laborales son muchos. El pasado viernes, el diligenciarlo del Juzgado Segundo Civil tenía enlistadas 35 notificaciones, su homólogo del Juzgado Segundo de lo Familiar 43 asuntos, el adscrito al de Asuntos Financieros acumuló 132 y un día antes tenía una lista de 81 decisiones que notificar.

El rezago es evidente, aun así las notificaciones se realizan en un promedio de 6 días.

Aunque se espera que con la Central se erradicará la corrupción, ya que abogados y diligenciarios no tendrán contacto hasta el día en que se calendarice la notificación, la complicación radica en el tiempo que tardan en asignarlos.

Algunos representantes legales refirieron que el nuevo sistema es burocrático y lento, pese a que se buscaba que fuera más ágil.

Según narran abogados inconformes con el nuevo esquema, la Central está asignando al personal en marzo cuando la acción para juicios civiles caduca en 90 días y para juicios mercantiles en 120 días; así, cuando llegue su notificación el término para resolver sus juicios se habrá agotado.

La lentitud se fundamenta en que existe mayor burocrácia.

Lo ideal

Foto: Joel Merino.

Una opción con amplias posibilidades de éxito sería adecuar en Puebla el sistema de trabajo de estados como Guanajuato donde las Centrales operan de manera eficiente, sugirió De Lara y Díaz.

Desde abril de 2008, el Congreso estatal de dicho estado legisló sobre las Centrales de Actuarios –figura similar a la poblana-.

En primera instancia existen varias Oficinas Centrales de Actuarios, una en cada partido judicial (lo que en Puebla se denomina Distrito Judicial) donde existen dos o más juzgados del mismo ramo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 124 de Ley Orgánica del Poder Judicial de Guanajuato.

En contraste, la única Central en Puebla concentra expedientes de los Distritos Judiciales de la capital, Cholula, Huejotzingo y dos de Tepeaca, más que en Guanajuato, por lo cual la carga de trabajo tampoco se reduce de manera considerable.

Una diferencia adicional es que los actuarios o diligenciarios dependen administrativamente del titular de la Oficina Central, pero estarán sometidos a la autoridad del juez, esto ayuda a conservar una comunicación estrecha. Los poblanos reducen su contacto con el juez, lo que hace más burocrático y tardado el sistema de diligencias.

Además, aparte de la nómina de diligenciarios les fueron asignadas tareas administrativas de la Central, por lo que el personal para realizar notificaciones disminuyó.

La cuestión salarial es otro factor desigual. Los diligenciarios o actuarios son el último eslabón en la carrera judicial, están por debajo del juez municipal y a siete escaños de los jueces, quienes encabezan la lista.

Según el tabulador del Poder Judicial del estado de Puebla, el sueldo de un diligenciarlo es similar al de su homólogo en Guanajuato.

El poblano percibe un sueldo mensual de 10 mil 554 pesos más compensaciones, de este modo la remuneración mensual máxima es de 13 mil 757 pesos y la mínima de 12 mil 129. El guanajuatense percibe un salario mensual de 13 mil 130 pesos.

Un incremento salarial podría disminuir los actos de corrupción, aunque no existe garantía de ello, refieren.

Lo que sí podría ser un elemento que marque la diferencia es que se promuevan adecuaciones a las percepciones económicas de magistrados –que es de 75 mil 497 pesos mensuales-, pues la medida generaría ahorros.

De este modo el capital obtenido por estrategias de austeridad financiaría equipo de comunicación y transporte para diligenciarios.

Esto debido a que la efectividad del sistema de Guanajuato también radica en que los actuarios cuentan con equipo necesario para realizar su labor: radio y vehículos, que permite tener mayor control sobre las actividades de los funcionarios y los obliga a cumplir con cierto número de diligencias.

El ejemplo de la Oficina Central de Actuarios en Guanajuato evidencia que la herramienta garantiza una ágil impartición de justicia, sin embargo bajo las condiciones con las que se implementó en Puebla sólo podrían garantizar que el Sistema Judicial en el estado sea prototipo de lo que no se debe duplicar.