Roberto Alonso*

La historia se repitió. Fueron otros diputados pero dejaron el mismo saldo: rechazaron la transparencia y favorecieron la opacidad. Lo sabían y lo pasaron por alto. Se les advirtió e hicieron caso omiso. Con una mayoría de 35 votos, la LVIII Legislatura, constituida por diputados que en campaña enarbolaron la bandera de la transparencia, aprobó un candado inconstitucional para obstruirla e inhibir el acceso a la información relativa al gasto público. 35 diputados prefirieron guardar silencio y respaldar, sin cuestionamiento alguno, la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 enviada por el Ejecutivo estatal.

La administración marinista diseñó el candado y la gestión morenovallista lo aprovechó. Mañosamente, el ex gobernador Mario Marín propuso a los diputados de la LVII Legislatura un párrafo -en el artículo 33 de la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2011 que envió a los entonces legisladores- para obligar a las dependencias de la administración pública estatal a entregar la información comprobatoria de gasto público únicamente en copias certificadas. Y Rafael Moreno Valle lo aprovechó.

En campaña el discurso fue otro. Moreno Valle se comprometió a “restablecer la confianza entre el gobierno y la ciudadanía   combatiendo frontalmente la corrupción, hasta alcanzar niveles de transparencia y honestidad similares a los de los países mejor calificados en el mundo”. Pero una vez instalado en el poder salió a relucir su verdadera naturaleza como gobernante.

Concretamente, en su propuesta de gobierno titulada “Cumplo mis compromisos o me voy”, planteo “impulsar decididamente una nueva ley de transparencia en el estado que se ubique entre las cinco mejores del país” y “entregar a los ciudadanos la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) para que el gobierno no pueda entorpecer el acceso a la información pública”. A diez meses de su gobierno, lo primero no lo ha cumplido. Y lo segundo tampoco.

Anunciada como una iniciativa conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo, la nueva ley de transparencia sigue sin ser presentada en el Congreso, a pesar de que tanto el gobernador como los diputados se comprometieron a hacerlo en el tercer período de sesiones que concluye en dos semanas. Pero más aún, al margen de esta ausencia, en sus iniciativas de ley de ingresos y ley de egresos para 2012, el gobernador adelantó su manera de entender el derecho de acceso a la información: con un candado en la primera para desincentivar este derecho fundamental, y con un recorte al presupuesto de la CAIP en la segunda a sabiendas de la nueva carga de trabajo que el órgano garante tendría el próximo año de aprobarse la nueva ley de transparencia.

Él no cumplió pero los diputados tampoco. Aunque en la plataforma electoral de la coalición Compromiso por Puebla se incluyó y desarrolló con detalle el tema de la transparencia, el pasado jueves 24 de noviembre la mayoría de los diputados de esta coalición olvidaron este compromiso y esquivando la discusión respaldaron la iniciativa de ley de ingresos que les hizo llegar el gobernador.

Sólo el diputado José Juan Espinosa, de Movimiento Ciudadano, objetó el candado contenido en el artículo 73 de la iniciativa referida pero lo hizo mal. Redujo la cuestión al tema del costo de las copias certificadas proponiendo su reducción de 80 a 17 pesos, pero soslayó el quid del candado: la obligatoriedad que impone la ley a las dependencias para únicamente entregar en copia certificada la información de gasto público solicitada en términos de la ley de transparencia local, en perjuicio del derecho que tiene el solicitante para elegir la modalidad de entrega según la misma ley y de acuerdo también con el principio constitucional de gratuidad para el acceso a la información pública.

En respuesta al planteamiento del diputado Espinosa, el diputado Héctor Alonso, del Partido Nueva Alianza, desvió la discusión y defendió que los costos requeridos vía pago de derechos, en este caso por las copias certificadas, son forzosos en términos de recaudación, burlándose incluso de la defensa de “supuestas causas” ciudadanas a costa de una cobranza menor. Y se exhibió. Dejó en evidencia su ignorancia respecto a una de las reformas democráticas más trascendentes en los últimos años: la reforma constitucional al artículo sexto.

La historia repetida con final feliz para la opacidad resulta lamentable en tres sentidos: a) porque si no tiene una modificación sobre la marcha, la ley de ingresos que regulará el ejercicio fiscal 2012 vedará el acceso a la información relacionada con el gasto público que se quiera examinar; b) porque da cuenta de la subordinación de la mayoría de los diputados de la LVIII Legislatura a la voluntad del gobernador, y de la falta de contrapesos en el Congreso para la convivencia democrática de poderes equilibrados; y c) por lo que podría suceder con la anunciada ley de transparencia luego de este episodio legislativo en el que el llamado de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil fue desestimado por ¿sus representantes?.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla y es miembro del consejo consultivo del observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos.

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