• Ni criminales ni locas, exigen organizaciones

• Consideran que la iniciativa de reforma oculta una doble moral, aunque reconocen que hubo avance al eliminar atenuantes misóginas

• El PRI ve con buenos ojos la propuesta aunque «limitada»; olvida Lastiri que su partido impulsó la «Ley Bailleres»

Tomada de: antenalibrefm.blogspot.com

Ernesto Aroche Aguilar | Joseline Santos Enríquez

@earoche | @joss_santos

Puebla. La iniciativa que presentó el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, para modificar la pena por el delito de aborto: de encarcelamiento a “un tratamiento médico integral” en una institución de salud por un periodo no menor a 30 días, fue cuestionada por grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad, bajo la consigna de “ni criminales ni locas”.

En cuanto se conoció la propuesta, organizaciones como Ddeser y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos enviaron un comunicado criticando que aun con las modificaciones “el aborto continúa considerándose un delito y sigue siendo una decisión que queda en manos de jueces, médicos y legisladores, ignorando los derechos humanos de las mujeres”.

“Esta ‘gradual despenalización’ donde se cambia la sanción privativa de libertad por tratamiento psiquiátrico, oculta una profunda doble moral que por una parte sigue ‘cediendo permisos’ a las mujeres pero no reconociendo derechos”.

Al respecto, ex legisladoras del Partido Convergencia –hoy llamado Movimiento Ciudadano– como Susana Wuotto y Martha Tagle, también cuestionaron la propuesta desde sus cuentas de Twitter:

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Y es que el documento que puede descargarse desde la página de Internet del Congreso local modifica el Código de Defensa Social para eliminar la prisión de seis y hasta cinco años de prisión (para la pena mínima tienen que concurrir tres circunstancias: “Que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar el embarazo; y que éste no sea fruto de matrimonio”) a cambio del tratamiento psicológico a las mujeres que aborten o permitan que un tercero se los practique.

Entrevistada, Natalí Hernández, integrante de Ddeser Puebla sostuvo que la propuesta “nada tiene de progresista, se continúa considerando al aborto un delito por el que las mujeres continuarán teniendo un expediente penal, lejos de transitar por la ruta señalada por los tratados internacionales que recomiendan la ampliación de las causales para permitir el aborto y el ofrecimiento real de las instituciones públicas de los servicios para estas causales, incluso el relator de la ONU que recientemente visitó México exhortó a nuestro a país a no criminalizar a las mujeres y proveer servicios de aborto legal y seguro”.

Imagen: http://4.bp.blogspot.com

Y recordó que de las cuatro causales para interrumpir el embarazo que actualmente se reconocen en las leyes poblanas sólo se ha reglamentado el procedimiento en el caso de violación, las otras tres (malformación genética, imprudencia de la mujer embarazada y cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte) se mantienen en un limbo jurídico.

Por su parte, Marco Antonio Moreno, integrante de Radar 4, la red nacional de abogados y abogadas en la defensa de la reproducción elegida, calificó de positiva la eliminación de las atenuantes, “que eran atenuantes muy misóginas. Esta cosa de tener buena fama y ocultar el embarazo, eso fue un gran avance. Eliminar la pena de cárcel también es de reconocerse”.

Aunque, al igual que las integrantes de Ddeser, considera que “cambiar la pena de cárcel por tratamientos siquiátricos y médicos es seguir manteniendo sus cuerpos sometidos a una sanción penal”.

Y señaló que el derecho penal si bien “es la herramienta que tiene el estado para guardar el orden social”, su uso “no restituye el tejido social, siempre ha sido un derecho de venganza, por eso consideramos que la ruta que se siguió en el Distrito Federal es hasta el momento la mejor ruta, al ampliar las causales (de excepción) se amplían las garantías”.

Incongruencia priísta

La iniciativa del Ejecutivo estatal fue bien vista por el PRI –principal promotor de la «Ley Bailleres»– aunque la consideró “limitada”. Su dirigente estatal, Juan Carlos Lastiri Quirós, criticó que sólo elimina la pena corporal, pero no aborda el tema como un problema de salud pública, ni contempla programas integrales que sirvan de apoyo a las mujeres.

Foto: @alconsumidor

Aunque opinó que la propuesta es positiva ponderó la importancia de que tampoco aumenten las penas económicas y que incluso el tema tenga un tratamiento similar al de otras entidades como el Distrito Federal donde la interrupción del embarazo se realiza en clínicas certificadas y con personal calificado, ya que el aborto no es un delito si se practica antes de las 12 semanas de gestación.

“Creo que la iniciativa tiene aspectos limitados porque el tema del aborto hay que verlo como un asunto de salud pública (…) si están bajando penas corporales, sanciones pecuniarias, por qué no presentar una iniciativa que lo aborde como otras entidades federativas como el caso del Distrito Federal, creo que es un debate muy importante que se tiene que realizar”.

El dirigente tricolor, en cuya memoria parece no quedar ni un recuerdo de que fue su partido el que en la Legislatura pasada evitó a toda costa despenalizar por completo el aborto, señaló que la responsabilidad no debe recaer sólo en las mujeres sino también en sus parejas, a razón de esto sugirió estudiar el proyecto para implicar al hombre en el problema, sin embargo no emitió una propuesta.

De este modo, para Lastiri Quirós los diputados deberán entrar a un debate serio y responsable y no basar sus decisiones en una “ocurrencia legislativa”, ya que es un tema sensible para la sociedad.