Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Foto: Joel Merino

A esta historia sólo hay que cambiarle nombres y siglas. Como si no hubiera ya en el poder un gobernador emanado de un partido político distinto al PRI y la mayoría legislativa aún fuera tricolor, el Congreso del estado avaló una Ley de Ingresos que incluye un candado a la transparencia.

Previo a la aprobación con 38 votos a favor -el mismo número de diputados presentes en la sesión-, José Juan Espinosa reservó tres artículos: el 6, el 11 y el 73, este último referente al candado a la transparencia. Pero de nada sirvió pues los tres fueron rechazados; el 73 con 35 votos en contra, 1 a favor y dos abstenciones: Josefina Buxadé y Zeferino Martínez (PT).

Lo anterior, a pesar de la petición de organizaciones no gubernamentales, como el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la información (Amedi) y de la propia Comisión de Acceso a la Información (CAIP), de eliminar del marco normativo un par de artículos heredados del sexenio marinista “que inhiben el derecho”.

La iniciativa que el mandatario Rafael Moreno Valle envió al Legislativo mantiene una limitante a la posibilidad de acceder a información y documentación sobre el gasto público, pero además obliga al solicitante a identificarse presentando CURP o RFC, situaciones ambas que a decir de la CAIP violentan la ley de transparencia estatal y el artículo 6° constitucional.

Pero nada de esto fue considerado por los 35 legisladores –de los 41 que integran el Congreso— que con su voto avalaron la Ley de Ingresos 2012, ni siquiera los panistas que durante años en su calidad de oposición cuestionaron y criticaron la opacidad con que se condujo el gobierno del priísta Mario Marín.

Tampoco oyeron las peticiones de que se eliminaran los candados –artículo 73 y 76– que desde las redes sociales lanzaron sus usuarios.

Foto: EEF.

En el Congreso el debate se centró en la necesidad de aportar recursos vía el pago de derechos al gobierno estatal, y se rechazó la propuesta del diputado del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), José Juan Espinosa Torres, de reducir el costo de 80 a 17 pesos copia.

Lo que llevó a los diputados Espinosa Torres y el panalista Héctor Alonso Granados a enfrascarse en un intercambio de señalamientos y puyas, que terminó cuando desde su curul el ex priísta acusó a grito pelado al legislador naranja de “ladrón”, sin ofrecer prueba de ello, y sin que los intentos desde la mesa directiva para contener al hombre del partido magisterial sirvieran de algo.

Mientras desde las tribunas varias de decenas de alumnos de primaria, que estaban de visita conociendo las instalaciones del palacio legislativo, seguían atentos el espectáculo montado por Alonso Granados.

Llegado el momento de la votación no hubo sorpresas: panistas, priístas, perredistas, panalistas y verdeecologistas evitaron moverle una sola coma al mencionado artículo.

La única modificación a la iniciativa de Ley de Ingresos fue la propuesta del diputado Héctor Alonso Granados de modificar el artículo 14 para disminuir el costo de las actas de nacimiento.

En la sesión de ayer también tomaron protesta a los nuevos magistrados del TSJ y se decidió lanzar nuevamente la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CHD).