• En la Ley de Ingresos mantiene candados propuestos en el sexenio de Mario Marín y aprobados por la anterior Legislatura, de mayoría priísta: entregar sólo en copia certificada la información sobre gasto público con un costo unitario de 80 pesos, y que el solicitante se acredite con RFC o CURP

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Foto: Joel Merino.

En la segunda mitad de su sexenio, Mario Marín Torres enviaba al Congreso del estado –un Poder Legislativo de mayoría priísta que habría de aprobarle todas sus cuentas, públicas a pesar de los constantes señalamientos de irregularidades en el manejo de los recursos públicos— una Ley de Ingresos que incluía un candado económico a la transparencia.

Fiel a la costumbre, los diputados aprobaron a finales del 2008 el documento sin modificarle una sola coma, con el voto en contra de la bancada panista (bajo la acusación de que no se contabilizaron 721 millones de pesos del ramo 28) y una abstención.

Al aprobar el documento, los legisladores avalaron también una adición al artículo 37 que impone que la información referente al manejo y comprobación de gasto de los recursos públicos sólo podrá ser entregada “en copia certificada” cuyo costo valuaron en 60 pesos cada una.

En 2010, unos días antes de que concluyera el sexenio marinista, los legisladores aprobaban un segundo candado –esta vez sí con el aval de la bancada panista–, además del pago, que para ese momento era ya de 75 pesos por copia, el solicitante debe acreditarse presentando copia de su RFC o de su CURP, situación que se contrapone al artículo sexto constitucional y la ley de transparencia del estado.

Un mes más tarde, el lunes 24 de enero, la presidenta de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Blanca Lilia Ibarra Cadena, alertaba sobre la situación y pedía a los diputados que recién habían tomado posesión del cargo corrigieran la situación.

“El balón –aseguraba entonces la presidenta— está del lado de los legisladores, si existe voluntad se puede reformar la ley de ingresos del estado”.

Pero la petición fue ignorada por los legisladores que no movieron un dedo para modificarla y se mantendrá en el 2012, pues la Ley de Ingresos que envió el gobierno morenovallista al Congreso incluye los dos candados (artículos 73 y 76) y eleva a 80 pesos el costo de dichas copias:

“La información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a la operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal que, en términos de las disposiciones aplicables no exista impedimento para proporcionarla, sólo se entregará en forma impresa y certificada”.

Transparencia: compromiso de campaña de Rafael Moreno Valle.

Esto a pesar de que durante la campaña que llevó a Moreno Valle a ocupar Casa Puebla –la residencia oficial del gobernador— la opacidad con que se manejó el gobierno de Mario Marín fue uno de los arietes más utilizados.

Pero además estableció como uno de sus compromisos de campaña “reestablecer la confianza entre gobierno y ciudadanía combatiendo frontalmente la corrupción, hasta alcanzar niveles de transparencia y honestidad similares a los países mejor calificados del mundo”.

Miles de pesos

El 4 de julio pasado el observatorio de transparencia –impulsado por la Universidad Iberoamericana y el portal de noticias e-consulta– Con los ojos abiertos, daba a conocer que la administración morenovallista había impuesto un pago de 1 mil 875 pesos para que se diera a conocer públicamente “el contrato con el despacho de auditores externos Mazars que trabajó en el último año del sexenio de Mario Marín Torres y el celebrado con PriceWaterHouse al inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle”.

De acuerdo con la respuesta otorgada a Arturo Cruz Herrera el gobierno del estado consideró que se trataba de “documentación comprobatoria del ejercicio del gasto” y por lo tanto debería ser pagada a 75 pesos por folio.

Por su parte, el periódico Reforma estimó, en una nota publicada a finales de octubre pasado, “que consultar una cuenta pública anual (de gobierno marinista) de alrededor de 500 hojas costará 37 mil 500 pesos”. Si la petición se hace después del 1 de enero próximo el costo se elevará a 40 mil pesos en tanto no se modifique la Ley de Ingresos con el nuevo costo.

Llama la atención que la respuesta otorgada en el caso de los contratos fue la misma que se utilizó durante el sexenio marinista para tratar de impedir el acceso a la información pública.

Y los ejemplos sobran, a principios de año la CAIP tenía pendiente al menos cuatro casos en los que la respuesta del gobierno marinista fue justamente esa: elevar el costo del acceso a la información. E incluso la Secretaría de Administración y Finanzas (SFA) intentó aplicar la misma táctica dilatoria y valuó en 76 mil pesos el costo de los documentos de la contratación de la empresa de valores Lock.

Inconstitucional: Vélez

Para Lilia Vélez Iglesias, ex integrante de la CAIP, se trata de “una medida que podría ser inconstitucional porque atenta directamente contra el derecho de la información de los ciudadanos”.

Entrevistada por Lado B, la académica sostuvo además que el problema les fue señalado a los funcionarios de la actual administración en una reunión que sostuvo el nodo de Transparencia de la organización Actívate por Puebla de la que también forma parte.

“Fue uno de los planteamientos que ya se hicieron desde varias organizaciones, Amedi, Actívate por Puebla, México Infórmate. Es importantísimo modificar ese apartado de la Ley de Ingresos, eso enviaría una señal de la voluntad política de transparentar las acciones de gobierno, pues conocer el manejo de los recursos públicos es básico en materia de rendición de cuentas. De otra manera la señal que se está enviado es que se trata de un gobierno que no es transparente”.

Por su parte Roberto Alonso, secretario de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla, sostiene que se trata de una disposición que se contrapone a la Constitución de la República y a la Ley de Transparencia del estado, pues por un lado atenta contra el principio de gratuidad del derecho de acceso a la información (artículo 6 fracción III, Constitución) pero además impide a los solicitantes elegir la modalidad en que quieren recibir la información (artículo 34 ley local) “al obligar a las dependencias de la administración pública estatal a entregar esta información únicamente en forma impresa y certificada”.

“Esto sin duda que vulnera y transgrede el principio de gratuidad en materia de acceso a la información pública”.

Al respecto, y citado por el diario Reforma, el diputado Héctor Alonso Granados, integrante de la Comisión de Transparencia del Congreso de Puebla, dijo que se trata de una medida que se impulsó para proteger a la administración anterior.

“No me queda duda de que se trató de un subterfugio para que los poblanos no tengan acceso a la información, para desalentar que la gente pida información”, añadió.

Por ello propuso que se abarate el costo de copias certificadas para que sea accesible a los ciudadanos, “sí se requiere cobrar el servicio, porque no se puede cargar ese gasto a todos los contribuyentes, pero la tarifa debe ser baja”.

Sólo en Puebla

Una revisión a lo que sucede en los estados circunvecinos revela que en Puebla la opacidad es una política de gobierno pues ni en Oaxaca, Veracruz, Morelos, Tlaxcala o el Distrito Federal existen políticas similares que limiten el acceso a la información referente a la comprobación del gasto de los recursos públicos.

Pero además es el sitio en donde más caras se pagan las copias, lo mismo certificadas que simples.

Al respecto, Vélez Iglesias explicó que durante su paso por la comisión recibieron una petición sobre la comprobación de gastos de viajes lo que las obligó a realizar un estudio sobre la manera en que se maneja el tema en otros estados.

“Encontramos que si bien consideran las copias certificadas y los costos varían en casi todos es una opción más que el usuario puede elegir. Al final decidimos entregar la información en copia simple al solicitante aunque hubo algunas resistencias del área administrativa”.

En manos de los ciudadanos

Desde la óptica de Vélez Iglesias si el Congreso avala la Ley de Ingresos tal como fue presentada queda en manos de los ciudadanos hacer uso de las herramientas legales para defender su derecho a la información, pues sólo los diputados, la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia tienen la facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad.

“Habría que hacer una solicitud sobre el tema y esperar la respuesta para interponer un amparo y esperar que sean las autoridades federales las que resuelvan sobre el tema, pues la CAIP no tiene esa facultad”, concluyó.