• Víctor Manuel Hernández Quintana convocó a una rueda de prensa donde adelantó que denunciará al ex alcalde de Tlatlauquitepec

• A la par del conflicto , la Procuraduría reveló que encontró una bodega y dos camiones con documentación que podría pertenecer al OFS

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Foto: EEF

Al advertir que no dejará el cargo para enfrentar la denuncia que pesa en su contra, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, adelantó que denunciará al recién destituido edil de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar.

Si bien la autoridad aseguró que era prófugo de la justicia, este viernes el auditor apareció ante representantes de medios de comunicación a quienes aseguró contar con un amparo otorgado por el juzgado federal número 8 para evitar ser aprehendido.

Y es que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) anunció este jueves que ejecutaría una orden de aprehensión en su contra por “delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público”, esto a raíz de una denuncia interpuesta por Loeza Aguilar.

Teniendo como marco las oficinas del OFS, el funcionario adelantó que enfrentará el caso sin dejar su cargo pues la denuncia en su contra no interfiere en su trabajo, pero indicó que pedirá a la Comisión Inspectora que el auditor especial sea quien se responsabilice de la fiscalización del resto de las cuentas del “sujeto” que le faltan por comprobar, ya que tras la denuncia podría decirse que hay conflicto de intereses.

En cuanto a su defensa, aseveró que su antecesor, José Doger Corte, y los diputados que integraban la Comisión Inspectora de la pasada Legislatura fueron quienes sancionaron al edil, por tanto no hubo conflicto de intereses.

Lo único que recibió –dijo- fueron instrucciones de la Comisión Inspectora del actual Congreso para dar continuidad al caso, después que la justicia federal avaló la inhabilitación de Porfirio Loeza.

“No hay un acto de venganza porque entonces diría que quien se vengó fue el propio Congreso que determinó el inicio de determinación”.

En el mismo sentido aseguró que el caso no es una afrenta del gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas en su contra por una supuesta protección a la administración del ex gobernador, Mario Marín Torres, de quien dijo no es su amigo.

“Yo no tengo ninguna relación con el ex gobernador Marín, o sea yo fui propuesto por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por el Colegio de Contadores y por cinco universidades más en la convocatoria abierta que hubo para designar al auditor (…) yo no tengo relación con el sector público, llámese Marín o llámese como ustedes quieran: secretario, subsecretario, coordinador, yo no tengo ninguna relación”.

Con la denuncia, el auditor consideró que se debilita a las instituciones, por ello anunció que emprenderá una acción legal contra el ex munícipe pues “el que acusa está obligado a probar”.

En el mismo sentido refirió que en su momento sus abogados analizarán el actuar del juez que liberó la orden de aprehensión pues no hay pruebas en su contra, con esto haría valer sus derechos constitucionales, arguyó.

El antecedente

El origen del conflicto entre ambos funcionarios surgió desde 2006 cuando Hernández Quintana fue contratado como auditor externo por el alcalde durante su primer periodo 2005 -2008 en la administración municipal.

En enero de 2007 Víctor Manuel Hernández inició una denuncia contra su ex jefe por falta de pago de honorarios. En ese mismo año fue nombrado titular del OFS, que cabe señalar se encarga de revisar, supervisar, evaluar, de ejercer control y seguimiento al ejercicio de los recursos públicos.

En tanto, el edil era inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta por 11 años debido a que no pudo comprobar el uso de 13 millones de pesos correspondientes a su cuenta pública 2006, sin embargo el aludido recurrió a la autoridad federal para ampararse y echar abajo la sanción del OFS.

Mientras el caso se resolvía, Loeza Aguilar, pudo participar en los comicios de 2010 ganando la elección, pero este año la autoridad federal avaló la inhabilitación por lo que el Congreso local lo destituyó del cargo el pasado 28 de septiembre.

Aunque parecía que el caso había concluido, esta semana el juez octavo consideró que el auditor general “toma conocimiento de las cuentas del municipio sin excusarse del caso y realizando la auditoría a pesar de que por ley estaba impedido ante el conflicto de intereses que esto implicaba”, por lo que determinó que era causa suficiente para ordenar una orden de aprehensión, según explicó este jueves la PGJ a través de un comunicado, dónde incluso refería que el funcionario era prófugo de la justicia.

Las reacciones

“La denuncia la presentó el presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza, y la orden de aprehensión la giró un juez (…) el poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría, lo único que puede hacer es cumplir con el mandato judicial (…) El asunto tendrá que dirimirse en las instancias judiciales”.

Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado.

“Al no tener notificación formal, legal de la situación, o del estatus jurídico, en este momento nosotros no podemos iniciar absolutamente nada”.

Guillermo Aréchiga Santamaría, presidente del Congreso local.

“Lo que nos preocupa es que con este embrollo legal en el cual se encuentra el titular, todavía el desempeño del OFS se pudiera mermar de manera adicional, por eso el llamado en que se separe del encargo”.

Mario Riestra Piña, coordinador de la bancada del PAN

“En cuanto la autoridad judicial determine su hay culpabilidad o no hay culpabilidad, en caso de que sí, nos lo notificará y en ese momento se procederá, sin embargo mientras eso no suceda no hay intervención de este órgano legislativo en el asunto en litigio”.

José Luis Márquez Martínez, coordinador de la bancada del PRI.

PGJ ubica camiones y bodega con documentos del OFS

A la par del conflicto que enfrenta el auditor general, la Procuraduría reveló que encontró una bodega y dos camiones con documentación que podría pertenecer al OFS, después de recibir una denuncia anónima.

Según un comunicado “agentes ministeriales realizaron una investigación que permitió rastrear la zona de San Lorenzo Almecatla para finalmente ubicar dos camiones tipo rabón con capacidad de veinte toneladas”.

“Al continuar con la búsqueda de más indicios, en la calle Volcanes de Geo Villas San Jacinto, se localizó una bodega en cuyo interior habían más cajas con documentación oficial del OFS”.

La dependencia anunció que en breve otorgarán información sobre el uso que pretendía darse a la papelería, ya que el responsable de la bodega, así como personal que trasladaba el material se encontraban en calidad de presentados rindiendo su declaración.