Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá hacer públicos los documentos que acreditan los estudios del director de ese organismo, Carlos Alberto Julián y Ruiz.

Así lo decidió la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) tras revocar la negativa inicial del DIF estatal a dar a conocer dicha documentación  a una solicitud de información.

Entrevistada al finalizar la sesión pública la comisionada presidente, Blanca Lilia Ibarra Cadena, reconoció necesario que el Congreso local analice una ampliación al presupuesto anual del organismo, esto si se aprueba la reforma a la ley de transparencia que se discutirá en el periodo legislativo que arranca este viernes.

Esto, pues se espera que con la modificación al marco normativo se amplié las facultades de la comisión para fiscalizar la entrega de información de todos los municipios, poder legislativo, poder judicial, organismo autónomos –Comisión de Derechos Humanos, Instituto Estatal Electoral, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otros—, e incluso partidos políticos.

La actual ley limita a la Comisión a revisar la transparencia más de 80 sujetos obligados que integran al aparato burocrático estatal, y con las nuevas facultades, si se aprueban la iniciativa que presentarán en conjunto el gobierno del estado y la bancada del Partido Acción Nacional, pasarían a más de 300.

A pesar de ello, Ibarra Cadena sostuvo que no es necesario que se amplié el numero de comisionado, pero sí el personal operativo, aunque pidió “no adelantar vísperas porque aún no conocemos el alcance que tendrá el nuevo proyecto, tendrán que hacer análisis específicos en materia administrativa y financiera”.

El DIF debe transparentar información

Foto: EEF.

De acuerdo con la página oficial del DIF estatal, Carlos Julián y Ruiz, director del organismo es licenciado en derecho por la UDLA y cursó la Maestría en Políticas Públicas en la Nottingham University.

Con esos antecedentes Pedro Román Sánchez Jiménez, solicitó a la dependencia estatal se le informara “si dicha maestría está reconocida por la SEP estatal, si tiene Cédula Profesional de la maestría, y/o si los documentos que lo acreditan como Maestro están apostillado y/o legalizados para tener validez en México”.

El solicitante también pidió copia de esa documentación y de los oficios que prueban su licenciatura.

La petición incluye además se informe sobre las políticas públicas que se han implementado desde la llegada del funcionario, sus indicadores, cuáles son los programas vigentes creados en administraciones previas, y un rosario de 20 preguntas más. Tras la petición el organismo decidió clasificar la información como reservada.

Tras la revisión y análisis del caso el pleno de la CAIP decidió revocar la respuesta y desclasificar la información. Así, el organismo tiene un plazo de 15 días hábiles para entregar la documentación.