Roberto Alonso*

Aunque, por mucho, el principal reto que enfrenta en el país el derecho a la libertad de expresión es el de la violencia y la impunidad que hacen de México el sitio más riesgoso de América Latina para desempeñar el periodismo, existen otros desafíos que limitan el ejercicio a cabalidad de este derecho fundamental, y que atinadamente han sido identificados por las relatorías para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), autoras de los informes publicados esta semana por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En efecto, los 70 homicidios contra comunicadores cometidos entre los años 2000 y 2010, y los 13 asesinatos que se han registrado entre los meses de enero y octubre de 2011, ilustran la gravedad del problema y la urgente necesidad de “adoptar una política integral de prevención, protección y procuración de justicia”, como afirman las relatorías en su comunicado de prensa.

Desafortunadamente ahí no termina el desventurado contexto que lesiona a la libertad de expresión en el país y que se manifiesta en diversas facetas: cuerpos normativos que penalizan la difamación, obstáculos para el derecho de acceso a la información, desventajas legales para las estaciones comunitarias y los medios públicos, fenómenos de alta concentración en los medios electrónicos, tentaciones de control sobre internet, y usos de la publicidad oficial para castigar o premiar a los medios de comunicación en función de su línea informativa y editorial.

Es cierto que ha habido avances significativos para superar estas trabas, por ejemplo, la despenalización de la difamación y la calumnia a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas, Puebla incluida. No obstante, también se han presentado nuevos frenos e incluso retrocesos, a saber, intentos de controlar las redes sociales y reformas que coartan el acceso a la información pública. A la par siguen pendientes otros asuntos como es el caso de la democratización de los medios de comunicación y la regulación de la publicidad oficial, misma que puede utilizarse como mecanismo indirecto para la censura.

De acuerdo con los principios básicos para la regulación de la publicidad oficial de la Asociación por los Derechos Civiles, ésta “debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público”, y “se refiere a toda la publicidad colocada en los medios y en la vía pública por todas las ramas del gobierno en todos los niveles, y sus organismos dependientes”.

La publicidad oficial, se puede leer en el sitio sobre el tema que han elaborado Artículo 19, Fundar y Open Society Justice Initiative, no es publicidad comercial, propaganda gubernamental, herramienta de censura o despilfarro del dinero público; y sí es, en cambio, información gubernamental, información de interés público, herramienta que favorece la democracia, la libertad de expresión y el derecho a saber, y requiere de un uso justificado, transparente y controlado de los recursos públicos.

La relación entre gobierno y medios por concepto de la publicidad oficial, así, no es sólo natural sino necesaria. El primero necesita a los segundos para, evitando los abusos previstos en el caso mexicano en el artículo 134 constitucional, informar a la sociedad sobre las actividades oficiales, los hechos públicos relevantes, las políticas públicas en marcha y los servicios públicos ofrecidos. La relación es, de hecho, imprescindible para transparentar los asuntos de gobierno y rendir cuentas, de tal manera que el uso de los recursos públicos para asignar pautas publicitarias debe ser también transparente y accesible para los ciudadanos; más aún si este gasto, como ocurre en los diferentes niveles de gobierno, es considerable y va en aumento.

La realidad es que tanto a nivel federal como en los estados y municipios este gasto no es público y en ocasiones está sujeto a acuerdos de reserva, lo que levanta sospechas sobre un uso discriminatorio y arbitrario de los recursos públicos para privilegiar o presionar a los medios de comunicación según si la cobertura es afín o no a línea informativa oficial. Casos de retiro injustificado de publicidad oficial existen y están documentados: Diario AM, Contralínea, Diario Yucatán, Radio Bemba y Proceso.

Este manejo de la publicidad oficial ha sido reconocido en la declaración conjunta de organismos especializados en derechos humanos y libertad de expresión “Diez desafíos claves para la libertad de expresión en la próxima década”, en la que se hace referencia al “abuso en la distribución de la publicidad del Estado o en el ejercicio de otras facultades estatales para influir en la línea editorial” como un mecanismo ilegítimo de control gubernamental sobre los medios.

En este sentido es que la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recomiendan al Estado mexicano “establecer criterios objetivos, claros y transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.”

Desde 2002 existen iniciativas en el Congreso de la Unión para regular la publicidad oficial, siendo la más reciente la presentada por el diputado Javier Corral en abril de este año. Como ha quedado dicho, otros son los asuntos prioritarios de atención en materia de libertad de expresión, sin embargo, no se puede perder de vista que la falta de reglas claras en materia de publicidad oficial da lugar a una excesiva discrecionalidad en detrimento no sólo de la libertad de expresión, sino de la labor de vigilancia a la que están llamados los medios en una sociedad democrática.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla y es miembro del consejo consultivo del observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos.

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