Roberto Alonso*

A casi seis años de la aprobación de la Ley Televisa en la Cámara de Diputados, desarticulada en 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reciente actuación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) amenaza con resucitar uno de sus móviles principales, latente desde la ejemplar actuación del máximo tribunal del país.

La Ley Televisa fue un conjunto de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión  y de Telecomunicaciones  que tuvieron como propósito: consolidar el dominio de los actuales concesionarios de la radio y la televisión sobre el espectro radioeléctrico, proteger sus intereses con un órgano regulador a modo y débil, y expandir su ámbito de acción al mercado de las telecomunicaciones sin estar obligados a realizar un pago de derechos.

En la sentencia  con la que se resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la Ley Televisa, el pleno de la Corte fue muy claro al señalar que “las concesiones que otorga el Estado mexicano sobre el espectro radioeléctrico, no suponen la autorización para su uso indiscriminado o indistinto, sino que, en todos los casos, dicha concesión está vinculada con un uso determinado y específico que se hace constar en el título que al respecto se expide y cuyo incumplimiento acarrea sanciones para el concesionario, llegando a provocar la revocación de la concesión otorgada.”

Con base en este criterio, se sigue que las concesiones otorgadas para el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico tienen un fin concreto y delimitado, de tal manera que si existe un interés legítimo de ofrecer servicios adicionales a los indicados en el título correspondiente, éste debería ser analizado por las autoridades responsables de promover la administración eficiente del espectro radioeléctrico y la competencia en el sector con la posibilidad de exigirse, como es debido, el pago de una contraprestación económica.

Pese a este razonamiento, de manera opaca y discrecional, como lo describió la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), la Cofetel “tomó nota” el pasado 20 de julio del interés de tres concesionarios para el lanzamiento de seis transmisiones de multiprogramación en sus respectivos canales digitales. La multiprogramación, refiere el comunicado de la AMEDI, “es la posibilidad técnica de que a través de los 6 Mhz que explotan los concesionarios, puedan incorporar otras señales de televisión abierta para ofrecer hasta seis señales con programación distinta”.

En mayo de 2009, con una composición distinta de su pleno y al considerarlo inválido, la Cofetel determinó sancionar a TV Azteca por el servicio de multiprogramación Hi-TV  que comenzó a ofrecer para que la población televidente accediera a diversos canales a través de los canales espejo que le fueron asignados para la transición a la televisión digital. Dos años después y en la víspera de un proceso electoral que se antoja delicado modificó su postura dándole el visto bueno a la solicitud de dos canales de televisión abierta de Monterrey y Tijuana para transmitir, vía sus canales digitales, programas adicionales a los de su canal análogo.

Adicionalmente y en sintonía con este repentino fomento a la multiprogramación, el pasado 22 de septiembre la Cofetel envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) un proyecto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de la televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004.

Según este proyecto, la televisión digital terrestre resulta una buena oportunidad para “la transmisión de multiprogramas y la información complementaria al servicio de radiodifusión, la prestación de servicios móviles de radiodifusión, así como todos los servicios de telecomunicaciones que tecnológicamente son viables, tales como el de televisión y audio restringidos, difusión de datos, video sobre demanda, entre otros”, con lo que a los actuales concesionarios de radiodifusión se les abre la puerta al jugoso mercado de las telecomunicaciones.

De acuerdo con la manifestación de impacto regulatorio elaborada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la propuesta de regulación enviada a la Cofemer busca, entre otras cosas, fortalecer la política de transición a la televisión digital, aumentar la calidad y la cantidad de los servicios, ofrecer una mayor cobertura y convergencia en los servicios y crear nuevos contenidos digitales. Pero se pierde de vista que la prestación de servicios adicionales a los de radiodifusión robustece el poder fáctico y las prácticas monopólicas de los concesionarios de la radio y la televisión en un sector convergente.

Como lo ha destacado e incluso solicitado el diputado Javier Corral en una carta al presidente de la República, el Ejecutivo federal puede detener este “despropósito”. El Congreso de la Unión, sin embargo, debe asumir también su responsabilidad al no lograr aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales presentada en ambas cámaras en el primer semestre del año pasado.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla y es miembro del consejo consultivo del observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos.

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