Foto tomada de: comunicacionsocial.puebla.gob.mx/

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Con tan sólo ocho meses en el poder, el gobierno que encabeza el panista Rafael Moreno Valle ha demostrado un talante autoritario y muy poca tolerancia a la crítica, pues en ese periodo no sólo ha cambiado las reglas de la relación prensa-poder al modificar las penas a los llamados delitos de prensa –calumnia y difamación— de penales a económicas, sin ningún contrapeso; sino que además ha lanzado una fuerte embestida contra medios críticos a su administración, ejemplo de ello es el caso del portal de noticias e-consulta (@e_consulta).

El pasado lunes, Rodolfo Ruiz Rodríguez (@periodistasoy), director del portal, y autor de la columna “La corte de los milagros”, denunció que desde la administración estatal se ha orquestado un boicot comercial en contra del sitio de noticias del que es socio fundador al presionar “a presidentes municipales y otras instituciones públicas y empresas para que no se anuncien en este medio digital”.

Entrevistado, Ruiz Rodríguez afirmó que “al gobierno del estado le molestan algunos de nuestros contenidos, no está de acuerdo con las opiniones de quienes colaboran como articulistas y columnista de e-consulta y así nos lo han hecho saber, primero nos suspendieron un convenio publicitario y después se han negado a recibir las facturas que con orden de inserción ellos contrataron”.

“Nos han pedido que bajemos notas, no sólo del día, sino incluso que se generaron en el pasado, y nos han pedido que las eliminemos, nos han pedido que dejemos de publicar a algunos columnistas, gente que viene conmigo desde El Universal Puebla (medio que también dirigió)”.

El periodista responsabilizó de todo lo anterior al director de comunicación del gobierno morenovallista Sergio Ramírez Robles (@SRamirezRobles).

En respuesta, el funcionario envió un comunicado afirmando que mantienen con el portal “una relación profesional y respetuosa en la cual cuando hemos diferido de su opinión, lo hemos hecho a través de las herramientas que los diversos cuerpos legales mexicanos nos permiten”.

Rechazando a su vez “haber hablado con quien sea para que a usted o a cualquier otro medio se le condicione inversión publicitaria”.

Funcionarios del ayuntamiento capitalino, sin embargo, confirmaron a este reportero que desde Casa Aguayo se ha presionado para que le sean cancelados los acuerdos comerciales con el sitio de noticias.

Al respecto, el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) manifestó su “preocupación por el eventual ataque a la libertad de expresión que podría constituir la conducta del gobierno del estado hacia este medio”.

La cargada

Captura del PREP, la noche de julio de 2010

La noche del 4 de julio, mientras el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Estatal Electoral (IEE) escupía cifras, en los pasillos de las redacciones de medios de comunicación locales el rumor de que habría ajustes de cuentas una vez que tomara posesión el nuevo gobierno morenovallista crecía.

Los medios poblanos, especialmente los impresos, habían tomado partido en la lucha por el poder y se colocaron en la trinchera priísta que buscaba perpetuar al marinismo a través de la candidatura de Javier López Zavala.

Las cifras del monitoreo que encargó el IEE a la empresa Orbit Media no dejan lugar a dudas, la cargada mediática fue de un solo lado.

De las casi 25 mil notas que se publicaron, radiaron y transmitieron, el 53 por ciento llevó como protagonistas a los candidatos de la alianza PRI-PVEM; el 42 por ciento, casi 10 puntos porcentuales menos, a los abanderados de la coalición de partidos opositores –PAN, PRD, Panal y Convergencia—, agrupados como Compromiso por Puebla (CPP), y apenas el 5 por ciento hablaban del Partido del Trabajo (PT) y sus aspirantes a puestos de elección popular.

En la prensa escrita –13 diarios analizados— la diferencia fue de casi dos a uno, pues mientras el combo PRI-PVEM obtuvo el 56 por ciento de las notas, la oposición coaligada apenas alcanzó el 39 por ciento. Con el PT los adjetivos sobran, las páginas de los diarios y periódicos sólo abrieron el 5 por ciento del espacio para narrar la campaña y las actividades de sus candidatos.

En cuanto a los portales, la distribución fue 54, 41 y 5 por ciento, siempre en el mismo orden. En radio la distribución se movió dos puntos porcentuales abajo, el 51 por ciento fue para la alianza Puebla Avanza, el 43 por ciento para Compromiso por Puebla, y el 6 por ciento para el PT.

Y si la radio, la prensa escrita y digital apostaron, en mayor o menor medida, por los candidatos de la Alianza Puebla Avanza, la televisión cambió la tendencia. En los seis espacios noticiosos revisados por Orbit Media el porcentaje mayor de notas fue a favor de la coalición opositora por 3 puntos porcentuales al contabilizar el 50 por ciento del total de las mil 588 notas transmitidas.

La nueva relación

Y como se esperaba, la relación entre medios y gobierno cambió en cuanto Moreno Valle tomó posesión del cargo de gobernador.

Al respecto, Rodolfo Ruiz sostiene que tras el arribo del panista en “algunas de mis primeras columnas establecí que había que construir una nueva relación, y que esta relación se basara en un principio de transparencia y claridad sobre la publicidad oficial, terminar con ese hoyo negro que hoy son las pautas publicitarias y lo que propuse fue que se definieran criterios a partir de dos valoraciones, una de orden cuantitativo, es decir que los medios que tuvieran mayores audiencias que eso se reflejara en las pautas publicitarias, y el otro tendría que ser la calidad, no sólo tener audiencia sino también contenidos de calidad”.

Pero la relación se construyó de otra manera. En los primeros meses los convenios de publicidad que mantuvo la administración marinista –y cuyo gasto de acuerdo con una solicitud de información costaron al erario más de mil millones de pesos durante todo el sexenio— se terminaron y se inició una purga de las empresas periodísticas catalogadas como marinistas.

Tomada del popular.mx

Con llegada de Sergio Ramírez Robles a la Dirección de Comunicación Social, para sustituir a Norberto Tapia Flores –cuyo paso por la dependencia sólo dejó un par de escándalos mediáticos— la relación con los medios se radicalizó.

Y entonces comenzó la compra de espacios para promocionar el trabajo del gobierno del estado sin que existiera un “modelo de asignación de publicidad”, como lo reconoció el vocero estatal en una solicitud de información –folio 295111— que entregó a este reportero el pasado 28 de septiembre.

El documento establece algunos criterios como rating, cobertura, perfil socioeconómico, pero aclara que “se aplicarán en caso de que sea necesaria la contratación de medios de comunicación (…), ya que a la fecha no se tiene celebrado contrato alguno”.

Al respecto, Roberto Alonso, secretario de Amedi Puebla, calificó de “deficiente” la política de comunicación estatal, pues “no hay claridad sobre cómo se manejan los recursos públicos que son asignados a los gastos de comunicación del gobierno del estado”.

“Creemos que es necesaria una política transparente y se maneje con criterios objetivos y visibles a partir de los cuales se puedan asignar la publicidad oficial, eso nos parece vital, que exista una ley que regule la distribución de la publicidad oficial”.

A diferencia de Tapia Flores, su sucesor se subió de inmediato a las redes sociales para tratar de contener desde ahí la información “imprecisa” e incomoda al gobierno del estado y generar una percepción positiva.

Así lo ha dicho él mismo a través de su cuenta de Twitter:

¿Mordaza?

En el arranque del sexenio, el Congreso del estado aprobó una reforma para despenalizar los delitos de prensa, una medida que si bien podría considerarse “de avanzada” abrió la posibilidad de que se usara dicha modificación para intimidar a periodistas, pues nació incompleta.

Al respecto, Roberto Alonso recordó que “el decreto con el que se despenalizó la difamación y la calumnia, que se publicó el 23 de febrero, se estableció un plazo de 180 días para que el Congreso adecuara la legislación secundaria, no lo han hecho y el plazo ya se venció”.

La reforma estableció multas para la reparación económica del “daño moral” con montos por encima de lo que se aplica en otras entidades como el Distrito Federal, con “un máximo de 35 mil pesos, y acá se quedó en 170 mil pesos que es una cifra desproporcionada para la realidad del gremio periodístico local”.

A principios de agosto, se conocería un decreto firmado por el gobernador que otorgaba al titular de la Dirección General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Sergio Ramírez Robles, la facultad para demandar a los comunicadores que incurran en “daño moral” en agravio del gobernador o cualquier otro funcionario de la administración estatal.

La medida, fue considerada por la Amedi Puebla como “un retroceso en materia de derecho a la información”. En tanto que Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información, sostuvo en su artículo “Libertad de expresión bajo acoso” que el decreto es “inconstitucional” por dos razones.

La primera, jurídica: “el gobernador no puede delegar en quien no tiene interés jurídico la potestad de iniciar un proceso judicial en una causa que no es la suya”.

La segunda tiene que ver con el trabajo periodístico: “La crítica de los servidores públicos y del gobierno no sólo está permitida, sino que es una obligación del periodismo responsable como lo ha sostenido la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) y nuestra Suprema Corte de Justicia. Por lo burdo de la medida, en realidad creo que se trata de un disuasivo psicológico para los críticos del gobierno poblano, lo que revela, empero, la veta autoritaria del gobernador. No habrá que quedarse callado. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es no decir nada”.

Y la prueba de lo que podría pasar llegó pronto, al día siguiente de que se conociera la nueva facultad del vocero, este lanzó la siguiente advertencia:

El críptico mensaje, dirigido a una cuenta parodia (@Rafaelmvrosas) que llevaba un par de meses haciendo mofa del gobernador, estuvo precedido de otros mensajes más en los que el vocero sugería que detrás de la cuenta estaba el director del portal laprimeradepuebla.com, Alberto Issac Mendoza (@AlbertoIMendoza), y daba a entender que habría denuncia directa en la PGR.

Al final todo quedó en esos mensajes, a finales de ese mes la cuenta parodia dejó de funcionar.

La carta aclaratoria como política de comunicación

Uno de los 125 ejemplos

En cuatro meses la Dirección General de Comunicación Social envió 125 cartas aclaratorias a medios de comunicación poblanos, un récord que todavía no supera las 687 que envió Ramírez Robles cuando fungía como vocero de la Secretaría de Economía, entre marzo y diciembre de 2003, según informó el propio funcionario en su cuenta de Twitter y fue consignado por el portal e-consulta.

Una política que, a decir del personal de la propia dependencia –que por obvias razones no se nombra— ha desgastado la relación entre medios y gobierno:

“Ya nos la toman a broma, y temas que podrían tener un menor impacto se magnifican porque se mantienen arriba por varios días”, confiesa a este reportero uno de estos trabajadores.

Y como muestra un botón, la denuncia de la confrontación entre e-consulta y el gobierno del estado generó en tan sólo 48 horas cinco cartas aclaratorias enviadas desde cinco dependencias distintas

Hasta con la familia

La gota que derramó el vaso en el conflicto entre el portal –el más visitado de Puebla pues presume, de acuerdo con datos de Google Analytics, de tener hasta 30 mil visitas únicas en un solo día— fue el proceso legal que se inició contra la esposa del periodista, Mónica Arroyo, por un problema laboral.

“Lo de mi esposa es lo que me tiene más molesto, si mi esposa es ajena ¿para qué la meten? le fabricaron un proceso fast track con una queja que estaba archivada, y ahora de esta queja ya no le quieren dar copia el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, le dijo a mi esposa que no le podía dar copia, que tenía ordenes superiores”, explica.

El problema se remite a un proceso que se inició en la Contraloría del estado en contra de la actual presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal por usurpar funciones, pues de acuerdo con una queja que se presentó en dicho organismo la mujer “fungió como representante patronal en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado y, al mismo tiempo, formaba parte de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Puebla, así como de acuerdo con la referida queja, por haber firmado documentación de dicha junta con posterioridad a su renuncia”.

“Eso no lo voy a litigar en los medios –apunta Rodolfo Ruiz–, se tendrá que resolver en las instancias legales”.

Y concluye: “El conflicto con el gobierno del estado no es por su publicidad, si no nos quieren dar están en todo su derecho, pero presionar para hacer un cerco, un boicot publicitario, a eso no tienen derecho”.