• Las estadísticas criminales no deben servir para tranquilizar a la autoridad al detectar que en su entidad la problemática no es tan grave como en otros lugares

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A principios de septiembre pasado la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reconocía en un boletín oficial que durante el sexenio marinista la extorsión telefónica no era registrado como delito, y anunciaba que se había iniciado un procedimiento “a fin de que todo lo que constituye un delito se inicie como averiguación previa”.

Dos meses después las autoridades locales siguen sin dar a conocer la incidencia de ese delito en el estado como lo reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La situación fue cuestionada por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, una organización con sede en el Distrito Federal, en su “Reporte periódico de monitoreo de delitos de alto impacto, dado a conocer hace unos días.

En su informe el organismo cuestiona la falta de registros de denuncias de dos delitos de alto impacto, extorsión telefónica en el caso de Puebla, Campeche, Colima, Estado de México, Nayarit, y secuestro en Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

Se trata, “de un problema muy grave desde cualquier punto de vista, puesto que puede implicar que la gente no está denunciando, o bien que las autoridades no registran el dato”.

“Este tipo de omisiones temporales de parte de las autoridades locales son lamentables debido a que ello imposibilita estar al tanto del comportamiento de aquellos delitos que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la sociedad, con la finalidad de poder generar oportunamente acciones de prevención y combate del delito”.

Y sostiene: “para el Observatorio Nacional Ciudadano esta situación es de especial gravedad y debe resaltarse, ya que independientemente de la causa por la cual existe esta falta de denuncia, las autoridades tienen a la obligación de informar (derecho a la información) las razones por las que no se denuncian tales delitos y promover que quienes los sufran (derecho de acceso a la justicia) tengan las condiciones convenientes para hacerlo”.

Por debajo de la media

El comparativo basado en tasas por cada 100 mil habitantes da a conocer que, aún con información incompleta en los casos señalados, el estado se encuentra por debajo de la media nacional en los seis delitos considerados en el estudio: homicidios, homicidios dolosos, secuestro, extorsiones, robos con violencia y robo de vehículo.

Aunque reporta un importante crecimiento en la comisión y denuncia de esos delitos (14 por ciento) ubicando al estado entre las siete entidades con la mayor variación porcentual en la materia, y muy por encima de la media nacional.

Aunque fue en los delitos de secuestro y homicidio doloso en donde se concentraron los mayores repuntes según el análisis del organismo.

Crece en todo el país

El informe concluye la tendencia de las denuncias de robos con violencia, extorsiones, secuestros y homicidios dolosos se ha mantenido al alza a nivel nacional. “La única manera de interpretar esta situación es que las políticas públicas implementadas, lamentablemente no han impactado en la disminución de la delincuencia que existe en nuestro país”.

Y recomienda que las políticas de prevención deben atender el crecimiento de determinados delitos en la entidad, ya que las acciones pueden ser más eficaces si se implementan en momentos donde la problemática no adquiere dimensiones fuera de control.

“Por ello las estadísticas criminales no deben servir para tranquilizar a la autoridad al detectar que en su entidad la problemática no es tan grave como en otros lugares, sino que debe identificar las tendencias que se dan en su propia entidad, considerando que el incremento o la persistencia delictiva son en sí mismos problemas de grave inseguridad”, concluye.

Acá el documento completo
reporte incidencia delictiva – octubre 2011