• Frentes a las denuncias públicas por abusos, el secretario de Seguridad Pública sólo responde: «asumiré las consecuencias»

• La Comisión de Derechos Humanos del Estado no interviene para evitar violaciones a las garantías individuales

Josué Mota

@motajosue

Los casos de detenciones fuera de la ley, cateos ilegales y torturas se están convirtiendo en una constante de los policías estatales preventivos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública con el consentimiento de su titular, Ardelio Vargas Fosado, pero la mayoría de sus capturas no resultan como ellos quieren y la Procuraduría General de Justicia se ha vuelto cómplice de las mismas, pues al no poder consignar a los detenidos se ve en la necesidad de arraigarlos en espera de que puedan relacionarlos con algún delito.

Hasta ahora se han denunciado tres casos de tortura y cateos ilegales en la ciudad de Puebla, todos ellos cometidos por los integrantes del llamado Grupo de Estrategia de la Policía Estatal Preventiva. Por separado, los familiares de las víctimas narran el mismo modo de operar de los agentes: ingresan a una casa, amedrentan a quienes se encuentran, golpean a quien han elegido como su víctima, lo trasladan a las instalaciones de la base de la corporación, lo torturan y un par de días después lo ponen a disposición del Ministerio Público que solicita el arraigo y los mantiene en algún motel de la ciudad, sin que el detenido pueda contactarse con su abogado.

Documento de notificación

Apenas el jueves pasado, Ariadna Castillo denunció que su esposo José Alberto Jáquim Kauffmann fue detenido la madrugada del 21 de septiembre cuando a punta de pistola policías estatales ingresaron a su casa ubicada en la colonia Resurgimiento y tras golpearlo se lo llevaron a la base de esa corporación. Previamente, los policías habían ingresado a la casa de la señora Ana Cruz Kauffmann Pérez, madre de José Alberto y catearon el inmueble sin presentarle una orden que se los permitiera, tras no hallar armas ni ningún otro objeto de delito le dijeron a la señora que los llevara a casa de su hijo que vive en la misma colonia.

La señora Kauffmann dijo que recibió maltratos de los policías y en diferentes ocasiones la encañonaron sin explicarle las razones del operativo, denunció que su hijo recibió también golpes y estuvo detenido por varias horas sin que alguien le informara dónde se encontraba. El 22 de septiembre se informó a los abogados de la familia que José Alberto ya estaba presentado ante el Ministerio Público y sus familiares notaron que había recibido varios golpes en el cuerpo.

El 26 de septiembre la Procuraduría General de Justicia emitió un comunicado en el que se señala: “La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que a fin de ampliar las investigaciones, la Dirección de agencias del Ministerio Público zona metropolitana sur solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de arraigo en contra de los ocho presuntos integrantes de una banda relacionada con robo a casa habitación que fue detenida por la Policía Estatal Preventiva.

“La medida cautelar fue concedida por un periodo de 30 días, en contra de Sergio Andrés Padilla Tolosa, quien refirió ser policía municipal en activo, Alma Bibiana Martínez Martínez, Susana Carmona Ramos, Yazmín González Martínez, Jaime Juárez Luis, Deyby Morales Cortés, Jethzabel Cabrera García y José Alberto Jaquim Kauffmann. Todos ellos fueron asegurados el pasado miércoles en calle 15-A Sur entre 75 y 77 Poniente de la ciudad de Puebla, cuando presuntamente se disponían a ingresar a una casa de esa zona con la intención de robar”.

Los familiares de José Alberto desmienten que haya sido detenido en la calle y sostienen que los policías ingresaron a su casa e incluso ya presentaron una denuncia por los abusos cometidos ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Cometidos contra Servidores Públicos, sobre la cual no les han informado si hay avances.

Arraigado y sin derecho a abogado

Actualmente José Alberto se encuentra arraigado junto a otras siete personas en el cuarto número 39 del motel Jacarandas ubicado en Boulevard Carmen Serdán 2508 y el 7 de octubre se informó que sería hasta el 21 de octubre cuando podrá contar con la asesoría de un abogado defensor particular y ese mismo día a las 13 horas podrá ampliar su declaración; es decir, el arraigado podrá ver a su abogado un mes después de la detención.

Pero además se le negó la oportunidad de que se le realice un examen fisiológico a fin de determinar si presenta lesiones producto de la tortura, todo esto según consta en la notificación emitida por la Dirección de Agencias del Ministerio Público zona Metropolitana Sur derivado de la averiguación previa 821/2011/DMZS, a la cual tuvo acceso el reportero.

Lo grave, según explica Ariadna Castillo, esposa de José Alberto, es que tendrá autorización para contar con un abogado un día antes de que concluya el arraigo y a unas horas de que sea  consignado ante un juez penal y encarcelado.

Foto: EEF.

Una tendencia

De la misma forma se encuentra arraigadas dos personas a los que los policías estatales vinculan con los homicidios ocurridos en la colonia La Paz en septiembre pasado. Uno de ellos es Miguel Muñoz Ortega, quien fue detenido en su casa en el barrio de San Antonio por los agentes junto a su hijo y su sobrino, quienes fueron liberados horas después.

La familia del detenido se mantiene preocupada por su situación ya que aseguran que el señor Miguel fue golpeado y eso puede perjudicar aún más su salud ya que en un ojo tiene poca visibilidad y padece diabetes. Miguel está arraigado en el motel Avía junto a otras personas a las que también se vincula, aún no oficialmente, a los homicidios.

En la misma situación se encuentra otra persona: Roberto Galindo, un concesionario del transporte a quien detuvieron de la misma forma y se vincula con el mismo caso, pero fue arraigado y su familia tiene poco contacto con él.

Los familiares denunciaron ante los medios de información que Roberto Galindo fue torturado en la base de la Policía Estatal y que incluso se le dieron descargas eléctricas en los testículos y fue severamente golpeado en otras partes del cuerpo por lo que tendría que ser hospitalizado.

La CDH de Puebla sólo contempla

Foto: Cortesía.

El reportero solicitó una entrevista con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Adolfo López Badillo, para conocer su opinión sobre la actuación de la Policía Estatal Preventiva y las medidas que el organismo ha tomado para evitar violaciones a las garantías individuales, pero no fue concedida, y tampoco se dio un argumento para evitar una explicación ante los medios de información.

Lo más grave que es que, según las víctimas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado no está haciendo su trabajo. Ariadna Castillo en entrevista con Lado B dijo que cuando ocurrió el cateo a su casa y luego cuando buscaba a su esposo en las diferentes dependencias solicitó el apoyo del organismo y nunca se presentó un visitador para apoyarlos.

En contraparte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis González Plascencia, se pronunció en contra del arraigo, por ser una figura jurídica legal pero claramente violatoria de los derechos humanos.

“El que esté en la Constitución no obliga a la autoridad a utilizarlo, es una herramienta que se tiene pero me parece que la autoridad tiene que saber que está usando una herramienta que es violadora de derechos humanos, a pesar de ser constitucional”.

Y dijo que es necesario que los organismos de derechos humanos del país se mantengan atentos para evitar que se violen las garantías individuales: “Yo creo que es muy importante la intervención de defensa públicos de derechos humanos precisamente para garantizar que la persona tenga acceso a un abogado para que tenga acceso inmediato a los derechos que tiene cualquier persona que está siendo detenida y en nuestra opinión, naturalmente somos respetuosos de la opinión que se tenga en la diversas Comisiones en el país, en nuestra opinión es un tema que da la oportunidad efectivamente sobre una medida que es violatoria de derechos humanos, y que tendría que ser cuestionada desde el interior del país por los organismos defensores de derechos humanos como lo ha sido desde fuera”.

Durante el 2011 la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha emitido siete recomendaciones contra la Procuraduría General de Justicia y tres contra la Secretaría de Seguridad Pública, pero ninguna de ellas lleva aún la firma del actual ombudsman poblano, López Badillo.

Foto: EEF

Asumiré las consecuencias: Ardelio Vargas

Pero frente a este panorama, las denuncias de los familiares y el hecho de que los detenidos no han sido aún consignados y se está a la espera de que se les pueda vincular con algún delito, el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, no aclara nada ni ofrece su punto de vista sobre la detenciones ilegales y denuncia por tortura.

Eso sí, se adelantó a declarar públicamente que ya tenía detenidos a los responsables de los homicidios ocurridos en La Paz, aunque luego el mismo director de la Policía Ministerial, Juan Luis Galán Ruiz, lo desmintió también en declaraciones públicas y dijo que sobre esos caso sólo había personas presentadas por ser “testigos de oídas”.

Cuando se le preguntó a Vargas Fosado sobre las denuncias por violaciones a los derechos humanos dijo: “Estamos trabajando para acabar con la delincuencia y voy hacer lo que sea necesario para acabar con la delincuencia. Eso se los aseguró y asumiré las consecuencias».