Sentencian por 37 y 28 años de prisión a tres personas por...

Sentencian por 37 y 28 años de prisión a tres personas por el delito de trata

  • Se ofrece recompensa por Saúl Romero Rugerio, prófugo e hijo de los sentenciados
Foto tomada de: reportajes.org

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), obtuvo de un Juez Federal en el Distrito Federal, sentencia condenatoria por la comisión del delito de trata de personas, contra Emiliano Romero Ramírez, María Juana Rugerio Saucedo o Cristina Rugerio y Cristina Hernández Suárez (a) “Alondra” o “La Güera”.

En el caso de Romero Ramírez y Rugerio Saucedo, esposos y padres de los sujetos que engañaban a jovencitas el Juez les impuso una pena de 37 años y seis meses de prisión, así como una sanción de cuatro mil 500 días multa, equivalentes a $231,608.50 (doscientos treinta y un mil seiscientos ocho pesos 50/100 MN) y para Cristina Hernández Suárez, la pena de 28 años y seis meses de prisión y dos mil 850 días multa, equivalente a $145,639.50 (ciento cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y nueve pesos 50/100 MN).

Asimismo, destaca que la penalidad impuesta a cada uno de los responsables, resulto de un concurso real de delitos, lo que implica que se impuso una pena por cada uno de los delitos de los que se ha demostrado su existencia y la plena responsabilidad; en este caso, la sentencia es la suma de cada una de las víctimas que denunciaron, lo que dio los 37 y 28 años.

En la misma resolución se ordena el decomiso del bien inmueble que se determinó se construyó con dinero producto de la trata de cuatro de las víctimas del delito, valuado en $10,446,000.00, (diez millones, cuatrocientos cuarenta y seis mil pesos), por ello se ordenó su entrega al SAE para que proceda al remate y el producto de la venta sea entregado a las víctimas del delito, en parte proporcional a cada una de ellas.

También se les sentenció a la reparación del daño moral por la exposición al riesgo de la transmisión de enfermedades venéreas, así como la reputación, la honra, los sentimientos y los trastornos conductuales de las víctimas, que producen un resultado material que se puede percibir a través de la forma en que las víctimas son materia de hostigamiento, burla y señalamientos por parte de los miembros de la sociedad en que tengan convivencia.

Cabe recordar que este asunto se inició el 21 de abril de 2009, con la noticia que la Agencia ICE de los Estados Unidos de América, dio a la autoridad ministerial de la SIEDO, sobre el rescate de tres mujeres que eran explotadas sexualmente en la ciudad de Atlanta, Georgia, quienes fueron seducidas y engañadas por los hermanos Miguel Ángel y Saúl Romero Rugerio, para viajar a los Estados Unidos de América por los hermanos, procedentes de Tlaxcala.

En la investigación realizada, además se logró conocer de dos jóvenes mujeres más, que al escapar de sus tratantes, regresaron a territorio nacional, mismas que fueron localizadas por elementos de la Agencia Federal de Investigación en poblaciones aisladas de Veracruz y Tabasco, con lo que se logró conocer a mayor detalle y precisión el modo de operar de este grupo organizado, encabezado por los hermanos Romero Rugerio, quienes viajaban por el país en autos lujosos y llamativos en busca de jóvenes víctimas.

De esa forma, lograron captar a dos de ellas, menores de edad, en una escuela de Tabasco, donde las enamoraron y convencieron de vivir con ellos, en un lapso máximo de una semana; una vez en su domicilio, ubicado en Tenancingo, Tlaxcala, junto con sus padres, las mantenían viviendo con ellos, mostrándoles la vida en pareja sólo por unos días, después nuevamente las engañaban, indicándoles las ventajas de viajar juntos a Estados Unidos y buscar trabajo para una vida mejor.

El paso fronterizo se realizaba de manera ilegal, y ya en la Unión Americana, las llevaban a departamentos que el mismo grupo tenía, donde las recibía Cristina Hernández Suárez, quien les enseñaba los detalles de su nuevo trabajo, que desarrollaban de lunes a domingo, sin descanso, durante todo el día hasta que cubrían la cuota de 20, 30 ó 40 contactos sexuales (dependiendo del día, ya que en fin de semana aumentaba la cuota).

El cobro lo hacía quien las llevaba a todas esas casas donde había hombres que esperaban un encuentro, la cuota era de 30 dólares por cada relación sexual, que tenía un tiempo límite de 15 minutos, pero el costo se incrementaba si tenían que quitarse una prenda de vestir extra, o atender algunas solicitudes especiales de los clientes.

El dinero que ganaban se los quitaba su “pareja” para administrarlo, pagar sus deudas, enviarlo a México y seguir con la construcción de la casa, que sería su futuro. Sin embargo, las chicas desconocían que al mismo tiempo tenían otras mujeres que explotaban y a todas les mostraban la misma foto de construcción del inmueble.

Las víctimas se mantenían sometidas, en un país extraño, con un idioma que no conocían, con temor de que la policía las detuviera y con vergüenza con sus familias por la actividad que desarrollaban y sin atreverse a decir algo, ya que su tratante estaba al lado para evitar la denuncia; así estuvieron las cinco jóvenes denunciantes de este expediente, algunas hasta por cinco meses, hasta que fueron liberadas o escaparon de sus tratantes.

Es importante destacar que además de las víctimas detectadas, hay indicios de la existencia de otras mujeres que fueron o pudieran estar sometidas por miembros del grupo criminal, ya que cuando la autoridad ministerial, el 11 de septiembre de 2009, ejecutó una orden de cateo en el domicilio de la familia Romero Rugerio, rescató a dos niños de dos años y cuatro meses de edad, a quienes la familia mantenía en cuidado, desconociendo el paradero de las mamás.

Gracias a la intervención de elementos de la Policía Federal Ministerial, un año después (noviembre de 2010) se localizó el paradero de la mamá del menor de cuatro meses, y le fue entregado; la historia de esa víctima era similar a la de las otras cinco, sólo variaba en la forma de someterla, ya que para ella la amenaza era no volver a ver a su hijo.

Los ahora sentenciados fueron detenidos el 11 de septiembre de 2009, se solicitó y obtuvo la medida cautelar de arraigo en su contra y el 28 de noviembre de ese mismo año, se obtuvo la orden de aprehensión contra los tres y dos miembros más, –uno de ellos preso en Estados Unidos, Miguel Ángel Romero Rugerio y el otro prófugo de la justicia Saúl Romero Rugerio, pero con ofrecimiento de 15 millones de pesos de recompensa por datos sobre su paradero–.

 

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