Piden legisladores poblanos información sobre operación “Rápido y Furioso”

Piden legisladores poblanos información sobre operación “Rápido y Furioso”

  • En marzo pasado, funcionarios de EU permitieron el tráfico de armas a México como parte de un operativo que pretendía ubicar a bandas de contrabandistas

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

El informe sobre la investigación relacionada a la operación denominada “Rápido y Furioso” que se llevó a cabo en México sigue sin dar frutos, por ende los diputados poblanos pidieron la intervención del Senado de la República para que el Gobierno Federal y el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica den a conocer los avances de la pesquisa.

Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, así como la de Migración y Asuntos Internacionales, sesionaron este miércoles dónde trataron únicamente este tema.

Los integrantes de dichas comisiones votaron por unanimidad, toda vez que destacaron la necesidad de hacer un diagnóstico de los daños a la población y sobre todo los causados a la seguridad nacional del país, a fin de que estos sean subsanados, según comentó el presidente de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, Rafael Von Raesfeld Porras.

“Es importante hacer un reclamo y exigir una indemnización apropiada por el fallido operativo (…) ha habido un consenso y unanimidad de que no es ahorita cuando debemos exigir un monto específico como venían los términos de 800 millones de dólares, sino exhortar al gobierno federal para que recaben la información necesaria y se esté en posibilidad para que haya una retribución adecuada”.

Cabe recordar que en marzo de este año, el agente federal de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), John Dodson, reveló que le fue ordenado que permitiera el tráfico de armas en el país como parte de un operativo que pretendía ubicar a bandas de contrabandistas durante los años 2009 y 2010.

El destino de más de dos mil armas fue desconocido, a partir de entonces los gobiernos mexicano y estadounidense entraron en una serie de declaraciones donde se responsabilizaban unos a otros del fracaso de la operación.

Mientras el gobierno federal dijo que no estaba enterado del programa, funcionarios del vecino país del norte, aseguraron que hubo consentimiento de las autoridades mexicanas para dejar pasar el armamento.

El 26 de julio, se divulgó un informe de la ATF dónde una de las versiones señalaba que las armas estaban en posesión del cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se fugó del penal de máxima seguridad “Puente Grande” en 2001.

A la fecha se han encontrado 122 de las armas vinculadas con la operación en 48 escenas de delitos cometidos en el país, la mayoría se trató de tiroteos, aunque también se ubicaron tras el registro de un secuestro y un homicidio.

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