Eduardo García

Largo ha sido el camino por el que Inés y Valentina han tenido que caminar soportando el miedo, la impotencia, el dolor. A su paso se han topado con el terror de amenazas, pero también con la desesperación que la indiferencia causa. Han encontrado aliados, pero perdido amigos y familiares. Han sido 9 pesados años de luchar contra un enemigo que parecía imbatible como lo es el sistema de justicia mexicano, pero evidenciando en sus errores conforme avanzan los días.

Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas Me’phaa, fueron abusadas sexualmente por elementos del ejército mexicano en el año 2002. Inés fue violada el 22 de marzo de aquel año en su domicilio de Barranca de Teocani, en el municipio de Ayutla de los libres, Guerrero. Un mes antes, Valentina fue abusada, el 16 de febrero en Barranca Bejucos, municipio de Acatepec, Guerrero, a la edad de 17 años. En estos casos, estamos hablando de un cansado tránsito por procuradurías civiles y militares que, a años de distancia, no habían presentado avances sustanciales en la investigación de estos abusos y que, por lo tanto, los responsables no han comparecido ante la justicia a pesar de que ambas mujeres han identificado a los efectivos que participaron en la violación. Después de que el Ministerio Público Militar ordenara archivar las denuncias en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya agotadas todas las instancias nacionales de impartición de justicia, ordenó reabrir el caso. Las violaciones a derechos humanos por parte del ejército mexicanos son casos que se replican con creciente fuerza y naturaleza en diversos contextos, saltando a la luz el patrón de impunidad que se consolida y con el que han actuado los miembros de dicha institución.

El contexto en el que se desarrollaron los casos de Inés y Valentina resulta excepcional, puesto que de 5 demandas en contra del Estado Mexicano que han llegado a la CIDH, 4 tienen que ver con abusos relacionados a las fuerzas armadas, siendo ese mismo número los pertenecientes al estado de Guerrero. De igual manera, podemos hablar de un estado donde los abusos en contra de los defensores de derechos humanos son generalizados, resultando en 107 medidas cautelares por parte de la CIDH. La presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), una organización comunitaria indígena que ha desarrollado labores de movilización para reivindicar los derechos humanos de las comunidades indígenas, ha sido amenazada, teniendo que salir del estado de Guerrero. Con lo anterior, se reafirma la necesidad de modificaciones estructurales que garanticen que los responsables de las violaciones a Derechos Humanos comparezcan ante la justicia. El sistema de justicia militar es insostenible en México desde la perspectiva de derechos humanos y hay una responsabilidad concreta que debe ser asumida por el legislativo federal, por el ejecutivo federal y por el poder judicial en cumplimiento de una sentencia.

No sólo han sido Inés y Valentina las víctimas de la militarización, de la violencia de género y de la discriminación que viven los grupos indígenas en México, sino que también la dinámica y cotidianeidad de sus familias y comunidades. La intimidación llegó a tal grado que Lorenzo Fernández, hermano de Inés, fue asesinado en febrero de 2008 y su cuerpo encontrado con huellas de tortura en Ayutla. Por otro lado, Valentina tuvo que dejar su comunidad debido al rechazo de las personas, su esposo la abandonó y en el año 2009 sus hijas sufrieron un intento de secuestro.

Al principio, el ejército solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado que la investigación se dejara en manos de la institución castrense, puesto que como se trataba de elementos militares, correspondía al ejército investigar los hechos. Por otro lado, la Secretaría de la Defensa Nacional argumentó que las violaciones a derechos humanos por parte del ejército mexicano deben de ser interpretadas como actos en servicio. Sin embargo, tiempo después, debido a la presión ejercida por la solidaridad internacional y nacional hacia Inés y Valentina, y por la entrada en acción de la CIDH, la Procuraduría General de Justicia Militar reconoció que carece de jurisdicción para juzgar casos en los que se acusa a miembros del Ejército de violaciones de derechos humanos de civiles.

El año 2010 la CIDH emite la primera resolución en la que ordena a México investigar y enjuiciar en el sistema de justicia civil las violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército. Finalmente, en agosto de este año fue la misma corte la que emitió la sentencia en la cual el Estado Mexicano resulta responsable por las violaciones que sufrieron Inés y Valentina, condenándolo a proceder penalmente contra los responsables, a garantizar la reparación de los daños y a la creación de mecanismos que eviten que este tipo de violaciones se repitan. La impunidad va de la mano con el olvido; pero en este caso la memoria y la justicia que exigen Inés y Valentina se convirtieron en una invitación a la comunidad internacional para caminar de la mano junto a ellas, con toda la dignidad y la fuerza que representan, también, por ser mujeres y por ser indígenas.