Lado B

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) reconoció que durante las pasadas administraciones los delitos de “chantaje” se registraron siempre como “constancia de hechos” evadiendo así el registro de ilícitos.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia estatal explicó además que los señalamientos vertidos por miembros del Consejo de Organismo Empresariales (COE) quienes denunciaron un incremento del 400 por ciento en dicho delito “carece de sustento estadístico, por lo que dicha postura obedece a una percepción y no a un diagnóstico realizado con base en datos oficiales”.

“A raíz de una modificación que en la actual administración la PGJ hizo a los métodos estadísticos, se notó un incremento en la cifra de averiguaciones previas debido a que en años anteriores la mayoría de las denuncias sobre chantaje telefónico quedaban asentadas únicamente como constancias de hechos.

“El titular de la dependencia, Víctor Carrancá Bourget, explicó que debido a que las constancias de hechos no se registran en el Sistema Nacional de Seguridad Pública como incidencia delictiva, desde el comienzo del gobierno encabezado por el Doctor Rafael Moreno Valle se inició un proceso de revisión y modificación a ese procedimiento a fin de que todo lo que constituye un delito se inicie como averiguación previa y las constancias de hechos se abran verdaderamente en los casos para los que fueron creadas, que son eventos no delictivos.

“Obviamente –aseveró Carrancá-, esto modifica la estadística pero permite tener información clara y fehaciente sobre este ilícito. “Es preferible contar con información fidedigna que nos permita combatir con mayor precisión este delito, a tener simplemente cifras que no son acordes con la realidad”.

Aunque de acuerdo con las estadísticas que lleva el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en los primeros meses de la actual administración tampoco se ha reportado averiguaciones previas registradas y el índice de dicho delito se mantiene en cero.

Esto aún cuando el funcionario reconoció que “la extorsión telefónica es un fenómeno que afecta a todas las entidades federativas, detalló que a través del seguimiento a los casos ocurridos en Puebla se han detectado llamadas provenientes del interior de centros penitenciarios principalmente del norte del país”.