• «Hoy es un día obscuro para Alabama», consideran organizaciones de defensa de indocumentados en EU

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Lado B

«Hoy es un día oscuro para Alabama», aseveró la directora del Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur, Mary Bauer, luego que se diera conocer la decisión de la jueza Sharon Lovelace Blackburn, quien avaló la aplicación parcial de la Ley Antiinmigrante HB56 de Alabama.

Y es que aunque el dictamen de la juez no incluye una fecha de entrada en vigor de las disposiciones autorizadas de la Ley HB56, pondría empezar a aplicarse esta misma semana dicha ley.

Ante ello, dirigentes de organizaciones de defensa de los inmigrantes en Estados Unidos lamentaron que se halla llegado a esta determinación: «la decisión no sólo pone a Alabama en el lado equivocado de la historia, sino que demuestra que los derechos y libertades fundamentales para nuestra nación y su historia se pueden manipular por el odio y las agendas políticas», aseveró Lovelace Blackburn.

Una ley extremadamente polémica

Desde la aparición de dicha ley, la Corte de los Estados Unidos mantuvo un bloqueo de algunas medidas por considerarlas “extremadamente problemáticas”, ya que permitirían que la policía pida papeles a sospechosos de ser indocumentados, así como profesores de escuelas podrían “denunciar” la estancia ilegal de personas que consideren “sin papeles”.

Ante ello, Foster Maer, de la organización Latino Justice, manifestó que la decisión de la juez abrirá un “nuevo y feo capítulo en las relaciones raciales en Estados Unidos”, ya que permitirá la discriminación a los latinos y otros inmigrantes en su derecho a la educación y a evitar revisiones injustificadas.

Y es que esta ley  ha sido considerada incluso más estricta que la ley SB1070 de Arizona, y fue promulgada el 9 de junio pasado por el gobernador de Alabama, Robert Bentley, como parte de los esfuerzos de varios estados contra la población indocumentada.

En su dictamen de 115 páginas, la jueza federal Sharon Lovelace Blackburn, prohibió al Gobierno estatal de Alabama que aplique cuatro de las cláusulas contenidas en esa ley, promulgada por el gobernador Robert J. Bentley el pasado 9 de junio.

Sin embargo, la juez no se pronunció sobre la constitucionalidad de la HB56 que, según sus detractores, atropella los derechos civiles de los inmigrantes e interfiere en una labor que sólo corresponde al Gobierno federal.

En general, la decisión de la jueza favorece principalmente a patronos y empresas.

La juez dejó en pie una cláusula que, para efectos prácticos, convierte a las autoridades escolares en agentes de inmigración, y otra que exige que la policía, cuando detenga a alguien por alguna infracción, le pida los «papeles» si sospecha que es inmigrante indocumentado. EFE