Roberto Alonso*

Acaso por la combinación de brevedad y profundidad, una de las frases que más llamó la atención entre los carteles improvisados que vistieron el cacerolazo en el Ángel de la Independencia el viernes pasado fue aquella que rezaba: Yo tenía un país. La razón no es menor. Después de lo acontecido en Monterrey y del terror propagado, comienza a extenderse una sensación de pérdida, angustia y hartazgo.

Se extraña, y se valora en consecuencia, aquel México en paz y relativa estabilidad social ajeno a las disputas entre los grupos del crimen organizado y los atentados de éstos hacia la sociedad. Se echa de menos aquel país sin Ejército en las calles y sin grandes operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública que, en vez de resultar un remedio, han disparado la tasa de homicidio  en diferentes regiones del territorio nacional.

Preocupada por la seguridad, por aquel estado de cosas previo a la puesta en marcha de la lucha en contra de la delincuencia organizada que representa el narcotráfico, la sociedad, no obstante, es proclive a la búsqueda y la aceptación de posturas y medidas capaces de coartar los avances democráticos conquistados.

Con el argumento cierto y eficaz de la parálisis legislativa como producto de la falta de acuerdos entre las diversas fuerzas parlamentarias del Congreso de la Unión, algunos actores políticos se han manifestado a favor de la construcción de mayorías en el recinto legislativo mediante la figura de la cláusula de gobernabilidad, como es el caso del gobernador del Estado de México y aspirante a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Cierto es que alternativas como ésta le permitirían al Ejecutivo contar con un respaldo imprescindible en las cámaras para sacar avante su programa de gobierno en los primeros años. Sin embargo, en un contexto desbordado por la inseguridad y la violencia, este tipo de recursos podrían constituir un entramado propicio para el resurgimiento de un régimen autoritario.

Reconociendo la pluralidad de la sociedad y, por tanto, la multiplicidad de intereses en juego a la hora de discutir una iniciativa de ley o un proyecto de reformas, resulta absurdo rechazar la necesidad de alcanzar mayorías en los congresos. Las alianzas para alcanzar dichas mayorías legislativas son forzosas, lo discutible, como han señalado distintos especialistas, es decretar, por ley, la sobrerrepresentación del partido gobernante en turno. “Detrás de esta supuesta lógica de gobernabilidad -sostienen Rubén Álvarez y Miguel Pulido – puede existir la tentación por recuperar el control político centralizado, lo que significaría también el rechazo hacia el fortalecimiento de mecanismos claros de control”, es decir, cerrarle el paso a la rendición de cuentas.

La advertencia anterior sube de tono en medio de la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, del proyecto de ley que diputados priistas deseaban aprobar en la Cámara de Diputados en la materia, y de los recientes resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional  realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con este ejercicio, un porcentaje considerable de los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad se inclina por la seguridad si se les da a elegir entre libertad y seguridad y, en este sentido, 30% de los encuestados se manifestó a favor de la tortura y la pena de muerte  contra los delincuentes. Dicho de otra manera, tres de cada diez jóvenes mexicanos cree que la violencia se debe combatir con más violencia, lo que supone una fisura alarmante en la construcción de la cultura de los derechos humanos y el régimen democrático.

El incendio que arrojó un saldo de 53 muertos en Monterrey, sin lugar a dudas, es un hecho ominoso, cruel y reprochable. Es, hasta hoy, la cúspide de la afrenta del crimen organizado hacia la sociedad y es fundamental, por ende, llegar hasta sus últimas consecuencias. De ello depende, en buena medida, superar el estado de emergencia nacional que vive hoy el país. La dirección, no obstante, es bifronte: hacia el autoritarismo o hacia la democracia.

Yo tenía un país… y quiero un país democrático.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla y es miembro del consejo consultivo del observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos.

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