Combate a la pobreza, sin visión a largo plazo

Combate a la pobreza, sin visión a largo plazo

  • Miguel Reyes, académico de la UIA, asegura que la solución es aumentar los salarios de los trabajadores
  • 4 millones 163 mil personas no tienen acceso a seguridad social en el estado, según cifras del Coneval

Ernesto Aroche Aguilar

La reducción de la pobreza en Puebla, dada a conocer por el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas (Coneval), revela un estado asistencialista que difícilmente podrá mantener por largo plazo esos niveles de bienestar sino lograr crear las condiciones para mejorar los salarios.

Esa fue la conclusión a la que llegó Miguel Reyes Hernández, coordinador del Observatorio del Salario Justo (OSJ) de la Universidad Iberoamericana Puebla, después de que Lado B publicara que de acuerdo con datos de Coneval el estado reportó un incremento en la población vulnerable por ingresos.

Situación que, de acuerdo a la metodología del organismo gubernamental, significa un repunte en la población que no cuenta con la capacidad para cubrir sus necesidades básicas pues sus magros ingresos la sitúan por debajo de la línea de bienestar mínimo.

Cuestionado al respecto, Reyes Hernández reconoció que se trata de una política que difícilmente se podrá sostener a largo plazo.

“La única manera de sostener de manera permanente que una sociedad mejore sustancialmente su calidad de vida es a través de su propio trabajo, es decir que a través de su remuneración la población pueda tener un mayor acceso a todos los servicios”.

De lo contrario, apunta, el estado está obligado a aumentar el presupuesto en programas de desarrollo social que compense la carencia de ingresos.

Pero además, señala, “las cifras de Coneval son bastante altas en términos de gente que no tiene acceso a seguridad social –4 millones 163 mil personas- y salud –2 millones 421 mil-, fundamentalmente. Y ha aumentado la gente que carece que la alimentación adecuada –1 millón 589 mil- según los parámetros de Coneval”.

El también responsable del programa del Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión de la Iberoamericana, sostuvo que los resultados demuestran como se ha deteriorado el salario de la población y ejemplificó:

“En el 2005 podías comprar cerca de ocho kilos de tortilla con el salario mínimo, en el 2011 apenas se pueden comprar 5, tres kilos menos en 6 años, y así pasa con la gasolina, con el precio del transporte, eso va reduciendo la capacidad de acceso a la alimentación que es a lo que se dedica el 90 por ciento del ingreso, la gente en el décil más bajo”.

En ese sentido, el OSJ dio a conocer desde marzo pasado que el poder adquisitivo de los ingresos salariales en Puebla ha disminuido en 78 por ciento en los últimos 35 años, mientras que el salario mínimo debería alcanzar los 6 mil 984 pesos apenas se obtienen mil 794 pesos.

Pero además, de acuerdo con el índice elaborado por el OSJ, la brecha salarial en la entidad se incrementó considerablemente, ya que el sueldo más bajo cabe 19.21 veces en el pago más alto. Es decir, el salario mínimo de 56.75 pesos diarios que ganan empleados de comercios, no es comparable con los 1 mil 090 pesos que obtienen ejecutivos de empresas transnacionales.

Bajo salarios no reactivan la economía

El problema de este país, sostiene el investigador, es que los empresarios no han entendido que al aumentar los salarios de los trabajadores no sólo mejora la calidad de vida de sus empleados sino también genera un aumento en el consumo, y por lo tanto en una reactivación de la economía y del mercado interno.

“Diversos especialistas han establecido la necesidad de tener mercados internos más fuertes para evitar los impactos y los vaivenes de la economía global, pero para eso se requiere salarios más altos, pero eso al empresariado no le interesa y al gobierno tampoco le interesa negociar con esas cúpulas empresariales, pues de esa manera mantiene votantes cautivos”.

El académico alertó además que el modelo que se está siguiendo en los Estados Unidos para tratar de contener la crisis están por caer es reducir el gasto en los sistemas de educación y salud, y esa tendencia podría replicarse en nuestro país, esto hará crecer todavía más el porcentaje de la población que carece de esos servicios.

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