• El dirigente estatal del PRI reveló que dos legisladores ya levantaron la mano

Joseline Santos Enríquez

Los diputados locales priístas llevan siete meses de gestión y el dirigente estatal del partido, Juan Carlos Lastiri Quirós, ya les dio el aval para que abandonen su responsabilidad y aspiren a un nuevo cargo de elección popular en los comicios de 2012.

El PRI designará a los candidatos para la Cámara de Diputados y para el Senado hasta el próximo año -según puntualizó el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ranulfo Márquez Hernández, hace unos días- sin embargo dos legisladores ya levantaron la mano para una nominación, reveló Lastiri Quirós.

Aunque se reservó el nombre de los diputados “para evitar especulaciones”, el dirigente partidista refirió que en el tricolor todos tienen derechos políticos y podrán hacerlos valer en las elecciones federales del próximo año, pues “en el PRI no limitan”.

“Claro, yo lo he expresado que en el PRI no hay candidaturas ni vetadas ni endosadas, entonces todo mundo puede participar (…) por eso hay (diputado) propietario y suplente”.

Pese a ello, descartó que exista el riesgo de una desbandada en el Congreso local.

Lastiri Quirós destacó los candidatos serán aquellos que tengan arraigo en las diversas regiones del estado, ascendencia con la ciudadanía, una clara vinculación con la militancia, y sobre todo, nominarán a quienes garanticen resultados positivos.

Organizaciones contra políticos chapulines

El pasado 17 de agosto, la organización “Dejemos de hacernos pendejos” se manifestó frente al Senado de la República para exigir la creación de una ley que impida el “chapulinazo” (políticos que brincan de puesto en puesto sin terminar su gestión).

El movimiento ciudadano consideró que los chapulines obstaculizan el trabajo legislativo, ya que al renunciar a su cargo sus suplentes desconocen los proyectos previamente discutidos y analizados, por tanto las iniciativas que requiere el país no son discutidas a profundidad.

La organización se pronunció a favor de que la reforma política se someta a consulta popular a fin de que los ciudadanos decidan la viabilidad de la reelección de legisladores federales y estatales.