Apizaco es el nuevo Lara Grajales; “aquí la policía nos roba”, denuncian...

Apizaco es el nuevo Lara Grajales; “aquí la policía nos roba”, denuncian inmigrantes

  • Según la CNDH y el Sistema Nacional de Seguridad Pública los municipios poblanos de Lara Grajales, Palmar de Bravo y Acatzingo, siguen siendo focos amarillos, lugares de riesgo para indocumentados centroamericanos
  • Pese a la nueva Ley Migratoria las policías estatales de Puebla y Tlaxcala, así como algunas municipales de ambos estados, continúan realizando operativos ilegales
Joel Merino.

Xavier Rosas

Apizaco, Tlax.- “Aquí nos roban. Cuando bajamos nos roban, nos quitan lo que traemos, lo poco que traemos”, dice Carlos Alberto, hondureño, quien hace dos meses inició su recorrido desde Puerto Cortés a los Estados Unidos para buscar “una felicidad”.

Joel Merino.

Los riesgos a los que se exponen los inmigrantes centroamericanos en su paso por México no es novedad. Carlos también lo sabe, pues para estar en Apizaco tuvo que pasar por Lara Grajales, donde las cruces a un lado de las vías del tren recuerdan el paso de alguien más, alguien que no llegó más lejos.

La “pobreza” del sistema judicial mexicano permite que, pese a la Ley Migratoria aprobada recientemente, las autoridades sigan contraviniendo los convenios y estatutos que norman el “tránsito”, indica Gustavo López, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) e investigador de procesos migratorios.

El tramo ferroviario de Tierra Blanca, Veracruz, a la estación de Lechería, en la Ciudad de México, por el que transita la línea Ferrosur, atraviesa los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. La estación de San Marcos, en el municipio de Lara Grajales, es paso obligado y hasta hace unos años un lugar donde los indocumentados podían hacer una estancia –desde una semana hasta un mes- para “charolear” (pedir dinero en las calles). Esa situación cambió cuando, en octubre del 2008, encontraron a 21 inmigrantes secuestrados en una casa de seguridad.

“Antes era común encontrar a varios (indocumentados) pidiendo ayuda en las calles”, recuerda una vecina de Lara Grajales, ahora son pocos. La delegación Puebla del Instituto Nacional de Migración (INM) ha negado, sin embargo, que en el estado existan zonas peligrosas para los inmigrantes centroamericanos. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) los municipios de Lara Grajales, Palmar de Bravo y Acatzingo son focos amarillos, por ser lugares donde se han registrado secuestros y abusos de autoridad en contra de ese sector vulnerable.

Hoy, la “bajada” obligatoria es en Apizaco, Tlaxcala.

“Aquí me han tumbado los perros”

Mapa línea Ferrosur.

“Eso es lo que no me agrada de aquí en México, los policías de aquí de Apizaco, Tlaxcala. Y si yo hablo esto es porque aquí me pasó, aquí me han tumbado los perros. Aquí ha sido el lugar en el que más dificultades hemos tenido”, cuenta Julio César, también hondureño, de San Pedro Sula.

“Nos dicen ‘párate, esta es una revisión’, y ya si ven dinero nos lo quitan y lo que traemos de valor. También me tiraron del tren, me quitaron setecientos noventa de mi charol que yo saco, de donde yo ando pidiendo. Porque yo lo pido, no lo robo; yo prefiero pedir y no robarlo, pero pinches policías de Apizaco, Tlaxcala son unos rateros”.

Mientras descansan a un lado de las vías el tren, un punto de reunión natural, los inmigrantes ven pasar las camionetas de la Policía Estatal y Municipal. El patrullaje es constante: cada diez minutos más o menos.

“La gente es bien buena gente, nos ha apoyado con una moneda. Más que todo la policía municipal es la que se ha puesto pesada con nosotros y los policías que cuidan el tren; pero la gente no, la gente nos ha apoyado con una moneda mexicana, ropa, comida, zapatos. Si los polis nos ven por el mercado pidiendo una moneda mexicana, nos dicen que nos abramos o que nos llevan. Y a la hora de llevarnos ‘nos tumban’ ahí en medio camino”.

Como es sabido, el “viaje” hacia EU –por el que pagan hasta 4 mil dólares- suele terminar en algún lugar de México. De acuerdo con datos de la CNDH, en 2010 se registró en el país la desaparición de más de 11 mil inmigrantes centroamericanos. De enero a abril de 2011, el INM ha registrado la entrada de 41 mil 954 indocumentados; durante ese periodo, a las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala llegaron 645 extranjeros y fueron deportados 496 a sus países de origen.

“En Córdoba me dijo un poli que si no podía yo bajarme, que él me daba una ayuda a bajarme a la fuerza”, Carlos Alberto, inmigrante de Puerto Cortés.

La noche es cómplice perfecta de quienes, como Julio César o Carlos Alberto, viajan escondidos en las tolvas de los trenes. Amnistía Internacional (AI) ha dicho que “los migrantes irregulares que atraviesan México se ven condenados a una vida marginal, vulnerables a la explotación de las bandas delictivas y los funcionarios corruptos, e ignorados en gran medida por las autoridades que deberían protegerlos de los abusos contra los derechos humanos”.

Joel Merino.

“En Apizaco –señala Gustavo López- se da una extrema vulnerabilidad de los inmigrantes por parte de los cuerpos policiacos, quienes constantemente los están acosando y extorsionando. Pero también existe por parte de la sociedad una organización civil, una estructura que ha derivado en la constitución de un albergue que ha permitido a veces tener hasta 120, 150 personas dándoles refugio, permitiéndoles reponerse”.

Organizaciones no gubernamentales como Frontera con Justicia y Casa Belén Posada del Migrante, así como la propia CNDH, han denunciado la colusión entre bandas delictivas y autoridades.

“Los malditos policías hijos de su puta madre nos roban; los perros aquí nos roban, los perros de Apizaco, Tlaxcala”, Julio César, indocumentado de San Pedro Sula.

La ausencia de una regulación jurídica para saber quiénes tienen atribuciones para detener y llevar a cabo las revisiones a los indocumentados centroamericanos permite que cualquiera lo haga “en plena contradicción con la exigencias que se le hacía al sistema de justicia en Estados Unidos, donde se planteaba que sólo la policía de migración podía tener estas funciones y no las policías estatales o federales, como era el conflicto en Arizona y ahora en otros estados”, señala López.

Xavier Rosas.

El catedrático reconoce que los inmigrantes “están expuestos continuamente a los retenes que realiza tanto migración, como la policía federal o las policías estatales; que estas últimas han desarrollado labores cual si fueran policías de migración y lo mismo que cuestionábamos a las reformas migratorias de Arizona, ocurre en México”.

Extorsión de autoridades de Puebla y Tlaxcala

En junio de 2009, el nuevo punto de descanso de los inmigrantes centroamericanos llamó la atención de organizaciones civiles. El sacerdote Pedro Pantoja Arreola, de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, a nombre de las organizaciones civiles Frontera con Justicia y Casa Belén Posada del Migrante, denunció la violación de los derechos humanos de indocumentados centroamericanos y las agresiones que sufren: “Apizaco es uno de los puntos negros y más crueles en cuanto a la persecución de migrantes, que forma parte de la ruta de los centroamericanos mas pobres”.

“(Los agentes de migración) sólo nos retienen, nos mandan a nuestro país,  pero no nos tratan tan mal como los polis de aquí”, Julio César, inmigrante hondureño de San Pedro Sula.

Joel Merino.

El presidente municipal de Apizaco, Alex Ortiz Zamora, salió en defensa de sus elementos de la policía municipal: “nosotros no somos vigilantes de los migrantes, no somos una policía dedicada exclusivamente al cuidado del paso de la gente, hay una delegación federal que se llama Migración que se encarga precisamente de esta problemática y en ese sentido nosotros hemos venido trabajando no solamente con migración, sino con los municipios conurbados por donde pasa el ferrocarril”. En 2008, sin embargo, él mismo solicitó un informe pormenorizado sobre los cuerpos policiacos locales y reconoció que se tomaban atribuciones propias del INM.

En 2010, Gustavo Rodríguez, sacerdote de la Parroquia de la Asunción de Puebla, que también atiende a indocumentados centroamericanos, informó que en las redes del crimen organizado también están involucrados elementos de la policía estatal.

 

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