Foto tomada de Pie de Página

Roberto Alonso

@rialonso

El país ha cambiado en un año. Difícil aquilatar en cuántos grados aún y, sobre todo, si el giro se acentuará, se mantendrá o se ajustará, pero tengo para mí que sería mezquino no reconocer en este primer año de gobierno, por ejemplo, una preocupación por atender a sectores de la población olvidados en sexenios anteriores, terminar con la corrupción en su faceta de desvío de recursos y recuperar el sentido ético en la política.

Clientelismo aparte, no porque no importe sino justamente para no perder de vista la relevancia de blindar de dicha lógica la política social, no es menor la redistribución del presupuesto para apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y estudiantes: casi 20 millones en total. Tampoco es menor el aumento al salario mínimo en 16%, como no había ocurrido en más de 30 años, y que en esta perspectiva se haya prohibido la condonación de impuestos, una facultad con la que los dos anteriores presidentes perdonaron 273 mil 778 millones de pesos a personas morales y físicas.

Paréntesis: son una buena noticia las reglas de operación anunciadas a finales de noviembre para los programas estrella de la 4T, en el entendido de que el diseño de un buen programa social comienza con la consideración de reglas de operación para evitar cualquier desvío y asegurar su objetivo.

Una línea del mensaje de Andrés Manuel López Obrador, este 1 de diciembre en el zócalo, resume el valor de la reorientación de los recursos en un contexto adverso que da cuenta de uno de los pendientes de esta administración: “todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza”, resumió.

Por otra parte, sería irresponsable asumir que todo va bien y que el cambio es el esperado en todos sentidos; creer a ciegas que el conjunto de decisiones de la 4T está orientado por una brújula de honestidad, democracia y humanismo –como lo afirmó el presidente en su discurso– y, en el peor de los casos, tornar en principio que toda crítica es signo de conservadurismo. Bastante consenso, suscrito incluso por López Obrador, hay en torno a las grandes deudas de su gobierno: la falta de crecimiento económico y la violencia que no cesa.

Alrededor del reto del crecimiento económico adquiere centralidad el acuerdo de inversión en materia de infraestructura, dado a conocer la semana pasada, por más de 859 mil millones de pesos. Esta inyección de la iniciativa privada pretende reactivar la economía y superar el estancamiento. La violencia y la inseguridad que le acompaña, no obstante, no pinta para virar hacia un derrotero de pacificación. A medida que avanza el último trimestre del año, lo que en septiembre se perfilaba en el marco del informe de gobierno es prácticamente una realidad: este año, 2019, será el más violento del que se tenga registro.

El presidente está convencido en su estrategia de seguridad, cuyo componente central es la política social y con ella la atención del paquete de causalidades que provoca la violencia: el desempleo, la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades para los jóvenes. El diagnóstico no parece ser impreciso, sin embargo, lo que sí parece soslayarse es que el asunto del crimen organizado es una cuestión de orden global, frente al que una política doméstica es insuficiente. Está claro que los niveles de violencia no son nuevos y que era previsible esta tendencia; así, lo que también se va dilucidando es que la trama es compleja, por lo que compleja tendría que ser la solución.

Más allá de estas asignaturas pendientes, un aspecto que igualmente preocupa es la polarización del debate público y, con este, la discusión política sin una oposición articulada en torno a un proyecto que trascienda la animadversión a López Obrador. Las movilizaciones de este domingo, incluida la del zócalo de la Ciudad de México, dan cuenta de los extremos de la división: una mayoría que le apoya sin reservas, como es notorio en redes sociales –particularmente durante y a partir de sus mañaneras–, y grupos ciudadanos junto con actores políticos a quienes les aglutina un rechazo más que un planteamiento armónico que dé rumbo.

En lo que concierne a la esfera política, en clave democrática, no dejan de alarmar casos como la expansión de la esfera de actuación del Ejército, la vulneración de los contrapesos institucionales, la descalificación generalizada a la sociedad civil, la estigmatización de la prensa crítica en un contexto de violencia hacia los periodistas, la Ley Bonilla, la Ley Garrote, la ilegal designación de la nueva titular de la CDNH, el razonamiento que antepone la honestidad independientemente de la capacidad en tareas de regulación de ciertos sectores, así como las iniciativas que se han presentado y podrían dañar la autonomía del INE, por mencionar algunas afrentas en este ámbito.

Por último, inquieta la figura omnipresente del presidente, como la calificó El País en su editorial del 30 de noviembre, que opaca cuando no obstruye el desempeño de otras instituciones, incluidas las de su gobierno. Con 252 mañaneras, López Obrador ha concentrado el poder en sí mismo y, más aún, en una parte de sí mismo: su palabra. Es lo que dice lo que no solo acentúa la polarización y el conflicto político, sino un encono social que en mal momento prendería con una sola chispa.

No viene mal tener presente en los tiempos de la posverdad uno de sus correlatos: el posliderazgo, que en la reflexión de Fernando Vallespín es aquello que ocurre cuando los líderes se dejan llevar por las emociones que ellos mismos desatan y que luego son incapaces de administrar.

Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.