Lado B
¿La oportunidad que no fue?
A pesar del esfuerzo legislativo para conducir un proceso de designación en mejores términos, la nueva ombudsperson tomó posesión en medio de críticas
Por Roberto Alonso @rialonso
11 de noviembre, 2019
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Foto: Marlene Martínez

Roberto Alonso

@rialonso

El Congreso de Puebla eligió a José Félix Cerezo Vélez para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) por los próximos cinco años. A pesar del esfuerzo legislativo emprendido para conducir un proceso de designación en mejores términos que en el pasado, la nueva ombudsperson tomó posesión en medio de críticas e impugnaciones.

Los señalamientos alrededor de esta decisión no son menores pues afectan la legitimidad de origen, la cual aporta credibilidad institucional y ayuda a blindar los procesos de designación con confianza social y política. Así, aunque la legitimidad de origen proviene esencialmente de un acceso al poder apegado al cumplimiento de la ley –en este caso de los requisitos de la convocatoria para las y los aspirantes al cargo deombudsperson–, el contexto de crisis y captura institucional que ha asolado a los organismos autónomos y a los contrapesos democráticos obliga a robustecer los aspectos legales con criterios adicionales, aún más cuando los primeros no propician una valoración completa y profunda.

La otra cara de la legitimidad política es la de ejercicio o desempeño, sobre la que se ha pronunciado el propio Cerezo Vélez al declarar que la CDH no será una oficialía de partes: actuará de oficio cuando sea necesario y no protegerá a nadie, refiriéndose a las autoridades bajo su vigilancia. “Lo que se tenga que hacer se va a hacer”, respondió a la prensa tras rendir protesta en el Congreso local. Se trata de una legitimidad a posteriori, de ahí que resulte relevante generar aprendizaje en torno a la legitimidad a priori, esa que queda en manos de tomadores de decisiones como las y los legisladores.

Guardadas las distancias, porque en el Senado parece haberse alterado la regla básica de la votación –a fin de obtener una mayoría calificada para nombrar a Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la CNDH–, el Congreso de Puebla también se quedó corto a la hora de construir legitimidad de origen.

Naturalmente, decisiones como esta son objeto de conflicto político partidista, pero sería un error reducir la discusión a este plano y perder la posibilidad de aprender para corregir y mejorar. Si bien a esta legislatura no le corresponderá elegir nuevamente a una ombudsperson, sí será responsabilidad suya optar por una nueva persona para el pleno del instituto de transparencia, en sustitución del comisionado Carlos Loeschmann.

En tal dirección, conviene separar el proceso de la designación, esto es, la manera en cómo transcurre el entramado de decisiones para llegar a la decisión final, que en buena medida termina siendo un paso menor cuando el proceso camina realmente sobre cauces de apertura, transparencia y participación social. Desde esta triple referencia, el proceso de designación para la CDH fue uno deficitario. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso hizo un esfuerzo para escuchar voces de la sociedad interesadas en acompañar el proceso y ampliar la evaluación a un conjunto de atributos adicionales a los establecidos en la convocatoria. No obstante, tanto esta instancia como la Junta de Gobierno y Coordinación Política pudieron haber hecho más.

Apertura y transparencia no equivalen solamente a dialogar con actores sociales interesados y realizar sesiones a puertas abiertas. Apertura y transparencia implican, sobre todo, máxima publicidad, algo de lo que adoleció el proceso. Hubo, en efecto, comparecencias públicas y estas se transmitieron en vivo en internet, fueron públicos los resultados de la valoración de las diputadas y el diputado integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Sin embargo, no fueron públicos los expedientes de las y los aspirantes y tampoco lo fueron los mecanismos de evaluación. Un micrositio pudo haber servido para concentrar allí toda la información, la documentación, la metodología y, particularmente, las razones públicas de cada decisión.

Por lo que toca a la designación de Cerezo Vélez, llaman la atención dos elementos: su experiencia previa y su desafortunada visita al Congreso el día de su elección con declaraciones fallidas y contradictorias. Es cierto que el nuevo titular de la CDH se desempeñaba como director general de la Segunda Visitaduría General de la CNDH desde enero de 2015, e igualmente cierto es que su mayor experiencia es en materia electoral, colaborando en el hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante más de 10 años y como asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral durante más de seis años. Él mismo, a finales de 2014, antes de entrar a la CNDH, intentó convertirse en el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y recalcó durante su comparecencia en el Senado contar con 30 años de experiencia en materia penal y electoral.

El pasado 6 de noviembre, el día que fue votado por una mayoría calificada de 29 diputadas y diputados, Cerezo Vélez se apersonó en la sede del Congreso de manera sospechosa, no contribuyendo sino a aumentar los cuestionamientos de su elección. Aquí el diálogo de su tropezada visita:

JFCV: Me citaron y me dijeron que ya se terminó.

Reportero: ¿Para qué lo citaron entonces?

JFCV: Pues que viniera, y llego, y ya se suspendió la sesión…

Reportero: ¿Quién le comunicó que se presentara?

JFCV: Nadie me comunicó, yo…

Reportero: Pero usted está diciendo en este momento que lo llamaron.

JFCV: No, que venía a ver la sesión.

Al día siguiente fue abordado otra vez por la prensa y lo interrogaron sobre la despenalización del aborto y la legalización de los matrimonios igualitarios. Acerca del primer debate evitó manifestar su parecer, mientras que en torno al segundo acotó que revisaría la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad por la negativa del Congreso a reconocerlos. Claramente, en estas discusiones públicas se juega la legitimidad de desempeño de una institución defensora y protectora de los derechos humanos, al igual que a la hora de enfrentar el abuso del poder por más cercanía que pueda haber con el mismo.

*Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.

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Autor Lado B
Roberto Alonso
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Puebla y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.
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