Suprema Corte de Justicia de la Nación / Foto tomada de Wikipedia

Juan Manuel Mecinas

Muchos se preocupan porque Andrés Manuel López Obrador proponga a los ministros de la Corte en un número que ponga en riesgo la independencia judicial. El presiente de la Suprema Corte de Justicia ha salido a defender la autonomía de su tribunal retando a que se demuestre que la Corte ha dictado alguna sentencia alejada de esa autonomía.

En su columna de este lunes en Reforma, Jesús Silva Herzog-Marquez critica la respuesta de Zaldívar y su artículo en Milenio –de hace algunos meses– donde el presidente de la Corte refería que esta debía escuchar a las urnas, en relación a las elecciones de junio del año pasado en las que Morena y López Obrador arrasaron.

Silva tiene una visión de la Corte que no necesariamente es la correcta. Olvida que el panismo (Fox y Calderón) impulsó al menos a ocho ministros durante los 12 años que gobernó. ¿Por qué entonces no había autoritarismo ni el riesgo que hoy muchos perciben? En ese punto, Zaldívar tiene toda la razón al preguntar dónde estaban antes quienes hoy se preocupan por la autonomía de la Corte. En otras palabras, parece que no les desagradaba la idea de que ministros conservadores como Pardo, Pérez Dayán o Gutiérrez ocuparan un lugar en la Corte, pero sí que lo ocupe alguien propuesto por López Obrador. Es decir, que ven un peligro en que el presidente controle a la Corte, cuando otros vemos un riesgo en tener una Corte con una visión retrógrada en algunos temas como el aborto, la regulación de drogas o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por supuesto que esto no significa que López Obrador tenga un cheque en blanco. Lo único que se afirma es que tiene el derecho a proponer, como todos los presidentes anteriores. Y ese no es un riesgo, sino solo una dinámica normal de un régimen democrático. Algunos olvidan que durante el periodo de Calderón llegaron a la corte cuatro ministros y de ellos solo un progresista –Zaldívar–.

En este sentido, no hay que olvidar que la Corte es más o menos autónoma, según lo quieran sus miembros. Aunque a Zaldívar lo propuso Calderón, el ahora presidente de la Corte no permitió la intromisión de Calderón a través de su secretario de gobernación en el caso de la guardería ABC. Por eso, Zaldívar pregunta dónde estaban esos defensores de la Corte cuando –ahí de forma indudable– esta era atacada desde un ejecutivo que había nombrado –junto con su antecesor panista– a la mayoría de miembros de la Corte.

Si la Corte debe o no escuchar a las urnas es un aspecto mucho más discutible, pero que no es tan claro como lo quiere proponer Silva-Herzog. La Corte ha sido parte de un sistema en el que el ciudadano se siente excluido y vilipendiado si es que se afectan los intereses de ciertos grupos de interés. El caso de Medina Mora es paradigmático. Ya que, no escuchó las urnas, las que decían que no se  quiere más corrupción, no importa el nivel. Y en ese caso, parece necesario que la Corte escuche al ciudadano que no solo se expresa en las urnas, sino en distintas plataformas. Una Corte abstraída de la realidad no es deseable. Jesús Silva-Hergoz tiene razón en que no debe impulsar la agenda de una determinada facción política, pero también habría que decir que su activismo contra agendas políticas mayoritarias que respeten minorías tampoco es deseable. Ni una Corte sorda ni una Corte intervencionista. No es deseable ni lo uno ni lo otro. La Corte necesita más legitimidad, pero eso no se la da la persona que nombra a sus miembros. Son sus resoluciones; solo sus resoluciones.