Lado B
#3M: Nada que celebrar
México enfrenta un reto para lograr la libertad de prensa. Mientras no existan condiciones mínimas para su ejercicio tenemos muy poco o nada que celebrar
Por Cuauhtémoc Cruz @cuau_cruz
06 de mayo, 2019
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Foto tomada de PxHere

Cuauhtémoc Cruz Isidoro

El 3 de mayo es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en su artículo 19, que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En ese sentido, este día, señala la ONU, es una oportunidad para: a) celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; b) evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo; c) defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia, y d) rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

En México, si bien en los últimos años hemos tenido un avance en el proceso de democratización de los medios de comunicación y el reconocimiento de los derechos humanos, aún vivimos bajo un panorama sumamente crítico para la libertad de expresión, particularmente en el tema de la seguridad.

El Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, elaborado por el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el año pasado, señala que:

“La delincuencia organizada ha generado formas híbridas de intromisión en el periodismo, y ha sembrado así la división y la desconfianza entre los periodistas, y entre estos y las autoridades locales. Algunas regiones del país son “zonas silenciadas”, es decir, áreas sumamente peligrosas para el ejercicio de la libertad de expresión, donde los periodistas no solo se ven limitados en cuanto a lo que pueden publicar, sino además obligados a difundir mensajes de dichas organizaciones delictivas.

Este ataque expansivo contra los periodistas y el periodismo representa hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México”.

Para muestra de este escenario, aquí una recapitulación de algunos datos. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 elaborada por Reporteros Sin Fronteras, México se colocó en el lugar número 144 de 179 países evaluados. Cabe señalar que, si bien “subió” 3 posiciones con relación al año anterior, para RSF, nuestro país:

“Sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los medios de comunicación. Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo los gobiernos locales) o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones; pueden ser asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país; muchos otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo. La impunidad, que se explica por la corrupción generalizada que reina en el país, alcanza niveles récord y alimenta el círculo vicioso de la violencia”.

Asimismo, en el Índice de la Libertad de Prensa más reciente de la organización Freedom House, México fue calificado como uno de los cinco países “No libre” en América Latina junto con Cuba, Honduras, Venezuela y Ecuador.

En cuanto a estudios más locales, de acuerdo con el Informe anual 2018: Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, presentado por Artículo 19 hace unas semanas, durante 2018 se registraron 544 agresiones contra la prensa; esto es, casi 1.5 agresiones de manera diaria, donde el principal agresor son los funcionarios públicos. Puebla se colocó como el tercer estado con más número de agresiones al reportar 45, y el segundo con más número de agresiones en el contexto electoral 2018.

Finalmente, el Informe Herencia de un sexenio: simulación y desplazamiento, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), da cuenta de que durante el sexenio anterior se registraron 422 casos de violencia contra mujeres periodistas, ocupando Puebla el tercer lugar con 37 casos.

No olvidemos que dos de los 100 puntos expresados por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su toma de protesta tuvieron que ver con el compromiso a respetar “la libertad de expresión; nunca el gobierno aplicará censura a periodistas o medios” (punto 90) y a garantizar “la libre manifestación de ideas y de creencias religiosas y la libertad de prensa”.

Sin embargo, resultan preocupantes las declaraciones de algunos actores políticos como la Senadora de Morena por Coahuila, Eva Eugenia Galaz, quien durante una conferencia de prensa exclamó que los periodistas “parecían retrasados mentales”, o las propias del presidente al advertir a los periodistas que cubren las mañaneras que “si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede”, además de los ya clásicos motes de “prensa fifí” o “prensa conservadora”.

En su libro Los Periodistas, Vicente Leñero atribuye a Enrique Maza las siguientes palabras:

«La libertad de prensa no es una actitud tolerante del Estado, que permite la publicación de más o menos cosas. No es una concesión graciosa del gobernante en turno. Es algo mucho más profundo. Es una auténtica relación entre la teoría y la praxis. Es la comunicación que permite enjuiciar las órdenes, las leyes y las conductas del Estado, a partir de su incidencia práctica y racionalizar críticamente los comportamientos ordinarios».

La libertad de prensa es un pilar del sistema democrático. Su garantía no sólo permite la libre expresión de las y los periodistas, sino que forma un elemento clave en el derecho a la información de la sociedad. México está ante un reto enorme para lograr garantizar este derecho humano. Mientras no existan las condiciones mínimas para un ejercicio libre, tenemos muy poco o nada que celebrar.

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Autor Lado B
Cuauhtémoc Cruz
Cuauhtémoc Cruz Isidoro, comunicólogo por la IBERO Puebla y maestrante en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente es responsable de Comunicación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y es Secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla). Se ha especializado en derecho a la información. Chiva y blaugrana de corazón.
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