Tomada de facebook.com/COMUNICACIONALTERNATIVAIXEM

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El autobús en el que se transportaron habitantes de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz opositores al proyecto hidroeléctrico Coyolapa–Atzalan fue quemado por sujetos armados que detuvieron su camino y bajaron a los dos choferes, únicos ocupantes de la unidad en ese momento.  

Los hechos sucedieron el viernes 9 de febrero al término del viaje de regreso a sus lugares de origen después de haber ido a la ciudad de México, donde se manifestaron afuera de la Secretaría de Energía (Sener) para solicitar una mesa de diálogo y exponer sus razones para la cancelación de la hidroeléctrica.

En la movilización participaron integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán junto con habitantes de los tres municipios referidos, quienes llevan casi dos años de lucha contra el proyecto Coyolapa–Atzalan, impulsado por Minera Autlán.

Para dicha movilización rentaron un autobús de la línea AU (Autobuses Unidos), que después de dejar a los últimos pasajeros en Tlacotepec fue detenido por sujetos armados a bordo de una camioneta Ford Lobo doble cabina color negro, que le cerró el paso en el tramo Alcomunga-Eloxochitlán, en la parte colindante entre Tlacotepec y Zoquitlán.

Los sujetos encapuchados y armados obligaron a los choferes y luego prendieron fuego al autobús, de acuerdo con testimonios.

Aunque el daño material fue directo a la empresa AU, que ya interpuso una denuncia por la quema del camión, las organizaciones opositoras prevén interponer otras.

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Desarticular la resistencia

Martín Barrios, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, dijo en entrevista para LADO B que la quema del autobús fue para mandarles un mensaje muy fuerte de parte de los presidentes municipales de Zoquitlán, Fermín González León y de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Cirilo Trujillo Lezama, que “están desesperados porque no han podido poner la hidroeléctrica”, pese a que, aseguran las organizaciones, han recibido dinero de Minera Autlán para presionar y agilizar su instalación.

Barrios aseguró que los choferes identificaron a sus atacantes como “gente del presidente de Tlacotepec”, a quien ya se le ha acusado antes de ataques y amenazas contra quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico.

Las radios comunitarias de dos municipios –Radio Tlacuache de Zoquitlán y Radio Tlayole de la Cumbre, en Tlacotepec– también han sido víctimas de ataques y campañas negras por difundir información referente al proyecto hidroeléctrico.

A finales de noviembre de 2016 Radio Tlayole sufrió un ataque en el que una persona fue herida de bala en el pecho; por esa agresión detuvieron a un hombre reconocido por su vínculo directo con el presidente municipal Cirilo Trujillo Lezama.

“Lo entendemos (la quema del autobús) como un mensaje muy violento para desarticular la resistencia que existe”, aseguró Barrios, quien desde 2016 junto con otros defensores y pobladores han denunciado que el proyecto hidroeléctrico podría tener consecuencias negativas como despojo de tierras y privatización del agua.

Las organizaciones exigen que esta acción que califican “de terror” tenga un costo político y Trujillo sea vetado para la candidatura a la diputación del distrito de Ajalpan por la coalición Morena-PT, cargo por el cual quiere competir.

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Incluso las organizaciones en resistencia, previo a este hecho, aprovecharon la visita de Andrés Manuel López Obrador y Miguel Barbosa a la Sierra Negra, el pasado 4 de febrero, para entregarles una denuncia por escrito contra Fermín González León y Cirilo Trujillo Lezama, acusándolos de operar para Minera Autlán en la región.

Barrios dijo que además Fermín González ha estado hostigando al inspector de la comunidad de Pozotitla para que acepte el proyecto, y su familia ha invadido y destruido campos de cultivo de maíz y frijol con la presencia de sus animales.

Conflicto social

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán advirtió que Minera Autlán, aun sin haber iniciado la construcción de la hidroeléctrica, ya ha provocado una situación de conflicto social muy grande en la zona.

“Ha logrado desafortunadamente llegar al tema de confrontación entre familias, los que resisten y los que ambicionan el espejismo de los supuestos beneficios de la hidroeléctrica”.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México (2016) realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Puebla ocupaba hasta ese año el tercer lugar nacional en número de agresiones a personas defensoras del medio ambiente.

El primer lugar lo ocuparon Sonora y el Estado de México, con 12 casos, seguidos de Oaxaca, con 6, y de Puebla, con 5.