Tomada de hermanosenelcamino.org/

Karen de la Torre

@karelampia

En 2014 comenzaron las acciones que prohibieron a los migrantes utilizar los ferrocarriles para atravesar el territorio mexicano y llegar a los Estados Unidos. Como consecuencia en los albergues, ubicados estratégicamente cerca de las vías del tren, disminuyeron los registros. Y sin registro el migrante es invisible.

Jessica Cárdenas Canuto, encargada del albergue “Hermanos en el Camino” en Ixtepec, Oaxaca y atendido por el padre Alejandro Solalinde, plantea que justamente la falta de registros certeros coloca a las personas que ingresan al país sin los documentos migratorios idóneos en una situación de máxima de vulnerabilidad.

“Son invisibles, entonces, la condición de invisibilidad frente a la sociedad los coloca en una situación de extrema vulneración frente a las autoridades y el crimen organizado: cualquier delito del que puedan ser víctimas, especialmente si es un delito que cometen las autoridades, los deja en total indefensión. Es la situación ideal de la impunidad”, refiere la defensora de los derechos de las personas migrantes.

De acuerdo con las cifras del albergue Hermanos en el Camino, el número de denuncias de delitos cometidos contra la población migrante aumentó en un 1400% del 2013 al 2016, al pasar de 50 a 748

El fenómeno puede explicarse por las políticas públicas tanto locales (del gobierno del estado de Oaxaca), como federales: el programa, denunciado cientos de veces por especialistas en el tema de migración, Frontera Sur.

Frontera Sur se implementó en el 2014 y desde entonces las autoridades gozan de cierta libertad para dar a migrantes tratos inhumanos y persecución, aunque en el papel el programa habla de protegerlos y de ejecutar acciones de seguridad en las zonas de su paso.  

Los atropellos del programa Frontera Sur se suman a la pobre procuración de la justicia. Si bien en el 2011 el Congreso del estado de Oaxaca se preocupó por crear la Fiscalía Especializada para la atención al migrante, la funcionalidad de la misma es cuestionable para activistas que, como Jessica, están en contacto con la problemática día a día:

“Es una fiscalía hueca, de papel, que no sirve. En lo que va del año, hemos acompañado a más de 50 migrantes para que denuncien los delitos de los que fueron víctimas y de esas sólo 12 se han llevado a inspección ocular, y eso gracias a la presión del albergue. El agente nos llegó a decir que no hay recursos, que el gobierno no ha bajado los recursos para la gasolina, y están poniendo la gasolina de su bolsillo”.

La Fiscalía fue creada para una “mayor eficiencia en la investigación de los delitos del orden común de que son víctimas los migrantes, así como a estimular las estrategias y acciones dirigidas al desarrollo de una cultura eficaz de prevención del delito y de respeto de los derechos humanos de los migrantes”, se lee en el acuerdo oficial.

En contraste, Jessica explica que “prácticamente no hay interés: si el gobierno estatal no le toma importancia a la situación pasa esto, quita personal, quita recursos. Esta fiscalía es una fiscalía hueca y ¿cómo puede funcionar una fiscalía así?”

El albergue ha denunciado de manera reiterada que a la Fiscalía le hacen falta peritos, a decir de los activistas la Fiscalía ni siquiera cuenta con uno en Psicología. Tampoco hay atención para las personas migrantes, ni qué hablar sobre asesoría jurídica.

“Los expedientes que tienen aquí sólo están integrados por la denuncia -dice Jessica-. No hay ni inspección ocular ni retrato hablado; y cuando ellos quieren hacer al fin las diligencias, los compañeros ya no están aquí y no es por cuestión de tiempo porque los compañeros pueden pasar hasta tres meses en el albergue y en esos meses nunca hicieron la prueba de inspección ocular. La última vez que vinieron a preguntar por las víctimas, estaban buscando gente que había estado aquí hace un año.”

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Sin acceso a la justicia ni a la atención médica

De acuerdo con información difundida por el albergue, a propósito de una rueda de prensa realizada el pasado 16 de febrero para denunciar violaciones a los derechos humanos de personas migrantes, como la falta de acceso a la justicia y a la atención médica, en la fiscalía especializada de Chahuites cobran y venden denuncias a migrantes para que obtengan un oficio de salida y así moverse por el país.

En el boletín difundido, el albergue también denuncia que en cuanto a atención médica, la población migrante padece “un contexto de discriminación generalizado”.

“Tras un accidente ocurrido en el tren, un joven guatemalteco tuvo que acudir de urgencia al hospital de Ciudad Ixtepec. Contaba con el seguro popular, que el albergue tramitó. Después de una estancia de poco más de una semana, sin haber recibido la visita del cirujano, decidió firmar su alta voluntaria e irse, sin su expediente médico ya que la administración del hospital no quiso entregárselo. Unos días después, el cirujano del hospital llamó al albergue para anunciar una fecha de operación, lo cual significaba que ni siquiera se había dado cuenta de la salida de su paciente”.

Bellos discursos alejados de la realidad

En enero del 2017 Miguel Ángel Osorio Chong señaló en una reunión con representantes de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se estaba trabajando en la frontera Sur para darle fortaleza a la sociedad centroamericana.

Cinco meses después, en junio del 2017, México fue sede de la 47 Asamblea General de la OEA y ahí Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, aprovechó el micrófono para declarar que la migración sería un tema principal en la agenda del gobierno federal.

Este año finaliza la vigencia del Programa Especial de Migración, que se veía prometedor pues tomó como ejes el “fomento a una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración”; “la incorporación del tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local”; “la consolidación de una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana”; “el favorecimiento de los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus familiares”; y el “fortalecimiento del acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus derechos”.

Que el gobierno mexicano garantice la seguridad y el acceso a la justicia para las personas migrantes es una recomendación repetida por organizaciones y organismos nacionales e internacionales, que sigue pendiente de resolver.

De las cifras internas del albergue Hermanos en el Camino, a quienes más denuncian los migrantes es a elementos policiales (municipal, estatal, federal y ministerial) y lo hacen por extorsión y por abuso de autoridad.

“Muchas veces ellos no denuncian porque no tienen confianza en las autoridades mexicanas, con mucha razón, pero también se puede entender esto desde el contexto de violencia de su propio país: no hay justicia. Para ellos si van y levantan una denuncia, eso les podría causar hasta la muerte. Que ellos vengan aquí y puedan levantar una denuncia ya es todo un logro, pero ¿qué pasa?, cuando ponen la denuncia no sucede nada, se queda totalmente en la impunidad la violación a sus derechos y las vejaciones de las que son víctimas. Entonces hay secuestros, desapariciones, trata de personas migrantes (…)”, denuncia Jessica Cárdenas.