Andrea Olea | Pikara Magazine

“Llegué a Líbano con 22 años. La familia que me asignaron me imponía un horario de cinco de la mañana a ocho de la tarde, los siete días de la semana, por 125 dólares al mes. No me dejaban salir de la casa. Madame me pegaba por nimiedades como no haber limpiado bien las ventanas. Apenas me daban de comer. Compraba hígado y me lo comía crudo para no desmayarme de hambre. Me permitían llamar a mi familia en Madagascar una vez al mes”. Linah* mira a su alrededor antes de contar su historia en voz baja. Su boca trata a ratos de esbozar una sonrisa, pero un ligero temblor delata el dolor del recuerdo de su primera experiencia laboral en el País del Cedro. Ocho años después, no hay final feliz: su empleo actual como interna a cargo de una anciana dependiente es parecido al inicial. “Los insultos que recibo, cómo me tratan… Me siento dolida y muy, muy cansada”.

Unas 250.000 mujeres extranjeras, procedentes de países como Filipinas, Etiopía, Madagascar o Sri Lanka, trabajan como empleadas domésticas en Líbano, un país de seis millones de habitantes. Sus siluetas forman parte del paisaje levantino: cargadas con bolsas de la compra por las cuestas interminables del barrio cristiano de Achrafieh en Beirut, llevando de la mano a niños que no son los suyos por el paseo marítimo de Trípoli, tras la puerta de cualquier casa de Bcharreh, con el uniforme de faena, la cabeza gacha y la mirada huidiza, solas o siguiendo como una sombra a sus patrones.

La historia de Linah ilustra la de miles de chicas contratadas mediante el sistema de Kafala (de tutela o patrocinio), un mecanismo laboral originario de los países del Golfo y plenamente asentado en Líbano, por el cual el empleador se convierte en el avalista de su empleado extranjero y responde por él mientras dure el contrato. Sin embargo, las restricciones draconianas que lleva parejo, como la prohibición de cambiar de trabajo o de abandonar el país si no es con el consentimiento explícito del patrocinador, desembocan en una situación de vulnerabilidad absoluta que da pie a todo tipo de abusos. En el caso de las empleadas domésticas, los problemas se resuelven, literalmente, de puertas para dentro.

Desesperación

Los atropellos cometidos contra estas mujeres empiezan desde que ponen un pie en el aeropuerto de Beirut. Según un estudio de la ONG contra la explotación femenina KAFA (‘Ya basta’, en árabe), hasta un 88 por ciento ven confiscado su pasaporte por los empleadores, que pretenden así evitar cualquier intento de huida. A partir de ese momento, la trabajadora llegada por la vía legal al país se convierte de facto en una inmigrante sin papeles.

Foto: Stanislas Poyet

Esta costumbre, sumada a que su profesión ni siquiera está incluida en el Código de Trabajo libanés y a que las autoridades las obligan a residir en casa del patrocinador, supone una barra libre para la explotación: horarios de sol a sol por sueldos que oscilan entre los 100 y los 300 dólares mensuales de media, prohibición de abandonar la casa incluso en su día libre (cuando lo tienen), impago de salarios, maltrato físico, agresiones sexuales… los casos documentados por las organizaciones proderechos humanos locales componen un muestrario de horrores.

Su situación llega a ser tan desesperada que huir se impone a cualquier precio… incluso el de la propia vida. En marzo de este año, la televisión Al Jadeed difundía un vídeo grabado con móvil en el que se veía a una trabajadora migrante lanzándose al vacío desde un edificio en el sur de Beirut. En junio, una breve nota en el diario The Daily Star anunciaba las muertes de otras dos empleadas domésticas: una al precipitarse desde una terraza y otra, ahorcada colgándose de un árbol. Aunque la información se difunde con cuentagotas, los datos de mortalidad en el sector son estremecedores: según cifras del Ministerio de Interior a los que accedió la agencia IRIN News, dos trabajadoras domésticas migrantes fallecen cada semana por causas no naturales; el doble que hace diez años. Algunas mueren tratando de escapar, la mayoría simplemente se suicida cuando ya no aguanta más.

“En Líbano no existe ley que las ampare, por lo que el sistema de Kafala se convierte en una forma de esclavitud moderna. Pertenecen al empleador”, explica Elssy Karaoghlanian, asistente social en KAFA. “Sus opciones no son muchas: o tirar a su jefe por la ventana o tirarse ellas”, ironiza con amargura. Su ONG, una de las más activas en la defensa de las trabajadoras migrantes en el país, lleva años luchando por la eliminación de este mecanismo y exigiendo que sean incluidas en el Código Laboral.

Aunque el sistema de patrocinio de mano de obra migrante funciona en muchos sitios, “el problema en esta región es la relación asimética de poder que se establece entre el empleador y el empleado”, recuerda Sophia Kagan, abogada y consultora jefe del Proyecto Fairway en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recordando que Líbano y los Estados del Golfo dieron luz verde en 2011 al Convenio 189 de la OIT para el trabajo digno en el empleo doméstico… aunque seis años después, ninguno de ellos lo haya ratificado.

Productos en vez de personas

Los relatos de malos tratos, explotación y violaciones de los derechos humanos son un secreto a voces en el país, pero buena parte de la sociedad libanesa mira hacia otro lado y las autoridades hacen caso omiso de las denuncias. “Cuando interpelamos al Gobierno, nos dice claramente que este asunto se encuentra al final de su lista de prioridades”, lamenta Karaoghlanian.

Si la regulación no interesa a los responsables políticos, menos aún a las agencias de colocación. KAFA calcula que existen unas 600 en todo el país, empresas que se hacen de oro captando a las trabajadoras en los países de origen y ejerciendo de intermediarias para la contratación. El coste de sus servicios pueden alcanzar los 5.000 o 6.000 dólares. En no pocos casos, las migrantes también pagan a la agencia y una vez en el país de destino se ven atrapadas, no solo por la imposibilidad física o legal de escapar de sus empleadores, sino también porque muchas han contraído deudas en sus países de origen, que deben saldar si no quieren poner en peligro a a sus familias.

Ejemplo de uno de los anuncios.

Un vistazo a las páginas web de algunas estas compañías da una idea de hasta qué punto son tratadas como objetos: en la agencia KWK, por ejemplo, aparecen categorizadas por nacionalidad, religión, estado civil, peso y altura, con una foto de carnet y otra de cuerpo entero, para que los empleadores puedan elegir en el catálogo, en el que aparecen marcadas como “reservadas” o “seleccionadas” o “disponibles”. Algunos anuncios aparecidos en internet ofrecen un tratamiento visual que poco dista del que se podría dar a una aspiradora.

“Son vistas como productos”, lamenta la asistente social de KAFA. Y como tal, “si están defectuosos – esto es, si no funcionan como el empleador desearía – las devuelven a la agencia para que esta las arregle a palos o les den una nueva”.

Lala Arabian, directora general de la ONG Insan, confirma que su organización ha documentado numerosos casos en los que las agencias las golpean como castigo o las encierran con llave para corregir un supuesto mal comportamiento. “Ante el vacío legal, las agencias se convierten en la práctica en la única autoridad competente, la que dicta sus derechos y obligaciones”, añade.

El problema de fondo, según Arabian, es el profundo racismo de la sociedad libanesa. Un estudio de la Universidad Americana de Beirut hacía patente la imagen de las trabajadoras que se tiene en el país: según la encuesta, el 51 por ciento de los libaneses desconfía de ellas, el 41 por ciento cree que tienen problemas psicológicos, el 27 por ciento cree que son sucias y el 36, que son estúpidas.

“Son percibidas como seres inferiores, sin libertades ni derechos mínimos”, asevera la responsable de Insan. En un informe sobre las condiciones de vida de estas mujeres, su organización constataba que “se ha contruido un discurso diferenciador sobre las empleadas extranjeras, por el cual son consideradas menores de edad, incapaces de tomar sus propias decisiones y necesitadas de supervisión parental”. En esa línea entran directrices como la de vivir obligatoriamente en casa del empleador o una surrealista normativa de 2014 (finalmente retirada) que pretendía prohibirles mantener relaciones sentimentales. Las ONGS denuncian además un creciente número de deportaciones de trabajadoras con hijos, aunque estas se encuentren en situación regular en el país.

“Han pasado muchos años desde que llegué, pero nada ha cambiado: te tratan como a un animal porque no te ven como un ser humano”, se indigna Lucille, malgache aterrizada en Beirut en 1996. La mujer recuerda como si fuera ayer el calvario vivido en las primeras casas en las que trabajó y cómo decidió huir cuando la situación llegó a su límite. Tras tomar la decisión, pasó días buscando sus documentos por toda la casa de su empleadora, explica, porque “no quería que me pasara como a tantas otras chicas que al escaparse se quedan sin pasaporte, a expensas de que la policía las detenga y las meta en la cárcel o las deporte”. “Soy libre desde 1998”, afirma, destacando con orgullo la palabra ‘libre’.

Luchar por un futuro mejor

Lucille forma parte del grupo de 300 trabajadoras que en 2015 decidieron plantarse y hacer valer sus derechos creando el primer sindicato de empleadas domésticas de la región. El eco mediático que siguió al anuncio no se concretó en los resultados esperados: la Seguridad General, el organismo del Ministerio del Interior encargado de inmigración, se comprometió a estudiar su petición, pero dos años después sus derechos laborales siguen en un limbo legal.

Foto: Stanislas Poyet

“El sindicato no funcionó porque aún están fuera de la legislación, aunque ellas no se rinden y han puesto en marcha otras iniciativas para crear redes de apoyo, autoformarse y seguir batallando”, explica la directora general de Insan, criticando que se haya iniciado una preocupante nueva tendencia: la expulsión forzada de trabajadoras consideradas demasiado reivindicativas.

La nepalí Sujana Rana llevaba tiempo implicada en distintas asociaciones para mejorar la situación de las empleadas domésticas cuando el 30 de noviembre de 2016 fue detenida por los servicios de seguridad interior libaneses. “Me vendaron los ojos, me esposaron y me encerraron en un centro de detención como si fuera una criminal”, explica desde Katmandú, donde fue deportada poco después. “Les dije que si mi delito era ayudar a víctimas (del sistema de Kafala), que adelante, que me mandaran de vuelta a mi país. Ahora lo he perdido todo”, lamenta. Otras la han seguido, entre ellas, la filipina Gemma Justo, principal promotora del fallido sindicato.

Marie, marfileña, llegó a Líbano hace 26 años, toda una vida. Contra viento y marea ha mantenido a su familia en Costa de Marfil, ha costeado los estudios de tres hermanos menores y ha sacado adelante a sus dos hijos como madre soltera. Esta mujer coraje se siente afortunada por trabajar para una familia que la trata con decencia y le paga un salario de 550 dólares, “mucho para lo que se gana aquí, aunque no siempre fue así: he tenido que peleármelo durante años”, asegura.

Pese a su situación relativamente estable, hace dos años no dudó en embarcarse en el proyecto del sindicato y ahora, pese a ver su colectivo diezmado por las deportaciones, sigue autoorganizándose junto a otras compañeras, buscando financiación y apoyos. Su experiencia no está exenta de momentos dolorosos, pero sabe que hay muchas otras con peor suerte. “He oído historias terribles. Chicas obligadas a dormir en la cocina o en el balcón, trabajando sin sueldo, chicas violadas por el patrón cada noche… Ahora estamos en el radar de las autoridades y tenemos que mantener un perfil bajo, pero seguimos luchando”, asegura. “Lo hacemos para que las que lleguen tengan un futuro mejor”.

*Los nombres de las trabajadoras que aparecen en este reportaje a excepción de Sujana Rana han sido modificados para preservar su seguridad.