Mi nombre es Rafael Archondo. He sido profesor hora clase de la Facultad de Comunicación de la BUAP durante todo 2016. A finales de ese año gané una plaza a tiempo completo por concurso de oposición y estuve contratado como tal durante todo 2017. Este 2018 estoy despedido.

En esos dos años fui profesor de 22 materias en las modalidades escolarizada, semi presencial y a distancia, y le he dado clases a un total de 678 estudiantes. Tengo una licenciatura en comunicación social, una maestría en periodismo profesional y un doctorado en investigación social con especialidad en ciencia política.

El 8 de noviembre de 2017 presenté mi carpeta de documentos para participar de la evaluación curricular anual. En ese proceso fueron evaluados 40 profesores de la Facultad. Lo hice aunque no había cumplido todavía mi primer año como profesor a tiempo completo. Dentro del tiempo previsto para dicha evaluación, aún me faltaban cuatro meses para que ésta hubiese sido realmente anual. Sabiendo que se trataba de una evaluación prematura, de todos modos presenté una carpeta que sumaba 14 puntos. Me bastaban 13 para salir aprobado. En el acta del Consejo de Unidad Académica (CUA) reunido el 14 de noviembre pasado, Angélica Mendieta, directora de la Facultad, reconoce que “no se puede evaluar de la misma manera a un docente de tiempo completo, medio tiempo y hora clase”. A pesar de ello fui evaluado en el rango más exigente sin haber cumplido un año en él. La diferencia en puntos es apreciable. Mientras un docente a tiempo completo debe entregar al menos 13, un profesor hora clase solo necesita 6. Quienes me calificaron no tomaron en cuenta esta información y quizás ni siquiera contaban con ella.

El 22 de noviembre recibí un oficio en el que se me informaba que mi evaluación curricular anual no era favorable. Dos días después presenté una impugnación contra el resultado dirigida a la oficina de la Abogada General, al Secretario General y a la Vicerrectoría de Docencia de la BUAP. Han pasado más de dos meses desde el 24 de noviembre y ninguna de esas oficinas me ha respondido. A la fecha estando despedido, ni siquiera sé si el proceso de impugnación ha comenzado.

Soy el único profesor de la Facultad de Comunicación con una plaza a tiempo completo que no fue recontratado en 2018. No solo he perdido mi empleo, sino también mi condición de profesor hora clase. El 18 de octubre, la Secretaría Académica de la Facultad me asignó cuatro materias (20 horas a la semana), y un mes después simplemente me las retiró sin darme ninguna explicación. Tengo las mejores evaluaciones por parte de los estudiantes, lo cual no fue considerado.

A principios de 2018 fue cambiada la cerradura del cubículo (302 de COM1) que me fue asignado hace un año, y desde entonces mis objetos personales permanecen secuestrados de manera ilegal. A pesar de que el 12 de enero presenté una queja escrita por violencia laboral ante la Defensoría de Derechos Universitarios, la BUAP no ha mostrado interés alguno por devolverme lo que es mío. Hago responsable a la Directora de la Facultad por la pérdida de mis pertenencias.

Pero aún me falta denunciar lo más grave. El proceso de evaluación curricular estuvo marcado por inobjetables irregularidades. El comité evaluador que revisó mis documentos estuvo conformado por Angélica Mendieta, Directora de la Facultad y por cuatro profesores que estaban siendo evaluados en ese mismo proceso. Ellos son Verónica Vázquez, Iván Deance, José Luis Estrada y Luis Fernando Gutiérrez. Estos cuatro profesores suscriben un informe en el que yo aparezco con 11 puntos; mientras ellos se llevan los puntajes más altos de todo el grupo. ¿Mera casualidad?, ¿revisaron ellos sus propias carpetas?, si no fueron ellos, ¿entonces quién?

El proceso de evaluación fue un acto desprolijo e improvisado. ¿Cuántos puntos obtuve realmente? Según el acta del Consejo de Unidad Académica, también presidido por la Directora de la Facultad, ella y el consejero Luis Petriz aseguran que yo habría adjuntado una carta en la que enumero “diez evidencias”, lo cual no es verdad. Por otra parte, en la carpeta que me devolvieron el 22 de noviembre, el único número que aparece es un 12 manuscrito en una hoja. ¿Cuántos puntos obtuve realmente? ¿10?, ¿11?, ¿12? No lo sé. Lo cierto es que la BUAP no tiene una sola prueba que demuestre que mi evaluación hubiese sido insatisfactoria. Quizás por eso prefiere ignorar mi reclamo.

Nunca existió la carta que la directora y el consejero Petriz mencionan, según indica el acta de la reunión del 14 de noviembre. Yo entregué otra, que me fue devuelta, en la que enumero las funciones que me encontraba desempeñando hasta esa fecha, allí nunca me refiero a puntos y menos a evidencias. Cuando, según el acta citada, la consejera estudiantil Mary Fuentes pide que mi carpeta sea revisada nuevamente por el CUA, le niegan esa posibilidad aduciendo que yo habría reconocido en dicha carta que solo contaba con diez puntos. Mendieta y Petriz le mintieron al CUA. El 18 de enero, la consejera Fuentes leyó por primera vez mi carta porque yo se la mostré personalmente. El secretario académico, Ángel Moreno, a quien iba dirigida la misma, no hizo comentario alguno en dicha reunión convalidando con ello la falsedad., que tuvo el efecto de frenar una revisión de mi carpeta en segunda instancia.

En el acta también se dice que en 2016 fui convocado por el CUA dado que no habría entendido cómo usar el instrumento de evaluación. Eso también es falso. Nunca me convocaron y sí entiendo dicho instrumento.

El 19 de enero, a pedido telefónico de la Abogada General, volví a entregar mi carpeta de evaluación. Ello me dio la esperanza de que el proceso podría ser revisado y de que cesen los abusos que han caracterizado los seis meses de gestión de Angélica Mendieta. La Abogada General ya ha tenido casi dos semanas para responder, pero hasta ahora se mantiene en silencio. Pido entonces al Rector Alfonso Esparza, a quien he solicitado me reciba, que de una vez por todas intervenga para reparar esta injusticia.

Agradezco la solidaridad inmensa que los estudiantes de la Facultad me han mostrado en estos días. Son ellos y ellas los únicos que me han confirmado que mi trabajo en 2016 y 2017 no ha sido en vano. Son ellos y ellas la garantía de que la Facultad deje de hundirse en la improvisación y el abuso.

Muchas gracias.

Rafael Archondo