Glenda Girón y Ricardo Flores | Connectas.org 

Un comando armado tumbó la puerta del apartamento en que dormía. Eran las 3 de la mañana. La víctima más joven de las 267 masacres que se han cometido en tres años en El Salvador podría haber cumplido un año en enero pasado. Pero fue asesinada a balazos aquella madrugada del 11 de abril de 2016. Tenía cuatro meses de edad.

En los últimos tres años, casi mil personas han muerto en masacres en El Salvador, un país de 21,000 kilómetros y 6 millones de habitantes. Es como si hubieran borrado a las poblaciones completas de  municipios como Las Vueltas, San Luis del Carmen o San Francisco Lempa, en el departamento de Chalatenango. Pero lejos de colmar titulares y causar indignación, la repetición constante ha condenado a las masacres a ser solo parte del cuadro habitual de violencia.

Las masacres reportadas en medios de comunicación entre 2014 y 2016 han dejado un listado de 996 víctimas. De ellas, las 86 que eran menores de edad podrían llenar al menos tres aulas escolares. La cantidad de niños en esta sombría estadística ilustra el aumento de la brutalidad: en 2014, fueron asesinados nueve, mientras que en 2016, la cifra escaló hasta 57.

Lo que un mapa de masacres recientes puede arrojar es un retrato de la locura, de una república de la muerte. Pero este mapa no existe. Al menos no en ninguna institución gubernamental. Hacer este ejercicio de memoria para que las víctimas sean recordadas y vistas en su justo contexto implica revisar cientos de notas periodísticas. Así se desnudan patrones que dan cuenta del grado de planificación y discriminación a la hora de cometer estos crímenes, en los que se han usado desde guantes y gorros que cubren el rostro, hasta armas de grueso calibre.

Un hombre que se dedicada a hacer viajes en un pick up en el municipio de La Paz, Zacatecoluca, logró cumplir 72 años de edad. A las 6:50 de la madrugada de aquel 21 de abril de 2014, cuando hacía un viaje, fue asesinado junto a dos de sus hijos. Les dispararon por la espalda.

Las 599 personas que pudieron ser identificadas como mayores de edad significarían $134,775 aportados a las AFP en un año, si todos tuvieran acceso a devengar el salario mínimo vigente en comercio y servicios. Pero los beneficios que van amarrados a ese salario de $300 mensuales, eran un imposible para la mayoría de las víctimas de estos eventos que encuentran su escenario preferido en lo rural, en esos cantones tan excluidos en aspectos territoriales y sociales. Ahí se cometieron 202 de las masacres, el 75 %.

Tras el repaso de estos hechos violentos, uno de los indicadores que salta a la vista es la progresión del peso del Estado como victimario a partir de 2014, año en que Salvador Sánchez Cerén ganó para el FMLN el segundo gobierno.

Durante el primero, con Mauricio Funes como presidente, se registraron 186 masacres entre el 1.° de junio de 2009 y el 30 de junio de 2014. Durante este período, el año con más asesinatos múltiples fue 2010, con 49. Fueron 166 personas muertas en masacres. Y el que menos, fue 2012, año en el que estuvo vigente una tregua entre el gobierno y las pandillas más numerosas del país. Murieron 83 personas en homicidios múltiples durante ese año de tregua.

Lo que vino después de este momento se parece a cuando se rompe una represa tras causar daños río arriba. Los números de 2014 fueron casi calcados con los de 2010, con la única diferencia de que fueron menos hechos y más muertos: 45 masacres se tradujeron en 169 víctimas. Un mal augurio de lo que seguía.

En agosto de ese año, el gobierno respondió con medidas como el plan de la Policía Comunitaria. Los patrullajes se hicieron cada vez más frecuentes en zonas con comprobada presencia de pandillas. Así, los encapuchados de fusil en mano comenzaron a recorrer zonas deprimidas en donde los servicios sociales han sido desde siempre deficientes. En este roce sistemático y constante entre la represión y la marginalidad, empezaron a aparecer los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y las pandillas.

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