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La Estafa Maestra: Sagarpa pagó 220 mdp por proyectos copiados de sitios como Wikipedia

Arturo Ángel | Animal Político

En 2015, la Sagarpa entregó a la Universidad Autónoma de Zacatecas casi 220 millones de pesos para que diseñara planes y proyectos a favor del campo, pero en vez de eso, el dinero fue transferido a empresas y personas que no tenían el perfil para hacerlos, entre ellos edecanes, policías, columnistas, carniceros y recepcionistas.

Los proyectos que se debían ejecutar, terminaron en documentos con párrafos copiados de sitios como Wikipedia, monografias.com o buenastareas.com

El caso forma parte de un nuevo paquete de averiguaciones iniciadas por la PGR en noviembre pasado y que involucran esquemas de fraude entre dependencias federales y universidades, modelo denunciado en “La Estafa Maestra”. Todas las averiguaciones fueron impulsadas por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este fraude en particular, que involucra a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ), fue descubierto gracias a una revisión de la Auditoría, cuya denuncia penal ante la Procuraduría se presentó el pasado 31 de octubre.

Lo que los auditores encontraron es que burlando todo esquema de licitación o transparencia, la SAGARPA le entregó fondos a la Universidad por servicios que esta se comprometió a hacer, pero que luego transfirió a proveedores y personas contratadas por honorarios, que eran incapaces de llevar a cabo lo contratado.

Cuando los auditores pidieron la comprobación de esos proyectos realizados, la dependencia y la Universidad entregaron informes que resultaron ser una copia de múltiples páginas de Internet, Y cuando se buscó a las empresas y personas involucradas en este esquema se encontró que la mitad de ellas negaron haber participado en estos procesos o firmado convenios. 

En teoría, los firmantes de estos contratos fueron representantes de los 36 beneficiarios, el rector de la Universidad, y como testigos, el Director de Administración de Riesgos y la Subdirectora de Calidad, dependientes de la SAGARPA.

En este esquema de fraude, según la auditoría, estarían involucrados tanto el rector de la Universidad, así como directivos de SAGARPA que participaron en la firma de los convenios irregulares. La denuncia penal es contra quien resulte responsable por un posible daño al erario de 219 millones de pesos.

Preparando la estafa

De acuerdo con los hallazgos de la Auditoría Forense 15-0-08100-12-0340 practicada por la ASF, los 219 millones de pesos manejados irregularmente a través de este esquema fraudulento pertenecían al presupuesto del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de SAGARPA, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo.

Lo recursos públicos fueron transferidos a través de una serie de movimientos que permitieron eludir controles de licitación, gracias a la complicidad de la Universidad y varias empresas y personas involucradas.

Todo inició en la propia SAGARPA que emitió, entre enero y octubre de 2016, cinco convocatorias para acceder a recursos del mencionado programa y cuya finalidad era la ejecución de estudios, investigaciones, diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación en diversas actividades.

“Supuestamente”, señala la Auditoría, 36 beneficiarios de estos recursos emitieron propuestas para acceder a ellos pero a su vez pidieron, sin excepciones, que todo el presupuesto (219 millones de pesos) fuera transferido a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

La SAGARPA firmó entonces convenios con cada uno de los 36 beneficiarios en donde éstos aceptaban que el recurso federal no les fuera transferido a ellos sino a la universidad. Los 36 beneficiarios también firmaron un contrato de cesión de derechos con dicha casa de estudios.

Finiquitado lo anterior la SAGARPA firmó directamente con la Universidad cinco convenios de colaboración y le transfirió los recursos cedidos ya por los beneficiarios: en total 219 millones 430 mil pesos.

La Universidad declaró que contaba con los profesionales especializados, así como con los recursos técnicos y de capacitación, necesarios para la ejecución, supervisión y seguimiento de las acciones encomendadas en los mismos, así como, con los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para ejecutar con eficacia  y calidad los servicios solicitados por la SAGARPA, por lo que sería la única responsable de su ejecución”, señala la auditoría.

Pero lo anterior, como es el común denominador en los fraudes con la modalidad de La Estafa Maestra resultó ser falso. La Universidad no ejecutó los servicios sino que transfirió el dinero  otras empresas y personas en condiciones opacas e irregulares.

Carniceros, policías, edecanes, columnistas…

Violando el acuerdo firmado con SAGARPA, la Universidad transfirió los 219 millones de pesos que recibió de dicha dependencia a terceros para “realizar los servicios contratados”. Esto sin ningún tipo de licitación o mecanismo que garantizara condiciones óptimas en el manejo de los recursos públicos.

Del total de dinero recibido 128 millones de pesos fueron entregados a 16 proveedores que a cambio entregaron facturas por diversos conceptos relacionados con la supuesta ejecución de los proyectos, mientras que otros 76 millones se distribuyeron entre 624 personas contratadas por honorarios para ejecutar servicios relacionados con los mismos proyectos.

Cuando los auditores verificaron el perfil de las personas externas contratadas por honorarios se encontraron que estos no eran especialistas en temas de desarrollo rural y agropecuario ni ingenieros industriales. De hecho, no tenían ni remotamente el perfil de un especialista que pudiera proporcionar el servicio supuestamente realizado.

“En su mayoría no contaban con el perfil requerido para realizar los proyectos ya que, de acuerdo con la información contenida en los documentos que muestran su experiencia laboral, existen personas cuyos perfiles corresponden a recepcionistas, encargados de hoteles, vendedores de seguros, columnistas de medios informativos, mercadólogos, diseñadores gráficos, asistentes administrativos, edecanes, telefonistas, auxiliares contables, carniceros, policías, responsables médicos, cajeros, nutriólogos, entre otros”, revelaron los auditores.

La ASF detectó además que la Universidad había erogado 14 millones de pesos por supuestos “pagos administrativos” de los que no existió la más mínima comprobación. A esto, se suman otros 561 mil pesos que se destinaron para boletos de avión, prendas de vestir, gastos de seguros médicos mayores, comidas en restaurantes, compra de laptops, entre otras cosas que nada tenían que ver con los convenios.

Copy-paste de internet

Como parte del procedimiento de auditoría se solicitó a SAGARPA y a la Universidad Autónoma de Zacatecas copia de los proyectos que fueron realizados con los 219 millones de pesos transferidos. Ambas instancias entregaron exactamente las mismas carpetas de documentos.

Cuando los auditores verificaron la información recibida encontraron documentos construidos en su mayoría con extractos (en algunos casos idénticos) de distintas fuentes portales digitales.

“Los proyectos fueron extraídos de diversas páginas de Internet, y por tanto, no fueron realizados por la UAZ, por los proveedores ni por los prestadores de servicios contratados, no obstante la Universidad distribuyó a través de diversos pagos, los recursos otorgados por la SAGARPA a empresas y personas físicas, sin que se llevaran a cabo los trabajos para los cuales fueron contratados”, apunta la Auditoría.

Para confirmar lo anterior, el informe de los auditores incluyó un cuadro completo con cada proyecto entregado y las fuentes de donde fue sustraída la información, ya sea con textos idénticos o con formatos similares.

Así se advierte, por ejemplo, que en el proyecto denominado “Análisis de la Estrategia Actual de Atención Territorial e Impacto de los Programas de Apoyo al Sector Rural, en los municipios de la Cruzada contra el Hambre o de Alta Marginación”, la información fue copiada de cuatro fuentes: Wikipedia y Buenas Tareas, así como del sitio web de la Cruzada contra el Hambre y un pdf del Estado de Campeche.

Otro ejemplo. En el proyecto denominado “Estudio de Factibilidad para el Establecimiento de cultivo de Nopal en Tierras ociosas en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas con fines Alimenticios, Energéticos y Ambientales”, la información fue copiada de cinco portales, dos de ellos eran artículos alojados en el sitio www.monografías.com.

Este fue el común denominador en prácticamente todos los documentos entregados por SAGARPA y por la Universidad, lo que llevó a los auditores a concluir que en realidad no se había hecho estudio o proyecto alguno, o por lo menos no uno serio.

Robo de datos y operación fantasma

Como parte de las revisiones, los auditores también acudieron a visitar al grupo de 32 beneficiarios iniciales de los recursos de SAGARPA que supuestamente presentaron una proporción conjunta cediendo todos los derechos de dichos convenios a la Universidad de Zacatecas y lo que hallaron fueron más irregularidades.

Resultó que 15 de los 32 beneficiarios rechazaron haber firmado cualquier tipo de convenio con la dependencia federal o con la Universidad, e incluso haber hecho propuesta alguna, por lo que los auditores presumen que hubo un mal uso de datos personales. Otros cinco no fueron localizados ni hay certeza de su existencia, a dos más sí se les ubicó pero no quisieron entregar información y el resto sí aportó datos pero llenos de contradicciones.

Cuando se le hicieron estas observaciones a la dependencia federal, entregó supuestas actas con firmas de convenios que en realidad no coincidían con la de los beneficiarios.

En este contexto los auditores denunciaron no solo que se pagó por proyectos que no se realizaron sino que incluso se quiso simular la comprobación de los mismos.

“Para la comprobación de los recursos (SAGARPA) proporcionó información y documentación irregular. Lo anterior fue propiciado por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que ocasionó un daño al erario”, finalizó la ASF.

 

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