En Veracruz se juntaron, al mismo tiempo, la empresa más corruptora de gobiernos en el continente y uno de los gobiernos más corruptos del país, que usaba el terror social para mantener el poder. En los días en los que nadie se oponía a los mandatos del ex gobernador Javier Duarte, una comunidad de Veracruz decidió oponerse a un proyecto millonario de Odebretch

Norma Trujillo y Daniela Rea | Pie de Página

JALCOMULCO, VERACRUZ.- Cuando uno revisa en retrospectiva la resistencia de este poblado contra la presa que la trasnacional Odebrecht y el gobierno de Javier Duarte pretendían construir, hay tres cosas fundamentales para, hasta ahora, frenar el proyecto: primero, la capacidad organizativa de un pueblo de vocación turística y festiva; segundo, la importancia del río como parte de la vida de las comunidades; y tercero, un poco de suerte.

Esta historia comienza en ese poco de suerte. Jalcomulco es uno de los mayores atractivos turísticos de Veracruz, un río rodeado de una exuberante selva donde se practica el rafting, el campismo y la escalada en roca. Así, un día del año 2010 como cualquier otro, un grupo de turistas llegó a pedir un servicio de descenso, como cualquier otro. El relato ha pasado de boca en boca y lo que se cuenta es que ese grupo de 5 hombres, al terminar el descenso, se sentaron a comer en el restaurante y así, con una confianza que ahora parece ingenua, llenaron la sobremesa con relatos que prendieron las alertas de la dueña: hablaban de altura, de cortinas, de presas, de velocidad y potencia del agua.

La señora dio aviso a otros pequeños empresarios que, como ella ofrecen el servicio turístico, y se formó una comitiva que llegó al restaurante a exigirle más información a este grupo de hombres. Los señores dijeron ser de una empresa tal, que querían construir no una, sino 6 presas pequeñas a lo largo de la cuenca La Antigua, hasta terminar con una gran presa en el poblado de Jalcomulco. Confiados, los hombres dejaron a la gente del pueblo un usb con la información que acababan de presentar y la gente del pueblo les invitó a volver una semana después para explicar eso mismo a las autoridades ejidales y municipales.

“El proyecto ya estaba echado a andar, estaban haciendo la Manifestación de Impacto Ambiental. Así que pronto formamos el primer comité y como tenemos vocación turística, estamos acostumbrados a organizar, organizar mucha gente”, relata Gabriela Maciel Espinoza, una de las integrantes del comité coordinador.

Con el usb que les dejaron recorrieron las comunidades para alertar a la gente y juntar firmas. Fueron tres meses intensos de trabajo. Ese era apenas el inicio de una batalla que lleva ahora casi 4 años, de un pequeño pueblo contra una empresa cuyas prácticas de corrupción han provocado la caída de presidentes, funcionarios y legisladores en todo el continente.

La Cuenca de la Antigua tiene una extensión de 2 mil 326 kilómetros cuadrados y a lo largo de su recorrido recibe los nombres de Río La Antigua, Pescados, Jalcomulco y Santa María; cruza los pueblos de Jalcomulco, La Antigua, Tuzamapán, Xico y Teocelo y llega hasta el mar en el Golfo de México.

El proyecto que impulsaba la trasnacional Odebrecht y el gobierno de Javier Duarte – hoy preso por desvío de recursos públicos- era una presa de 120 metros de altura en el poblado de Jalcomulco para generar energía eléctrica y, además, transportar agua a la ciudad de Xalapa, la cual sería administrada por un consorcio privado.

EL CAMPAMENTO

La información que logró conseguir la gente de Jalcomulco tenía una fecha fatídica: el 20 de enero del 2014 era el límite para que la empresa entregara la investigación de factibilidad. Durante esos meses habían visto a las máquinas entrar para revisar, aplanar el terreno y prepararlo para construir lo que suponen era una pared.

“No sabíamos qué hacer. Como sabemos hacer fiestas, dijimos vamos todos con mariachi para cantarles ‘Las golondrinas’ porque los vamos a despedir, dos días antes habíamos conseguido otro documento donde les habían extendido el permiso para quedarse 40 días máximo. Así que era ahora o nunca. Y esa noche nadie durmió porque la organización comenzó un día antes, había gente que hizo un spot para invitar a los pueblos que se sumaran a una acción, no les dijeron qué, sólo que estuvieran preparados para el llamado”, recuerda Gabriela.

A las 4 de la mañana de ese 20 de enero comenzaron a repicar las campanas. A las seis de la mañana llegó la gente a la plaza de Jalcomulco y de ahí en camionetas se desplazaron al predio Tamarindo, el sitio por donde entraba la maquinaria de la empresa. Cuando llegaron los trabajadores, una hora después, les fue imposible el paso. Llegó tanta gente, que cerraron por completo la carretera y se hizo un campamento, que sigue hasta el día de hoy.

Foto: Mónica González

“Los primeros meses eran al menos 300 personas al día en el campamento, todos comíamos 3 veces al día, era un mini pueblito allá de muchas comunidades, lo que no se había logrado nunca, la unión de las comunidades, se dio, gente de todos pueblos y partidos y religión sentados en la misma mesa. El éxito del campamento es que todos fuimos incluidos”, recuerda aún emocionada Gabriela.

La clave de la organización fue no tener liderazgos, sino una coordinación horizontal, y que las juntas eran públicas en la plaza de Jalcomulco cada semana. La gente de las 43 comunidades asentadas en la rivera de la Cuenca La Antigua se organizó en grupos para la guardia en el campamento; con el boteo mantienen las necesidades de alimentación, copias de documentos y traslados. Cuando uno de los habitantes no puede acudir a su ronda, le paga un día a otro compañero para que lo supla; incluso algunos empresarios con negocios de hotel, restaurante, campismo o descenso, pagan su sueldo a los trabajadores para las rondas. De alguna u otra forma todos cooperan.

Cuando el campamento no fue suficiente para que el gobierno de Javier Duarte informara el proyecto, presionaron con un bloqueo de 11 horas en la autopista Veracruz-Jalapa; así lograron una mesa en el Congreso del Estado y otra más que se rompió porque llegó gente de otras comunidades a “apoyar” el proyecto.

Pero la vida cotidiana no daba pausa y el pueblo empezó a resentir las energías gastadas en la lucha. Poco a poco la gente comenzó a bajar del campamento para ir a sus negocios a trabajar, al campo a sembrar. La resistencia bajó en número, pero no en capacidad, dicen los pobladores. A la fecha el campamento persiste con guardias las 24 horas de unas 5, 6 personas.

“Con las elecciones (para gobernador del estado, en julio de 2016) se mezclaron muchas cosas, muchos se fueron porque perdieron, porque se enojaron con los otros… pero aquí debemos seguir. No queremos una presa de 120 metros de altura”, dice Marcelino Zambrano, uno de los señores que mantiene hoy su guardia en el campamento.

LA REVANCHA

Mientras la gente de las comunidades mantuvo con vida el campamento, en el campo legal se gestó un proceso en su contra. Una veintena de vecinos fue demandada penalmente por despojo. La mitad de los demandados formaba parte de la coordinación de la resistencia contra la presa, la otra parte eran personas solidarias. La demanda fue puesta por una parte de los ejidatarios que acusó a la otra parte de despojarlos de las oficinas ejidales. Los demandados acusan a Telésforo Peña de haber sido él mismo quien ordenara el cierre de las oficinas durante una asamblea y encarrilarlos en un proceso penal que, si bien confían saldrán exonerados, los tiene en vilo de ser detenidos.

La demanda se puso en noviembre del 2014, pero los acusados fueron avisados cuatro meses después. Los 18 acusados se fueron a proceso ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz por despojo, sin embargo, la Fiscalía se declaró incompetente por tratarse, dijo, de un caso agrario. Así el caso llegó a nivel federal y el 22 de abril del 2017 la PGR envió citatorios a las 10 personas en calidad de inculpados por el delito de despojo.

Mario Gerón, uno de los 10 demandados, considera que esta reactivación del proceso judicial es una muestra de que el proyecto de la presa no está cancelado, a pesar de los escándalos internacionales de corrupción que envuelven a Odebrecht y al encarcelamiento de Javier Duarte.

Foto: Mónica González
Alejandro Gallardo, otro de los compañeros de la coordinación, habla de una campaña más amplia de acoso contra la oposición al proyecto:

“Fue evidente el acoso con las demandas masivas, asaltos al campamento, intimidación en el campamento. Se apuesta mucho al cansancio, a la falta de economía, que son esfuerzos individuales y colectivos, pero sin duda la estrategia utilizada durante años es que la gente se canse”.

Foto: Mónica González

Pero hubo más. La estrategia de control también se echó mano del uso de los programas sociales: en el momento de la lucha, dice Alejandro, llegó una oleada de programas sociales que no habían salido en años.

SEGUIR, COMO EL RÍO

No hay relato en este pueblo que no esté vinculado al río.

“El río no es solo una fuente de empleo, además de darnos pescado, diversión, turismo, desde chamacos nos inculcaron que es nuestro amigo, nuestro cuate con el que puedes platicar. Es un ser vivo con el que hemos convivido toda la vida. El río tiene muchas otras cosas”, dice Alejandro Gallardo.

“Tengo 43 años viviendo a la orilla del río, toda mi vida tiene que ver con él. Desde pequeño que íbamos a la escuela y me escapaba para ir a pescar, llegar a mi casa, llevar unas truchas para que no me regañaran, jugar con él, trabajar con él. Es él quien nos hace resistir”, dice Mario Gerón, que trabaja en un restaurante y en una empresa de descenso de río, él fue además uno de los organizadores del Campeonato Internacional de Rafting, este verano del 2017.

“Afortunadamente en este río vivimos 43 comunidades a su orilla, todos nos hemos beneficiado de él, del turismo, agricultura, pesca. Así que para nosotros no hay negociación, no permitiremos nada que mate al río”, dice Marcelino Zambrano, un campesino y pescador que este verano del 2017 encontramos en la guardia del campamento.<7p>

Gabriela hace un corte de caja de estos casi 4 años de lucha:

“La lucha no se ha ganado, ganamos pequeñas batallas que nos dan la fortuna de tener el río libre en estos días. Para cada uno ha tenido un costo. Pelear por nuestros derechos tiene un costo. Queremos que nos tomen en cuenta, que nuestra voz sea válida, que los ríos estén libres. Y estamos dispuestos a pagar el costo”.

LA DEFENSA COLECTIVA SE FORTALECE

Los integrantes de Los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) consiguieron la protección de la justicia federal otorgada por el Segundo Tribunal Unitario del Sétimo Circuito, para que el juzgador federal los reconozcan como defensor jurídico colectivo del medio ambiente y admita la demanda en contra de las empresas Odebrecht y Geogrupo, al gobierno del estado, a la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa y a la Conagua, Semarnat y Sener por hacer obras en el río Los Pescados en el ejido Tamarindo de la localidad de Tuzamapa.

Esta resolución de reconocerlos como “defensor jurídico colectivo del medio ambiente” a las más de mil 800 personas que representan al millón 200 mil habitantes de las comunidades de Jalcomulco, Apazapan y Tlaltetela, entre otras, es una de las primeras sentencias de esta índole en el país y se otorga dentro del juicio de acción colectiva 71/2014, con lo que los pobladores podrán defender su río.

Foto: Mónica González
HISTORIA DE UN NEGOCIO FALLIDO

Antes de destaparse la corrupción de la empresa brasileña en 12 países de América Latina, en el 2013, la empresa Odebrecht recibió 355 millones 795 mil pesos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz para llevar a cabo el proyecto de Usos Múltiples Xalapa S.A.P.I. de C.V. ,en sociedad anónima con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. Para lograr su objetivo construirían una presa en la cuenca del Río La Antigua

El plan era perfecto: hacer una presa, generar electricidad y vender el agua almacenada a los habitantes de Xalapa. Un negocio redondo que sería operado por una empresa recién creada entre un gobernador y una trasnacional. Los protagonistas de esta historia son el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y Odebrecht, empresa que sustituiría ciertas funciones de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa para convertirlos en ganancias.

El 4 de marzo de 2013 se puso manos a la obra. Amadeo Flores Villalba, consejero de Asuntos Legales de la Oficina del Gobernador, envió al Congreso del estado el oficio 075/2013, con el cual, Javier Duarte solicitaba permiso para llevar a cabo el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, SAPI de CV., a través del esquema de Proyecto para la Prestación de servicios.

La autorización se dio y se justificó. Días después de recibir la petición, el Congreso de Veracruz, a través de las comisiones de Hacienda y Medio Ambiente, expuso en la Gaceta Legislativa del 13 de marzo de 2013 una necesidad ciudadana que ameritaba tal empresa: “La zona metropolitana de la ciudad de Xalapa, capital del Estado de Veracruz, enfrenta actualmente un déficit de agua potable de cerca de 500 litros por segundo, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa tiene que recurrir a tandeos que impactan a la sociedad al no contar con agua de manera continua. Dicha situación se irá agravando con el tiempo, debido al incremento poblacional”.

El 19 de abril del 2013 la trasnacional y el gobierno estatal crearon una sociedad anónima, Usos Múltiples Xalapa SAPI. De CV, inscrita en la escritura pública número 9005. Y la presa comenzó a construirse en la cuenca del Río La Antigua, en la parte denominada río Los Pescados, en los límites de los municipios de Apazapan y Jalcomulco, Veracruz.

¿CÓMO OPERARÍA EL NEGOCIO?

El 21 de febrero del 2013 el Congreso de Veracruz aprobó el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, SAPI de CV (fue publicado el 13 de marzo de ese año en la Gaceta legislativa). Así, autorizó que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), bajo el amparo de la Ley de Fomento Económico y de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado, emprendiera una presa de almacenamiento de agua sobre el río La Antigua; un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque para el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Xalapa; y una central hidroeléctrica a fin de aprovechar el embalse de almacenamiento, reduciendo el costo de inversión con la misma energía de la presa, además de la venta de su excedente a grandes consumidores a través del esquema de autoabastecimiento.

Parecía que el plan estaba pactado, pues el Proyecto fue aprobado por el Congreso mediante Acuerdo CIPPS/ORD/002/2013, una semana antes de que Javier Duarte le solicitara permiso para hacerlo. Este proyecto hidrológico requería 7 mil 400 millones de pesos, que según ese mismo Acuerdo, 72 por ciento sería aportado por la iniciativa privada y el 28 por ciento restante por el gobierno de Veracruz. La primer parte de la aportación gubernamental fue de 355 millones 795 mil pesos que se dio a la Sociedad.

Es decir, en este plan, primero se aprobó el proyecto para crear una presa, entubar y vender el agua; después el gobernador solicitó permiso al Congreso para llevarlo a cabo; luego el Congreso justificó el proyecto al hablar del déficit de agua en Xalapa; y finalmente se creó la sociedad anónima entre el gobernador y Odebrecht.

DEL CONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA ENTRE ODEBRECHT Y GOBIERNO DE VERACRUZ

Para hacer realidad el proyecto se requirió la firma de dos contratos. El primero, para crear la sociedad anónima, Usos Múltiples Xalapa SAPI. De CV.; el segundo, para crear el Fideicomiso que financiaría el Proyecto hídrico.

El primero fue firmado entre el gobierno del Estado (a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, que el 23 de julio de 2013 la representación fue reemplazada por la Secretaría de Finanzas), la Comisión de Agua y la empresa Odebrecht-, con irregularidades: tiene espacios en blanco y no hay nombres de los representantes legales de todas las partes.

Solo al calce aparecen circo firmas y en el margen superior derecho e izquierdo los sellos de las notarías 15 –de Eduardo García Villegas, esposo de la ex ministra Olga Sánchez Cordero- y 248 del Distrito Federal -a cargo de Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero-.

El contrato establece una alianza “a largo plazo” y que el gobierno estatal, “asumirá íntegramente los riesgos de riesgo geológico, aspectos hidrológicos no previsibles y de hallazgos arqueológicos así como el derivado de problemas con los derechos inmobiliarios”. El segundo contrato fue firmado para hacer el Fideicomiso. Este documento se firmó entre la recién creada Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, SAPI de C.V., -representada por los socios de Odebrecht-, y el gobierno de Veracruz -a través de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz-, con el banco.

Se trata del “Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y medio de pago número 17205-5 denominado Proyecto de Usos Múltiples de Xalapa”. Según ese contrato, obtenido mediante una solicitud de acceso a la información, firmaron como representantes legales de la sociedad de Propósitos de Usos Múltiples de Xalapa S.A.P.I, Eduardo de Melo Pinto Filho y Luiz Martins Catharino  Gordilho Neto.

¿Suenan los nombres? Ambos fungían como representantes de Odebrecht en los contratos de Veracruz y están involucrados en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción detectado en América Latina que incluye investigaciones a dos ex presidentes brasileños.

Foto: Mónica González
SIN PERMISOS ODEBRECHT ENTRA AL PREDIO

El proyecto en el Río Los Pescados se ha visto plagado de corrupción e irregularidades. Primero, se planteó construir una presa en un lugar con veda, que data desde la administración del presidente de la Lázaro Cárdenas.

Segundo, sin autorización, la empresa ingresó a hacer trabajos a la rivera del río. Bajo el número 30VE2014HD001, la delegación de Semarnat dio inicio al trámite de solicitud de permiso que promovió la “Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa SAPI de CV”, para realizar la exploración geológica y así obtener muestras de subsuelo, pruebas de permeabilidad y toma de niveles de agua subterránea. Sin tener el permiso, desde finales del 2013 a inicios del 2014, la empresa –como operadora de la Sociedad anónima- entró a la rivera del Río Pescados, a la altura del predio El Tamarindo, e hizo un terraplén dentro del cauce del río La Antigua, trazó caminos entre limonares y cañales y perforó 30 barrenos de cinco metros de diámetro, en donde construiría la presa de 440 hectáreas, que tendría producción de 50 años. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) negó que haya dado permisos para estas obras. Por este ingreso sin permiso la Profepa multó con 140 mil pesos a la empresa brasileña Odebrecht el 14 de mayo de 2014.

UN PROYECTO ABIERTO

A pesar de las investigaciones penales por corrupción que hay alrededor de Javier Duarte y la empresa Odebrecht, el proyecto de la presa sigue abierto.

Pie de Página solicitó al gobierno local información para verificar el estado actual del proyecto y a la fecha no hay documento que determine un cese del contrato. Por otro lado, el contrato del Fideicomiso no tiene fecha de término, lo cual significa que en cuanto se reactiven las cuentas con recursos éste podría operar.

Por otro lado, el contrato del Fideicomiso no tiene fecha de término, lo cual significa que en cuanto se reactiven las cuentas con recursos éste podría operar.

El 5 de abril de 2017 la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal hizo un exhorto al Congreso de Veracruz y a los ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Pemex para que suspendan toda concesión a Odebrechet, hasta la fecha no se ha retirado ninguna concesión a la empresa brasileña.

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