Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A Luis Ángel León, policía federal, Silvia Stephany Sánchez – Viesca (Fanny), estudiante de preparatoria, y María Esther Aguilar Cansimbe, reportera, los desaparecieron no una, sino dos veces, al menos. La primera cuando en total impunidad alguien los privó de su libertad. La segunda, cuando el gobierno federal los excluyó del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), y con ello les negó el estatus de desaparecidos.

Sus nombres y casos no forman parte de los 33 mil 482 registros que la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salud mantienen como casos activos en el Rnped en sus dos categorías: del fuero común y del fuero federal.

Pero esos 33 mil 482 casos son solo una parte de un problema cuya dimensión es incierta, nadie sabe con exactitud cuántas personas han desaparecido en México en los últimos dos sexenios. Algunos colectivos de Veracruz estiman que son 30 mil, pero solo en ese estado. Otros estiman más de 100 mil en todo el país.

Las organizaciones y colectivos que se han dedicado a rastrear esas ausencias hablan de un subregistro por temor a denunciar las desapariciones, un temor fundado: hay varios casos documentados en Tierra Blanca, Veracruz; Iguala, Guerrero y San Fernando, Tamaulipas, por mencionar los más públicos, en donde se comprobó la participación de policías en la privación de la libertad de jóvenes y migrantes.

A ese subregistro por falta de confianza en las autoridades, habría que sumarles los casos que fueron excluidos porque las autoridades suponen que en la desaparición hay otro delito de fondo, como sucedió en el caso de Fanny el cual pasó de desaparición a trata de personas con fines de explotación sexual, y fue sacada del RNPED.

Aunque a veces simplemente no hay razones claras, es más ni siquiera se le informa a los familiares, como le sucedió a Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel, pero más allá de los delitos que pueden o no explicar las razones de sus ausencias lo cierto es, como dice Silvia Ortiz la madre de Fanny, que si las personas no están en su casa, con sus familias y no hay rastro de ellas, pues entonces está desaparecidas.

–Desde el momento en que ella no está en su casa, ella sigue siendo una persona desaparecida. Nadie la ha visto, nadie nos ha podido decir nada de ella.

Y cuestiona: “¿Cómo manejan los términos para poder establecer si está o no debe estar en el Registro de personas desaparecidas, qué determina o a refuta un hecho que no ha sido comprobado? ¿Cómo se atreven?”.

También puedes leer: Desaparecer dos veces: la burocracia que pierde cuerpos

Para Itzia Miravete, integrante del programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, la ausencia de personas desaparecidas en el Rnped impacta primero en la realidad y dimensión del problema que se muestra, pero además le niega a las personas no solo la condición en la que se encuentran sino además impide que los familiares puedan acceder a recursos de búsqueda oficial, como la colocación de espectaculares o el ofrecimiento de recompensa por información.

Y en el caso particular de los periodistas invisibiliza una situación vinculada a su trabajo.

–Al dejar de lado la cifra de periodistas desaparecidos, o no visibilizar que están desapareciendo periodistas por su labor, pues hay una grieta en la información que no permite una lectura amplia del contexto –plantea.

“Es mi uniforme”

En noviembre del año pasado familiares de personas desaparecidas en México se manifestaron frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia.

Foto: Cortesía de la Familia León Rodríguez

Como parte de la protesta los familiares de Luis Ángel León Rodríguez colocaron un uniforme de la policía federal y fotos de su desaparecido con la siguiente leyenda: “Es mi uniforme que con mucho orgullo y convicción portaba, pero hoy está vacío, le falta mi cuerpo. Estoy desaparecido desde el 16 de Noviembre de 2009; siete años ya se han cumplido…el corazón de mi madre que me ama sufre mi ausencia.”

Luis Ángel es Sargento Primero del extinto “Agrupamiento 21” de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata (RAI) de la policía federal, y desapareció en Zitácuaro Michoacán. Iba en compañía de seis policías más: Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vásquez Hernández, Víctor Hugo Gómez Lorenzo, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramón Usla, Jaime Humberto Ugalde Villeda; y de un civil: Sergio Santoyo García.

De ninguno de ellos hay noticias.

Iban camino a Ciudad Hidalgo, Michoacán cuando fueron interceptados por una célula de los Caballeros Templarios, y hoy hay 33 personas detenidas por el caso, cuenta Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel, “pero ningún sentenciado”.

Y hoy se sabe que a ninguno de los siete policías y el civil la autoridad les reconoce el estatus de desaparecidos. Los borraron de los registros, los volvieron a desaparecer.

–Ya no les importa, ya lo desaparecieron, aún cuando yo no he dejado de buscarlo. El 16 de noviembre se cumplen ocho años de no saber de ellos, y pues el caso va en nula investigación. Estoy bien enojada y se los he dicho, jamás han hecho una investigación a fondo, de cadena de mando, modo, tiempo y lugar, han querido resolver todo haciendo trabajo de escritorio –dice, y su voz se endurece.

Para la familia del joven agente de seguridad no es novedad la actuación de las autoridades, sus jefes y compañeros, que no sólo “no han movido un dedo por encontrarlo”, sino incluso han buscado la manera de incriminar a Luis Ángel.

Tras la desaparición del grupo, la Policía Federal empezó un proceso administrativo contra Luis Ángel por “abandono de trabajo”. En 2013, incluso, fue citado a comparecer ante el Órgano Interno de Control de la Policía Federal –oficina que depende no de la Policía Federal, sino de la Secretaría de la Función Pública (SFP)–, para explicar, como reza el oficio enviado al domicilio de su familia: “la presunta irregularidad en la que ha incurrido usted, consistente en que, en su carácter de Policía Primero, no presentó la declaración de modificación de situación patrimonial 2010”.

En aquella ocasión Araceli Rodríguez, madre del joven policía, dijo: “Cuando mi hijo desapareció, yo denuncié ante este mismo Órgano de Control las anomalías en que incurrieron sus superiores, como el no haber hecho nada durante los seis días posteriores a su secuestro, y eso no lo investigan, pero, en cambio, en esta oficina a mi hijo sí lo investigan por abandono de trabajo y por no haber presentado su declaración patrimonial, en una fecha en la que él ya estaba desaparecido.”

En estos ocho años, no sólo no se ha sentenciado a ninguno de los detenidos vinculados con el caso, tampoco ha habido sanción alguna contra funcionarios públicos que pudieran tener responsabilidad, por omisión, en la desaparición de los policías, a pesar de que se han documentado “diversas irregularidades que impidieron una búsqueda efectiva de los agentes.”

–La semana pasada fuimos a otra búsqueda a Michoacán –cuenta Araceli Rodríguez –a un lugar en el que decían que podrían estar los restos de ellos, pero ya no sé si decir que por fortuna o por desgracia pero no encontramos nada.

La falta de acciones reales para contener el problema de la desaparición de personas no es sólo una situación que denuncien los familiares, un estudio realizado en agosto pasado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados revela que el 84% de la población nacional considera que “no se está haciendo lo suficiente para combatir ese delito”.

Fanny no está, fue trata, dice la autoridad

La noche del 5 de noviembre de 2004 Fanny desapareció en las calles de Torreón, Coahuila. Lo último que se vio de ella fue su mochila rosa con forma de conejo. Caminaba de prisa para alcanzar al autobús que la llevaría de regreso a su casa, pero nunca llegó.

A ella, dice la familia, se la llevó Jesús Ramón Ruelas García, sobrino de Rodolfo García Vargas, el “Rudy” o el “Licenciado”. La noche en que inauguraron el club Fox, un bar que era propiedad de Ruelas García. Al sujeto, quien se encargaba de la contabilidad de Los Zetas en Laredo Tamaulipas, lo asesinaron el 9 de julio de 2009 en la colonia San Juan de Aragón, en la Ciudad de México.

En 2012, tras la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, se difundió una foto en donde se ve a una joven y un sujeto. Eran, se dijo en redes, Fanny y el líder de Los Zetas.

En la gráfica Fanny antes de su desaparición y una aproximación de como se podría ver en la actualidad, 13 años después. Foto: Cortesía de la familia Sánchez-Viesca Ortiz

“Cuando salió lo del Lazcano –cuenta Silvia Ortiz, madre de Fanny– yo les comprobé que la joven que estaba en la foto no era mi hija, que la muchachita tiene nombre y apellido, y huyó de donde estaba viviendo con su novio, porque tampoco era el Lazcano. Sin embargo no le quitaron la etiqueta ni a ella ni a mi hija”.

“Ellos (la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada – SEIDO) insistieron en que el Lazcano, bueno, está bien, el Lazcano, pero ahora ya está muerto, y entonces, dónde está mi hija”.

Y agrega: “Yo no sé si la célula así trabajaba, o como le hacía. No dudo que buscaran muchachitas y se las llevaran para utilizarlas y desecharlas, porque lo hemos visto en muchos otros casos, pero no en el de mi hija”.

Pero no hay indicios, dice, de que secuestraran muchachas para mantenerlas a lado de los jefes del cartel.

El caso de Fanny ha pasado por varias oficinas, lo mismo la extinta Agencia Federal de Investigación, que la SEIDO, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a nivel federal. A nivel local la policía de Coahuila también ha investigado el caso.

Pero 13 años después Fanny sigue desaparecida.

“(Las autoridades) No tienen nada, no tienen ni idea. Nosotros hemos seguimos aportando y aportando y aportando información para que salga algo, los llevamos, pero es lo mismo, nos pasa lo que les pasa a todos, nos dicen: ahora, vaya e investigue esta dirección, y ese nombre, y viene y nos dice. No hay nada, seguimos igual que hace 13 años”.

Lo único claro es que Fanny no está en los registros del Rnped. Que como es un asunto de trata la sacaron, cuenta Silvia Ortiz.

“Hace como un año yo revisé y SEIDO me refieren que salió de la base porque está en trata. Y yo les digo: ya lo saben, ya lo confirmaron, ya confirmaron que está en trata, entonces, ¿dónde está mi hija? Si ya se está diciendo que es trata, entonces cual es la línea a seguir. Y si fuera así, que esté en esa condición, eso no impide que esté desaparecida. Desde el momento en que ella no está en su casa, ella sigue siendo una persona desaparecida. Nadie la ha visto, nadie nos ha podido decir nada de ella”.

Fanny, igual que Luis Ángel, ha desaparecido más de una vez. Cuando se la llevaron. Cuando las autoridades no sólo no han logrado hallarla en 13 años sino además la excluyeron del Rnped.

19 periodistas que ya no están

En un país de desaparecidos y asesinados, el periodismo también ha pagado una cuota de sangre y de dolor producto de una guerra no declarada que el estado mexicano inició contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En los últimos dos sexenios se contabilizan 84 periodistas asesinados y 19 desaparecidos, todos con nombre y apellido, de acuerdo con datos de organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras.

De esos 19 periodistas desaparecidos, sólo 4 aparecen en el RNPED, apenas el 21% de los casos. Se trata de Gamaliel López Candanosa de Nuevo León, Marco Antonio López Ortiz, de Guerrero; Sergio Landa Rosado, de Veracruz, y Alberto Crespo, de Sinaloa.

De esos 19 sólo dos son mujeres, y María Esther Aguilar Cansimbe fue la primera mujer reportera a la que se le perdió el rastro.

El 11 de noviembre de 2009 salió de su casa para cubrir un simulacro de evacuación que se realizó en una guardería cercana, ahí varios la vieron trabajar. Escribía en el Diario de Zamora, un diario impreso de la región y era corresponsal en el periódico Cambio de Michoacán.

Foto tomada de nuestraaparenterendicion.com

Después de la cobertura su teléfono enmudeció, desde entonces nadie sabe nada de ella. Ni siquiera el Rnped contabiliza su caso, así como el de 15 reporteros más.

Reportera de nota roja, María Esther fue testigo de cómo su región, a tan sólo 144 kilómetros de Morelia, estaba dominada por La Familia Michoacana.

Dice Marcela Turati en un perfil que escribió sobre la reportera: “Zamora, donde vivías y reporteabas, era una plaza importante para ellos. Bajo la dictadura criminal de estos nuevos amos que corrompieron a políticos y policías, tus denuncias destacaron en medio de una prensa silenciada a tablazos, amenazas, torturas o asesinatos, o arreglada a cambio de billetes. Tú pintaste tu raya y seguiste trabajando con independencia”.

El problema con el Rnped, explica Itzia Mirevete, es que “se construye a partir de la información que fiscalías y procuradurías comparten sobre carpetas de investigación que reconozcan el delito de desaparición. Muchas veces la carpeta tiene señalado el delito de secuestro, o la fiscalía no ha compartido la información con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, o no se ha actualizado, o la familia no ha denunciado, el caso no se refleja en el registro”.

Pero además, agrega la investigadora de Artículo 19, el caso puede estar en varias instancias, en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, o en las fiscalías y procuradurías estatales, o, por tratarse de periodistas, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), y cada una enfoca el tema de manera distinta.

Y agrega: “El problema en general es que los MPs están clasificando mal el delito con base en la información que van obteniendo, no digo que necesariamente sea de manera dolosa, son errores que se van cometiendo a lo largo de la investigación, o incluso hasta por presiones políticas, y clasifican el delito no como desaparición, sino como secuestro. Y ya con eso no aparecen como desaparecidos”.

En términos general, familiares, activistas e investigadores coinciden en señalar que hay una intención del estado de negar el problema, o al menos de no hablar de él e invisibilizarlo, una situación que además se agrava cuando se trata de un periodista.

–Muchos quieren hacer creer que con su estrategia de combate a la delincuencia las cosas van cambiando cuando en realidad solo aumentan, en el caso de periodistas sí vemos un matiz mayor de querer invisibilizar la situación, porque además de que se suman a las cifras de personas desaparecidas es un prueba clara de la crisis en materia de derechos humanos, incluido ahí el derecho a la información.

Itzia, quién también formó parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, concluye: «a los periodistas no los desaparecen porque estaban, como dicen, en el lugar equivocado a la hora equivocada, a los periodistas los matan y los desaparecen porque estaban haciendo bien su trabajo, porque se habían vuelto incómodos».