Foto: Luis Colchado

Samantha Páez

@samantras

Dependencias federales, así como gobiernos municipales y estatales de Puebla y Tlaxcala, han incumplido con la recomendación 10/2017 de la CNDH, emitida el 21 de marzo pasado por las violaciones a derechos humanos generadas por la contaminación del río Atoyac.

Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris, además de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como las autoridades municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla e Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas, en Tlaxcala, tenían hasta el 11 de octubre para celebración de un convenio y elaborar un Programa de Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac.

Sin embargo de manera oficial no se han dado a conocer acciones por parte de las diferentes autoridades, son las organizaciones sociales e universidades de Tlaxcala y Puebla quienes ya presentaron sus propuestas para que inicie la restauración ecológica del río y la reparación del daño para las personas afectadas por la contaminación.

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Sin embargo para Paola Velasco Santos, antropóloga ecológica de la UNAM, la única forma en que la ribera de los ríos Atoyac y Xochiac -también conocido como Hueyapan- sanen sería la desaparición de la industria en la zona, aunque incluso si ello ocurre la reparación completa del daño será “casi imposible” porque las afectaciones ya son genéticas y muchas personas han fallecido.

Se vence el plazo para hacer plan

El pasado 21 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017 contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) por la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac.

También incluye a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como las autoridades de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, en Tlaxcala, por violar los derechos a un medio ambiente sano, el derecho al saneamiento del agua y el derecho a la información.

Foto: Luis Colchado

La recomendación llegó seis años después de que 16 pobladores interpusieran la queja ante el organismo, donde alegaban que las dependencias federales, gobiernos estatales y municipales incurrieron en actos y omisiones en perjuicio de la población, al permitir “el abuso de los recursos naturales, irregularidades en la construcción y operación de drenajes industriales”.

Después de documentar las violaciones a derechos humanos, la CNDH emitió tres recomendaciones para la Semarnat; 16 para la Conagua; 11 para la Profepa; nueve para la Cofepris; 11 para los estados de Puebla y Tlaxcala, 19 para los municipios de Puebla y 20 para los municipios de Tlaxcala.

Entre ellas está iniciar procedimientos administrativos contra 17 funcionarios de los tres niveles de gobierno, regular los permisos de descargas en los cuerpos de agua, incrementar las estaciones de monitoreo, realizar estudios técnicos, desarrollar programas de capacitación a servidores públicos e implementar medidas correctivas urgentes.

Asimismo la CNDH dio un plazo de seis meses para para que las dependencias y gobiernos involucrados elaboren e implementen un Programa de Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac; el plazo arrancaría inmediatamente después de la aceptación de la recomendación.

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De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las autoridades tienen 15 días hábiles para aceptar la recomendación después de su notificación. En este caso el 11 de abril de 2017 se cumplía el periodo; aunque no hay claridad sobre si todas las autoridades la aceptaron, organizaciones tlaxcaltecas dicen que la mayoría sí lo hizo.

Si a partir de esa fecha iniciaron los seis meses para crear el plan de saneamiento, para el 11 de octubre las dependencias y gobiernos debieron firmar el convenio para elaborar el proyecto de restauración ecológica, lo cual no ocurrió.

Presentan programas alternativos

Desde el 4 de octubre la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, la Pastoral de Derechos Humanos, la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala y el Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos presentaron un plan de saneamiento para la cuenca del Atoyac.

Foto: Luis Colchado

Aunque será hasta el próximo 7 de noviembre que busquen el diálogo con las autoridades, en el marco del Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, para que tomen en cuenta sus propuestas.

El proyecto de las organizaciones sociales tlaxcaltecas se centra en seis puntos clave:

1)     El necesario saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, que incluye los cauces de los ríos, arroyos, canales y zanjas.

2)     La restauración de los suelos en el lecho de los ríos y arroyos, en la ribera y en los terrenos aledaños a la Zona Federal.

3)     La prevención, control y monitoreo de la contaminación futura de la cuenca.

4)     El diseño y aplicación de un Plan Emergente de Salud para quienes hoy están enfermos debido a la contaminación de la cuenca.

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5)     El Plan de Saneamiento debe contar con recursos económicos suficientes para llevar a cabo todas sus acciones en todas sus etapas.

6)     La aplicación de las correspondientes medidas para la reparación del daño ocasionado a las personas, las familias y las comunidades en su salud, economía, cultura y dignidad.

Además de medidas urgentes como: hacer pública toda la información que tenga que ver con la recomendación 10/2017; su inclusión en el Grupo Interinstitucional que elabora la propuesta de Plan Integral de Saneamiento; que se haga pública la fundamentación técnica de las acciones realizadas o en proceso, y que los gobiernos de Tlaxcala y Puebla apliquen una moratoria inmediata a toda inversión industrial privada en la cuenca del Alto Atoyac.

Por su parte la Asociación Dale la Cara al Atoyac y la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA) dieron a conocer, el pasado 10 de octubre, una alianza para desarrollar investigación y estrategias que permitan soluciones viables y concretas a los problemas socio-ambientales que aquejan las comunidades que recorre el río Atoyac.

Foto: Luis Colchado

Algunas de las acciones inmediatas que sugirieron las instituciones poblanas son: fortalecer y endurecer acciones de inspección, destinar presupuesto para fábricas de agua, resolver la contaminación de la Central de Abasto, regulación de detergentes, resolveré descargas de juntas auxiliares, planta de tratamiento de San Martín Texmelucan y empresarios corresponsales.

No habrá reparación del daño

Paola Velasco, autora del libro “Ríos de contradicción. Contaminación, ecología política y sujetos rurales en Nativitas, Tlaxcala”, dijo durante una entrevista para LADO B que a pesar de que el Estado tiene la capacidad de sanear el Atoyac, el segundo río más contaminado de México, no tiene la voluntad de hacerlo.

Por ello los pobladores afectados tienen desconfianza de que se cumpla con la recomendación de la CNDH, ya que de forma histórica -sobre todo quienes se dedican a la agricultura- han sido relegados para favorecer a las industrias.

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Sin embargo –desde la perspectiva de la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- aunque las autoridades de los tres niveles arranquen con el saneamiento del río la reparación del daño no será posible.

—Una reparación completa del daño es muy complicada o casi imposible (…) porque los estudios genotóxicos que han hecho en la zona (indican) que ya tienen daños cromosómicos, daños a nivel celular irreversibles, es decir, esto se va a heredar a nuevas generaciones.

De igual forma para que el saneamiento de la cuenca ocurra todas las industrias de la región tendrían que desaparecer, lo cual Velasco Santos ve poco viable.

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