La cuestión catalana o cuando su democracia nos pasa por encima

La cuestión catalana o cuando su democracia nos pasa por encima

Manifestación contra los recortes al nuevo Estatut d’Autonomía, Barcelona, 2012
Xavier Giménez Vinyet *

España se encuentra frente a la mayor crisis político-social de su historia reciente. Una crisis marcada por la voluntad del pueblo catalán de determinar democráticamente su futuro político en las urnas. El referéndum convocado por la Generalitat –el gobierno catalán- en el que los catalanes decidirán si quieren o no que Catalunya se convierta un nuevo estado independiente en forma de república ha puesto en jaque al gobierno español, que lejos de plantear soluciones políticas ha puesto en marcha su aparato represor para impedir la votación a toda costa.

De aquellos polvos, estos lodos

Para quienes no lo sepan, Catalunya es un territorio situado al noreste de la Península Ibérica que cuenta con poco más de 7.5 millones de habitantes. Aunque su relación con Castilla viene de lejos, no fue definitivamente incorporada a su Corona hasta el año 1714, cuando la ciudad de Barcelona, símbolo de la resistencia catalana frente a las tropas franco-castellanas, cayó heroicamente ante los ejércitos de Felipe de Borbón. Desde ese momento, las instituciones, privilegios y libertades que habían imperado en Catalunya durante más de siete siglos quedaron oficialmente abolidas y su territorio se convirtió en una mera provincia del Reino de España.

Desde entonces su lengua, su cultura, sus instituciones políticas y sus tradiciones fueron perseguidas en un sinfín de intentos de consolidar una integración forzosa que nunca terminó de cuajar. Especialmente duras para Catalunya fueron las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y, en particular, de Francisco Franco, que fundamentada en un nacionalismo excluyente, xenófobo y violento intentó aniquilar por todos los medios el hecho diferencial catalán.

11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, 2014

Con la muerte de Franco, que lo dejó todo muy bien amarrado antes de irse al infierno, España recuperó la monarquía, personificada en la figura de Juan Carlos de Borbón -sucesor de aquél infame Felipe V-, y mediante el gran circo de la Transición dejó atrás la dictadura para constituirse en una democracia donde los herederos del franquismo, lejos de pagar por sus crímenes, se disfrazaron de demócratas y tomaron parte activa en la construcción de un nuevo modelo de estado.

Así Catalunya recuperó sus instituciones y nació la España de las autonomías, entidades territoriales dotadas de ciertas competencias administrativas, legislativas y ejecutivas sometidas en última instancia a un ordenamiento jurídico constitucional común para todos los españoles. En esta etapa democrática, lejos de mejorar, los problemas de encaje de Catalunya con el resto del estado se han acrecentado después de años de relaciones desiguales tuteladas por gobiernos centralistas y beligerantes que han avivado el independentismo catalán hasta el punto de convertirlo hace pocas horas en un sentimiento mayoritario.

España, enrocada en una mentalidad más acorde a la grandeza de su pasado que a la posición que ocupa hoy en el mundo, se ha empeñado en tratar a Catalunya como a una de sus antiguas colonias y en los más de 300 años que han pasado desde aquél fatídico 11 de septiembre de 1714, jamás ha mostrado la más mínima voluntad de plantear soluciones políticas a un problema que es político. Hoy es demasiado tarde. Pase lo que pase el próximo domingo España ha perdido a Catalunya para siempre.

Manifestación contra la sentencia del TC en Barcelona, año 2010
El proceso independentista

Buena parte del pueblo catalán ha simpatizado desde siempre con el independentismo, aunque hace tan solo unos años seguía siendo un sentimiento minoritario estrechamente vinculado a la izquierda política y a ciertos movimientos sociales. El catalanismo en cambio, ese orgulloso sentido de pertenecer a una nación histórica, esa estima incondicional a una lengua y cultura propias, esa consciencia de recibir un trato desigual por el simple hecho de ser diferente, permeó hace muchos siglos en el conjunto de la sociedad catalana.

Ocurre que en la última década ha tenido lugar un fenómeno que hasta hace bien poco era  inimaginable: el catalanismo, más bien conservador, que históricamente había optado por pactar con España y alimentarse con sus migajas, viró masivamente hacia el independentismo por muchos y diversos factores de entre los cuales dos resultan determinantes:

Por un lado la crisis económica que sacudió a Europa a partir del año 2008. En un territorio que se erigió en el principal motor de la economía Española desde los tiempos de la Revolución Industrial, que actualmente produce el 20% del PIB del estado y que representa la tercera autonomía que más aporta y la décima en el reparto de inversiones, la obligación de tener que recortar más que cualquier otra comunidad en sanidad, educación y en otras coberturas sociales sentó muy mal. Detrás, el convencimiento de que si Catalunya tuviera la oportunidad de administrar sus propios recursos y dejara de subsidiar a otras comunidades autónomas no tendría ninguna dificultad ni para mantener su estado del bienestar, ni para dotarse de infraestructuras que nunca ve aterrizar en casa.

Protestas contra el operativo policial contra el referéndum ante el Departament d’Economía de la Generalitat el 20 de septiembre

Por el otro, los recortes perpetrados al nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya. Apoyar una reforma estatutaria en la que se regulara la transferencia de determinadas competencias a la Generalitat y un nuevo modelo de financiamiento para Catalunya fue una de las principales promesas electorales de José Luís Rodríguez Zapatero. La reforma en cuestión fue aprobada en 2006 por 120 de los 135 diputados del Parlament, pero el nuevo Estatut fue recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) en siete ocasiones por siete instancias distintas, entre ellas, cinco comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo y el Partido Popular, en este último caso, el recurso fue interpuesto contra la friolera de 187 artículos y disposiciones. En el año 2010 el TC emitió su sentencia declarando la institucionalidad de 14 artículos del nuevo estatuto.

En señal de protesta contra aquella sentencia tuvo lugar la primera de las manifestaciones que por multitudinarias, cívicas y pacíficas se han convertido en símbolo del independentismo catalán; 1,5 millones de personas tomaron las calles de Barcelona hartas de falsas esperanzas y de promesas incumplidas; nació el Procés Independentista de Catalunya. Posteriormente el proceso fue impulsado por seis grandes movilizaciones más que se sucedieron en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, siempre coincidiendo con la Diada Nacional de Catalunya que se celebra cada 11 de septiembre.

Con el regreso del Partido Popular a La Moncloa el año 2011 –sí, aquél partido fundado por ministros franquistas investigado por 70 casos de corrupción y con más de 900 cargos imputados-, la cuestión catalana se recrudeció; después de que el Gobierno Central se negara a negociar un nuevo pacto fiscal con la Generalitat, de la prohibición de un referéndum que fue igualmente celebrado en forma de consulta no vinculante donde participaron más de 2,3 millones de catalanes y catalanas que apoyaron la independencia en un 81%, y de unas elecciones anticipadas que fueron planteadas en forma de plebiscito cuyo resultado conformó un Parlament con mayoría independentista, la Generalitat anunció oficialmente la programación de un referéndum por la independencia para el primero de octubre de éste 2017 en el que una victoria del sí implicará una declaración unilateral de independencia en su 48 horas posteriores y una victoria del no, la convocatoria de nuevas elecciones.

Protesta contra el operativo policial del 20 de septiembre
El escenario actual

Tanto el referéndum como la ley que lo sustenta aprobada el pasado 6 de septiembre en el Parlament, fueron automáticamente suspendidos por la maquinaria judicial del Gobierno de España alegando inconstitucionalidad y demás irregularidades jurídicas. La Generalitat, con el respaldo mayoritario de un pueblo que estas semanas ha vuelto a tomar las calles de forma masiva, desacata las sentencias y, optando por la desobediencia, seguirá con el proceso hasta las últimas consecuencias.

Desde Madrid alegan que la Generalitat está violando la constitución y pretende romper el estado de derecho con su deriva soberanista, que el único modo de celebrar un referéndum legal en Catalunya, más allá de la quimera de recibir la autorización por parte del Gobierno Central, es modificando la constitución y que en cualquier caso, la unidad de España no puede romperse sin el consentimiento de la mayoría de los españoles, -imagínense que para marcharse de su colonia, tuvieran que pedir la opinión a todos y cada uno de sus vecinos-. Desde Barcelona, reivindican el derecho a la autodeterminación de los pueblos recogido por la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a decidir libre y democráticamente su futuro sin injerencias externas como tuvieron la posibilidad de hacer en el Quebec, en Escocia o más recientemente en la Gran Bretaña con el famoso Brexit, y la validez de la desobediencia civil como único mecanismo al alcance de la ciudadanía para derrocar leyes injustas.

España ha activado toda su maquinaria judicial, policial y propagandística para impedir la celebración del referéndum y el pueblo catalán no se deja amedrentar. Sin embargo, el extraño modo de defender la constitución del que ha hecho gala el Estado español durante las últimas dos semanas, ha dejado atrás el estéril debate entre lo que es legal y lo que es legítimo y lo ha reducido a una pregunta mucho más elemental: ¿en qué cerebro puede caber que la democracia, la legalidad y la libertad de todos los españoles puedan defenderse mediante la violación de derechos fundamentales de otros españoles? La respuesta es muy simple.

Protesta contra el operativo policial del 20 de septiembre

El balance del último alarde de democracia y de legalidad que ha perpetrado el Estado español es una Generalitat con las cuentas intervenidas y con 14 de sus cargos electos detenidos, alrededor de 140 páginas web oficiales y de organizaciones de la sociedad civil catalana censuradas, decenas de registros realizados con y sin órdenes judiciales a dependencias gubernamentales, sedes de partidos políticos, de empresas privadas y domicilios particulares, 720 alcaldes citados a declarar por disponerse a poner urnas, centenares de directores de escuelas que las acogerán identificados e interrogados, los Mossos d’Esquadra, policía autonómica del gobierno catalán, puestos bajo el mando del Ministerio del Interior y Catalunya militarizada con un desplegamiento policial sin precedentes en la España post-franquista.

De igual manera hoy se ha conocido que quienes asistieron a la concentración pacífica que tuvo lugar el pasado miércoles ante el Departament d’Economia de la Generalitat mientras la Guardia Civil estaba efectuando un registro en su interior, serán investigados por sedición, al igual que quienes colaboren como voluntarios en las mesas electorales y, probablemente, quienes decidan ir a votar el próximo domingo.

Según noticias de última hora la paranoia de los unionistas es tal que la policía está investigando los vehículos de panificadoras y de empresas de alimentos congelados porque sospecha que las urnas, que al día de hoy todavía no ha conseguido incautar, podrían moverse ocultas entre comestibles. Con titulares como este no es de extrañar que la opinión internacional empiece a presionar seriamente al Gobierno Central para que deje de hacer el ridículo persiguiendo urnas y requisando papeletas electorales y de una vez por todas proponga soluciones políticas al conflicto.

Protesta en el centro de Barcelona ante el operativo policial contra el referéndum el 20 de septiembre

La realidad es que la situación ha sacado a relucir una vez más a la España más rancia, la que tiene pavor a las urnas, la que vulnera derechos fundamentales, la que parecía haber muerto en 1978, pero que sin embargo, siempre estuvo ahí.

Democracias podridas

Como reflexión final quisiera señalar que si bien la forma de gestionar la crisis por parte del Gobierno español es más propia de un estado retrógrado y autoritario que de un país democrático, los rankings internacionales demuestran que la democracia española nunca ha dejado de estar en las veinte mejor valoradas a nivel mundial. Y esto me aterra.

Me aterra porque si España se ampara en la legalidad para aplastar la voluntad de un pueblo, es porque su democracia se lo permite, me aterra porque si España judicializa un proceso social que cuenta con un respaldo mayoritario y persigue a quienes electos por su pueblo, se exponen para cumplir sus mandatos, es porque su democracia se lo permite. Me aterra porque cuando un estado moviliza a su aparato represor para requisar urnas y papeletas es porque su democracia se lo permite. Y me aterra, porque cuando un estado está facultado para impedir una votación pacífica y deseada en nombre de su democracia, los y las ciudadanas tenemos un grave problema.

Así que haríamos bien en reflexionar un poco sobre la democracia, sobre las democracias occidentales, porque están podridas. Porque cuando no son funcionales para que los ciudadanos y ciudadanas tomemos nuestras propias decisiones, en realidad, no estamos hablando de  democracias.

11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, 2014

Quizá voltear a ver lo que está pasando estas últimas semanas en España sirva para recordarle al pueblo mexicano que también aquí la democracia se ha convertido en concepto vacío que solo es invocado por la casta política ante la amenaza de perder algún privilegio. Que como al pueblo catalán, el mexicano también es reprimido cada vez que alza la voz, en virtud de la ley, de la salvaguardia de su seguridad y en nombre de la democracia. Quizá voltear hacia Catalunya, le recuerde al pueblo mexicano que también es hora de despertar.

Porque citando a Martin Niemöller “primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Lego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.

A estas alturas nadie puede asegurar si los y las catalanas podrán asistir el domingo a su anhelada cita con las urnas, sin embargo, el proceso independentista ya no tiene marcha atrás, porque es digno, legítimo y sentido, y porque como dijo Salvador Allende, los procesos sociales no se detienen ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y la voluntad de un pueblo no se puede parar.

* Catalán. Licenciado en Historia por la Universitat de Girona.

Maestro en Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universitat de Lleida.

Cofundador y Director del Área de Desarrollo de Proyectos del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. (CAFIS AC).

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