Foto: Mayra Guarneros

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Aunque el Gasoducto Morelos, una megaobra de 1,600 millones de dólares de inversión público-privada que ya acumula seis años de protestas y cuyo trazo  atraviesa un área de alto riesgo en las faldas del volcán Popocatépetl, está suspendido temporalmente, la persecución contra los defensores del territorio no ha parado.

Las órdenes de aprehensión contra Juan Carlos Flores Solís, Adela Villalba Ramos, Alejandro Torres y Eusebio Aguilar emitidas en 2014, suspendidas gracias a varios amparos, ahora están vigentes y podrían ser ejecutadas en cualquier momento.

La historia se remonta al 2014, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los acusó de privación ilegal de la libertad, con el agravante de haber sido contra un servidor público y supuestamente haberse cometido con violencia, además de pandillerismo.

Aunque la acusación se basó sólo en testimonios de trabajadores de la CFE, se emitieron órdenes de aprehensión justo en el año en que estaba más activa la defensa contra el gasoducto.

Ahora el Juzgado Primero de Distrito de Tlaxcala confirmó la vigencia de las órdenes de aprehensión en un proceso que a decir de Juan Carlos Flores ha estado lleno de irregularidades. Primero, porque la denuncia se hizo el 14 de enero de 2014 a las 11 de la noche por el apoderado legal de la CFE, quien dijo que dos de sus trabajadores estaban detenidos desde las 11 de la mañana por miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

Al día siguiente el Ministerio Público fue a la comunidad y dijo que no se podía acreditar que había privación de la libertad. Saúl Martínez, encargado del proyecto del gasoducto, llevó después a una notaria de Atlixco quien fue la que dijo que dos trabajadores habían estado privados de su libertad, a pesar de ni siquiera haber estado el día anterior. “No puede afirmar cosas que no vio”, dice Juan Carlos a LADO B.

Por la acumulación de las agravantes del delito del que se les acusa, el tiempo que podrían estar en prisión es desde 4 hasta cerca de 30 años.

La Red Todos los Derechos para Todos y Todas (RedTDT) emitió una acción urgente el 25 de agosto para difundir la situación en riesgo de los opositores al gasoducto, destacando las siguientes irregularidades:

1.- La falta de reconocimiento de la personalidad en el amparo como defensor de derechos humanos a pesar de que otras autoridades así lo han reconocido.

2.- Violación a su derecho humano de debida notificación y libertad al retirar las suspensiones definitivas de sus amparos.

3.- Falta de una justicia pronta y expedita al no resolver en tiempo razonable los incidentes interpuestos por los Juzgados de Distrito.

4.- Inobservancia de todas las pruebas ofrecidas por el defensor de derechos humanos.

El amparo de las comunidades

La actividad del gasoducto está detenida actualmente gracias a sendos amparos promovidos por organizaciones de Tlaxcala y Morelos, estados que también atraviesa el proyecto.

En Puebla cuatro comunidades de Atlixco interpusieron también un amparo argumentando que se violó el derecho a la consulta indígena y tuvo una primera resolución favorable en abril. Sin embargo la CFE impugnó, por lo que la sentencia no está firme.

Pese a ello, la abogada a cargo de la defensa jurídica de las cuatro comunidades de Atlixco, Patricia Montaño, dijo a LADO B que aunque falta para saber la resolución, esto ha levantado el ánimo de los habitantes y sienta un precedente para otras comunidades. “Es como una esperanza, una luz en este camino para las comunidades”.