Transparencia en Puebla: diferente gobierno, misma opacidad

Transparencia en Puebla: diferente gobierno, misma opacidad

Como previeron organizaciones, en manos del morenovallismo el ITAIP está replicando la política que obstaculiza el acceso a la información

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Tal como lo adelantaron organizaciones especialistas como la Amedi, el ITAIP está controlado por el grupo político del ex gobernador Rafael Moreno Valle, para protegerlo y evitar que se haga pública información incómoda.

Prueba de lo anterior son los puestos que ocupan personajes ligados a la administración pasada y las resoluciones que en los últimos meses ha emitido el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP).

María Gabriela Sierra Palacios, la comisionada presidenta, fue cuestionada por AMEDI desde su llegada al ITAIP, a finales de 2016, como quedó consignado en un comunicado de esa organización:

“(…) resulta desafortunada la designación de una servidora pública vinculada al grupo político que ha ocupado posiciones de primer nivel tanto en el gobierno del estado como en el Congreso local, como nueva comisionada de un organismo autónomo.  La C. María Gabriela Sierra Palacios fungía hasta hace unos días como directora de Procesos y Mejora Continua en la Auditoría Superior del Estado de Puebla, mientras que años atrás laboró en la extinta Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, cuyo titular fue el actual gobernador del estado”.

…la comisionada presidenta ha aparecido en revistas de sociales festejando junto al hoy ex jefe de la oficina del gobernador, Javier Lozano Alarcón, personaje cercano a Moreno Valle

Sierra Palacios es esposa de Héctor Antonio Alcudia Goya, ex vocero de Moreno Valle y ex director de Puebla Comunicaciones, que actualmente trabaja en el ayuntamiento de Puebla, y a quién Javier Lozano Alarcón, personaje cercano a Moreno Valle y hasta hace unos días vocero de la administración del gobernador Antonio Gali Fayad, ha llamado públicamente su compadre.

Por ello no sorprende que la comisionada presidenta haya aparecido en fotos publicadas en revistas de sociales festejando junto al hoy ex jefe de la oficina del gobernador.

El actuar de la ITAIP

El secretario de la Amedi, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, dijo en entrevista para LADO B que si bien aún no hay elementos suficientes para hacer una evaluación sobre las resoluciones, sí existe una cerrazón en cuanto a las evaluaciones de los sujetos obligados.

Mientras que el INAI presentó su informe y abrió los documentos que evalúan el cumplimiento de las nuevas obligaciones de los sujetos obligados, el ITAIP hace un par de semanas anunció haber hecho un primer diagnóstico de la información pública de oficio, pero sin hacer público el diagnóstico.

El Instituto local dijo que no abriría los documentos relativos a nivel de cumplimiento y porcentajes, sino que solamente iba a hacer llegar a los sujetos obligados esta información sobre las recomendaciones y los puntos a mejorar.

Cruz dijo que mientras a nivel federal tenemos un primer índice que da certeza de cómo ha sido el cumplimiento, a nivel estatal no hay esa apertura de datos. “No sabemos en qué estamos parados, si realmente han cumplido, no han cumplido, en algo que además tiene que estar por ley”, explicó el secretario de AMEDI.

Más allá de las solicitudes, el ITAIP está incumpliendo algo que por ley debe cumplir, y eso, dijo Cruz, habla de una violación al derecho de acceso a la información.

Funcionarios del morenovallismo

Además de la comisionada presidenta, en el ITAIP hay otras personas que son herencia del morenovallismo. Una de ellas es Laura Marcela Carcaño Ruiz, comisionada propietaria sin experiencia en acceso a la información, quien trabajó en la Contraloría del Estado cuando la dependencia estaba encabezada por Patricia Leal Islas, operadora política de Moreno Valle.

Carcaño Ruiz ha sido señalada por su cercanía con el ex comisionado de la entonces CAIP, Federico González Magaña, quien abiertamente actuó en favor del gobierno de Rafael Moreno Valle y contra las peticiones de transparencia de los ciudadanos, tal y como lo documentó LADO B.

Otra es Montserrat Reyes Alfaro, actual titular de la Unidad de Transparencia del ITAIP, quien tuvo el mismo puesto en el sistema estatal DIF de 2011 a 2016, mientras la dependencia era encabezada por Martha Erika Alonso.

En el ITAIP hay otras personas que son herencia del morenovallismo. Una de ellas es Laura Marcela Carcaño Ruiz, comisionada propietaria sin experiencia en acceso a la información

Durante la administración pasada el DIF estatal no se destacó por abonar a la transparencia: LADO B documentó la poca claridad con que manejaron los recursos del millonario programa “Crédito a la palabra de la mujer”, que tuvo una inversión de 192.9 millones de pesos, la política pública más presumida por el gobierno anterior.

También María Fernanda Chávez Hernández, secretaria de instrucción de Laura Carcaño, trabajó con Rafael Moreno Valle como consejera y analista jurídica.

De abril 2013 a 2014 dirigió el Comité Administrador Poblano para Espacios Educativos (CAPCEE), institución que destacó por reservar constantemente información referente a construcciones sin permisos en espacios históricos durante el gobierno anterior.

Uno de los proyectos que reservó el CAPCEE fue el del tren turístico Puebla–Cholula; el documentó se dará a conocer hasta el año 2020, argumento que su difusión “puede causar daño perjuicio al interés del Estado y poner en riesgo su realización, o lesionar los intereses públicos o colectivos”.

Y finalmente Rita Elena Balderas Huesca, Coordinadora General Ejecutiva del ITAIP, quien como Directora de acceso a la información en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado de Puebla (Secotrade), se negó a entregar los contratos de la empresa Creatividad y Espectáculos SA de CV (Crea), asociada a Televisa, argumentando que era información reservada el gasto de los cinco informes de actividades de Rafael Moreno Valle.

La herencia de la CDH

La Comisión de Derechos Humanos del estado fue uno de los organismos más cuestionados durante la administración de Moreno Valle, por no involucrarse a favor de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

Desde 2014 el titular de la Comisión, Adolfo López Badillo, fue señalado por activistas y defensores de ser un personaje cercano al ex gobernador.

La elección de López Badillo en 2011, en su primer periodo como titular de la Comisión –puesto que ocupará hasta 2020–, fue cuestionada por más de diez organizaciones que evidenciaron nexos del aún ombudsman con funcionarios e irregularidades en el proceso.

LADO B documentó irregularidades en el último informe de labores de la comisión, cuya misión es “disminuir las quejas” por violaciones a Derechos Humanos, más no disminuir las violaciones en sí.

Más que garantizar el cumplimiento de las garantías individuales, la CDH ha ignorado quejas, como la interpuesta por Meztli Sarabia, integrante de la 28 de octubre, antes de ser asesinada.

La herencia de la Comisión al ITAIP son: Carlos Germán Loeschmann Moreno, comisionado propietario, quien fue Director General de Quejas y Orientación; Claudia Isabel Andrade Anzures, secretaria Particular de Gabriela Sierra, y Araceli Vargas Jiménez, Secretaria de Instrucción de Loeschmann.

Malas prácticas

La poca voluntad del ITAIP para cumplir con el trabajo encomendado se traduce en malas prácticas que limitan y obstaculizan el derecho de acceso a la información pública.

Un ejemplo de ello, fue lo que le sucedió al periodista Ernesto Aroche, quien solicitó unos contratos de empresas privadas con la Secretaría de Educación Pública (SEP); la información le fue negada y promovió un recurso de revisión.

Un mes después, al no tener respuesta del ITAIP sobre si habían admitido su recurso o no, sin haber recibido un acuse o un número de expediente, escribió pidiendo información y la respuesta que obtuvo fue que no tenían ningún recurso suyo.

El reportero probó que había enviado el recurso de revisión dentro de los plazos que marca la ley, y le dijeron que volviera a enviar la petición del recurso con las pruebas.

Esta vez, aunque le notificaron de recibido y le dieron un número de folio, menos de dos semanas más tarde le mandaron otro correo diciéndole que el recurso había sido desechado porque había entrado de manera extemporánea.

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