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30 mil 658 millones de pesos costarán los PPS que dejó Moreno Valle

El gasto contratado a financiarse en periodos de 18 a 25 años supera en más de 3 mil 500 millones la inversión pública de todo el sexenio del panista

Museo Internacional Barroco.
Foto: Marlene Martínez
Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Tras su paso por la gubernatura de Puebla el Rafael Moreno Valle dejó entre otras cosas un Museo Internacional Barroco construido por un laureado arquitecto japonés, un Centro Integral de Servicios que concentra la mayoría de las oficinas de gobierno y una plataforma para que se instalará ahí la armadora Audi, lo que el panista nunca dijo fue que las obras costaran 30 mil 658 millones de pesos. Para conocer esa cifra hubo que esperar que su sucesor, Antonio Gali Fayad hiciera pública esa información.

El monto a pagar –en plazos diferentes por obra— supera los los 27 mil 90 millones de pesos que se destinaron a inversión pública –que incluye obra y proyectos– durante el sexenio de Moreno Valle, de acuerdo con datos de la Cuenta Pública estatal 2011-2016.

Y aunque, hay que decirlo, la información no es del todo clara pues solo se publica los montos totales de la inversión pactada, que asciende a 8 mil 194 millones de pesos, es posible contabilizar el costo total de las obras a través de datos que sí se incluyen en el documento “Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos”, que dio a conocer hace unos días la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), como el plazo pactado y el monto promedio mensual del pago de la contraprestación. Se pidió la dependencia una entrevista para tratar el tema, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Obra Monto de inversión* pago   mensual* plazo pactado (meses)* Monto total*
Plataforma Audi 5,079.3 100.7 180 18,141.4
Museo Internacional Barroco (MIB) 1,742.9 27.9 280 7,815.5
Centro Integral de Servicios (CIS) 1,372.6 15.6 300 4,701.6

*Las cifras son en millones de pesos

Esos datos nos permiten conocer que el desarrollo de esas obras dejará a los empresarios que ganaron las licitaciones ganancias que van del 242 al 348 por ciento, descontando ya el costo de inversión. Se trata de una cifra que no considera la depreciación del peso en el periodo vigente de los contratos.

Y que fue el combo de empresas que incluye a Concretos y Obra Civil del Pacífico –subsidiaria de Grupo Higa que encabeza Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario consentido por el gobierno federal– La Peninsular y Promotora de Cultura Yaxché –ambas compañías de la familia Hank Rhon–, encargadas de edificar el MIB, quién logró el contrato más ventajoso pues obtendrá cuatro veces la inversión realizada, y que la obra se terminará de pagar en el año 2039.

Y que es el CIS, la primera obra que se licitó bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios en Puebla, la que tendrá el contrato más largo: 25 años.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos (PPS) by ernesto_aroche on Scribd

Pero de esa información no se supo nada o muy poco mientras Rafael Moreno Valle durmió en Casa Puebla, la casa de gobierno, pues el entramado legal ideado por la empresa financiera Protego-Evercore que encabeza Pedro Aspe Armella –secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari—y que tuvo entre sus empleados a Luis Videgaray, Fernando Aportela y Marcela Andrade, ex titular, subsecretario y la jefa de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el actual sexenio, le permitieron evadir la transparencia.

No es deuda… lo dice la ley

El el 19 de septiembre de 2012 el Congreso del estado aprobó una iniciativa de ley que propuso el entonces diputado priísta José Lauro Sánchez López, hombre cercano al ex gobernador Mario Marín Torres pues fungió como su jefe de asesores durante su sexenio.

La iniciativa que modificaba el artículo sexto de la ley de deuda pública señalaba la siguiente: ““no constituye deuda pública los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios de largo plazo previstos en la ley en la materia, los proyectos de inversión a que se refiere la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ni las obligaciones derivadas de los mismos”.

Aunque la iniciativa fue presentada por un priísta afín al gobierno previo al de Moreno Valle, para el doctor en finanzas públicas y académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Eudoxio Morales, no hay duda de que fue el entonces mandatario estatal quién mandató el cambio al Congreso del Estado, por dos razones, la primera porque era una reforma necesaria para el entramado legal que permitiría no registrar el gasto como deuda sino como gasto corriente; y la segunda porque eso le permitiría presumir el desarrollo de obra de grandes dimensiones “sin pedir un peso prestado”.

–Rafael Moreno Valle mandató al Congreso del estado de Puebla se cambiara el artículo sexto de la Ley de Deuda Pública, la reforma se publicó en el periódico oficial en la misma fecha –asegura al ser entrevistado.

Centro Integral de Servicios.
Foto: Marlene Martínez

El tema provocó un debate político y, claro, electoral sobre si los PPS eran deuda o no, economistas de las universidades públicas y privadas del estado como Eudoxio Morales y  Marcos Gutiérrez Barrón, y académicos de la Ibero Puebla insistieron que en más allá de lo legal: “Cualquier compromiso que se tenga en el largo plazo representa que el estado tenga que atender esos compromisos y dejar otros importantes como la generación de empleos. Distrae recursos. En Puebla legalmente no está constituido como deuda, pero formalmente sí es un compromiso que se tiene” sostuvo Gutiérrez Barrón de acuerdo con una nota publicada en marzo de 2016 en el portal e-consulta.

Pero no son los únicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado al respecto (en la acción de inconstitucionalidad 163/2007 que involucró al gobierno de Sonora):

“Según su naturaleza conceptual, el concepto de deuda pública, es la obligación que tiene alguien, en este caso, el Estado, de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común en dinero (…) la calificación de dicha obligación como deuda pública por parte del gobierno no debe depender del ente gubernamental que la contrae, sino de si el cumplimiento de tal obligación o empréstito compromete o no, directa o indirectamente, a la hacienda pública estatal”.

El baile de los números

Eudoxio Morales dio mucho de qué hablar en el cierre del sexenio pasado cuando expuso que tras analizar la información financiera del estado, estimaba que la deuda estatal en el sexenio de Moreno Valle era cercana a los 70 mil millones de pesos.

Sus estimaciones sobre el costo de las obras que se realizaron como APPs rondaron los 38 mil millones de pesos, cifra relativamente cercana a los datos dados a conocer por el gobierno de Antonio Gali Fayad hablan de 30 mil millones.

Aunque los datos del costo de la obra han variado de acuerdo con la fuente que se consulte. Por ejemplo, el 20 de febrero de 2015 el entonces secretario de Finanzas del estado, Roberto Moya Palencia –egresado del ITAM, igual que Videgaray y Aportela— aseguró ante diputados que las obras financiadas por PPS eran sólo dos, que su costo en conjunto del CIS y del MIB era de 3 mil 114 millones en cifras cerradas, y que “los compromisos adquiridos totales adquiridos en PPS representan menos del 0.7 por ciento del presupuesto del estado autorizado para el 2015, por lo tanto los PPS no representan una carga significativa para el gobierno”.

Dos años después, el 20 de enero de 2017, en el cierre de la administración de Moreno Valle, el diputado priísta José Chedraui cuestionó Guillermo Bernal Miranda, el último de los tres secretarios de Finanzas de la administración del panista, durante la glosa del sexto informe de labores:

“Diversos estudios han hecho del conocimiento público que el Museo Internacional Barroco significó pasivos por 7 mil 176 millones de pesos, estos serían pagados en 23 años; el Centro Integral de Servicios significó pasivos por 4 mil 500 millones de pesos que deberán de ser cubiertos durante los próximos 25 años; la planta Audi por 10 mil 800 millones de pesos, estos también pagaderos a quince años, lo que se traduce en 22 mil 476 millones de pesos en obligaciones financieras”.

En su respuesta Bernal Miranda, aseguró que “a valor presente” el costo por las obras financiadas como Asociaciones Público Privadas “era de 11 mil 394 millones de pesos, de los cuales 2 mil 131 eran del CIS, 3 mil 816 del MIB y 5 mil 445 de la Plataforma Audi”.

Tres meses después con los datos oficiales dados a conocer por la actual administración la suma es casi el triple de la declarada por el funcionario estatal en su último encuentro con los diputados locales.

 

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