Según Roberto Meana, Administrador General de la Autoridad Nacional de Panamá para los Servicios Públicos (ASEP), la presa de gravedad de 28 megavatios en la parte oeste de Panamá podría empezar a operar en unos días, una vez se completen las pruebas necesarias. Las aguas del depósito han ido subiendo desde agosto del año pasado, inundando gradualmente comunidades Ngäbe y sus tierras.

“Podrían ser cinco días o dos semanas, pero el proyecto está cerca de entrar en operación comercial”, dijo Meana a Mongabay el viernes pasado.

Polémica desde el principio

El proyecto hidroeléctrico, en parte financiado por dos bancos de desarrollo europeos, ha estado en el epicentro de una compleja batalla ambiental y de derechos humanos que ha durado casi una década entre un grupo de comunidades indígenas Ngäbe y las sucesivas administraciones panameñas.

Solo en los últimos meses, el proyecto se eliminó del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas (MDL), un resultado positivo para las comunidades indígenas, pero el Tribunal Supremo de Panamá también ha rechazado dos alegaciones jurídicas a favor del gobierno —abriendo la posibilidad de que el gobierno expulse de forma forzosa a los indígenas afectados de su tierra.

La presa en el río Tabasará, cuya estructura está completa, creará un depósito de 258 hectáreas en la provincia de Chiriqui. Inundará 6.7 hectáreas que pertenecen a la comarca Ngäbe-Buglé, región semiautónoma situada unas millas río arriba de la presa.

El estado operativo inminente del proyecto plantea serias cuestiones en torno a las comunidades ribereñas Ngäbe locales, que han pedido la cancelación de la presa de forma continuada desde que se le diera luz verde en 2007.

“Si el gobierno empieza a generar [electricidad], confirmará la violación de nuestros derechos como comunidad afectada”, dijo a Mongabay Weny Bagama. Delegada del Congreso General Ngäbe-Buglé y líder del M10 (Movimiento 10 de abril), que se opone abiertamente a la presa.

“Lo están haciendo aunque el Congreso [General Ngäbe-Buglé] rechazó el acuerdo”, dijo en referencia al acuerdo descartado que permitía la operación total de la presa al cual llegaron el gobierno y los Cacica (negociadores) de la comunidad Ngäbe-Buglé en agosto del 2016. El acuerdo fue rechazado después por la comunidad en septiembre, cuando la Cacica (negociadora) fue expulsada por el Congreso General Ngäbe-Buglé, el organismo que toma las decisiones clave en la comarca.

“La decisión del Congreso [General] es la decisión interna de la comarca y si no respetan eso, es que evidentemente el gobierno hace lo que quiere y no respeta la jurisdicción establecida por la ley de comarca”, dijo Bagama.

Según Meana, sin embargo, la decisión del Congreso General Ngäbe-Buglé de rechazar el acuerdo no se llevó adelante con la entrega al gobierno del papeleo apropiado —un documento formal que resumiera la decisión de la comunidad y las razones para rechazar la presa.

“Hasta la fecha no hay ningún documento en el que se rechace el acuerdo. El Congreso [ Ngäbe-Buglé] lo envió para ser revisado. Si el Congreso lo hubiera rechazado, no habría establecido una comisión para revisarlo”, explicó Meana en referencia a una comisión que el Congreso General indígena creó para analizar el conflicto formalmente.

Bagama se opone firmemente a estas conclusiones. Afirma que aunque el congreso no presentó un rechazo legal del documento, este y la comisión especial aún tenían que concretar su respuesta.

“La comisión no se nombró para revisar el documento, sino para analizar el conflicto en su totalidad”, dijo. “No nos dieron un límite de tiempo ni una fecha para presentar el documento [de rechazo], pero la decisión del Congreso debe estar libre de presiones o condiciones porque la comarca tiene sus propios procesos y según nuestra ley tenemos que seguir ciertos procedimientos”.

El voto de la organización indígena en septiembre arrojó una nube de incertidumbre sobre el proyecto, ya que ambas partes pensaron que se renovarían las negociaciones para alcanzar un acuerdo final.

Pero incluso antes del rechazo del Congreso, el gobierno permitió a la empresa de construcción de la presa, Generadora del Istmo S.A. (GENISA), que empezara con las pruebas de lleando del depósito de la presa en agosto de 2016 —una acción a la que se opusieron las comunidades Ngäbe que han perdido sus casas y algunas de sus tierras más fértiles desde entonces por culpa de la crecida de las aguas.

“Como comunidad sentimos que somos prisioneros en nuestra propia casa, no podemos movernos como hacíamos antes, los niveles de agua han descendido ligeramente [a causa de la estación seca], pero los alrededores se han convertido en barro”, explicó Bagama.

“Vivimos en una situación de amenaza constante por este embalse con lo que el gobierno ha estado haciendo y sus intereses económicos, que están por encima de nuestra subsistencia como pueblos indígenas”.

El Tribunal Supremo de Panamá opina

A medida que las aguas del depósito crecieron a finales del 2016, hubo una serie de cambios en el estado del polémico proyecto.

En diciembre, el Tribunal Supremo de Panamá falló a favor del proyecto hidroeléctrico en los últimos procesos jurídicos pendientes activos en el país. El primero era una acción de Protección de Derechos Constitucionales, presentada por abogados en 2015 en nombre de las comunidades Ngäbe para proteger su acceso al agua.

“La empresa había pedido un cierto volumen del caudal del río [requerido para la operación de la presa] y el gobierno les dio más de lo que pidieron”, explicó Susana Serracín, abogada ambiental de la ONG panameña Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), que ha defendido a las comunidades Ngäbe afectadas. “Esto amenaza gravemente la seguridad del agua de las comunidades”, dijo.

El tribunal rechazó esta acción porque se presentó “seis años después del inicio del proyecto” y no dentro de los tres primeros meses de desarrollo, que habrían permitido el tiempo suficiente para estimar los daños ambientales, según explicaba el periódico La Prensa.

También en diciembre, el Tribunal Supremo falló a favor de la resolución generada en 2013 por la Autoridad Nacional para los Servicios Públicos de Panamá (ASEP), y declaró que la construcción de la presa Barro Blanco era de “interés público” y su construcción “urgente” aunque fuera cuestionada por las comunidades Ngäbe. Además, la resolución dio a GENISA la autoridad para entrar en territorio indígena para completar el proyecto.

La resolución de ASEP al declarar el proyecto de interés nacional, despejará el camino para que el gobierno expropie legalmente cualquier territorio que haga falta para que el proyecto avance hasta su finalización, explicó Serracín. “Las comunidades tienen que ceder su tierra para el proyecto. Pero el gobierno, obviamente, no está favoreciendo el interés público, porque este proyecto lo ha llevado a cabo una empresa privada [GENISA]”, dijo.

La decisión del tribunal superior abre la puerta a la reubicación legal y forzosa de las comunidades Ngäbe que viven más arriba de Barro Blanco. Sin embargo, según Meana, de ASEP, nadie hasta la fecha ha sido desalojado de su tierra a pesar de la crecida de las aguas de los depósitos.

“El depósito se ha llenado, ya trabaja hacia la normalidad y el gobierno no ha tenido que llevar a cabo ningún desalojo forzoso de nada ni nadie”, explicó Meana, y añadió que la decisión también otorga transparencia cuando las empresas llevan a cabo un proyecto como el de Barro Blanco y no llegan a un acuerdo con las partes afectadas.

“Cuando ves la realidad […] de las dos o tres personas afectadas [por el llenado], el estado intenta compensarlas adecuadamente. La posición del estado es compensar a los que tienen derecho legítimo sobre la tierra”, dijo.

Las decisiones del Tribunal Supremo de Panamá no se pueden recurrir, así que la comunidad no tiene ninguna vía en la ley panameña para continuar con su oposición legal.

“Todos los casos que se han presentado a nivel nacional se han agotado. La comunidad ya no tiene nada que hacer. Los únicos procesos que quedan son los internacionales”, afirmó Serracín de ACD.

En marzo de 2016, ACD presentó una petición de medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un intento de proteger a las comunidades afectadas. Hasta la fecha, la comisión no ha respondido con una decisión, pero después de una audiencia pública en Washington la semana pasada, ha solicitado un informe del gobierno sobre la situación de dos defensores de los derechos humanos en el país.

La retirada del MDL hace que la acción internacional sea incierta

Con la presa a punto de empezar a operar y la decisión de la CIDH aún por llegar, la posibilidad de un recurso internacional por parte de las comunidades indígenas parece poco probable. La petición repentina del Ministerio del Ambiente de Panamá (MiAmbiente) de retirar el proyecto de forma inmediata del MDL de las Naciones Unidas en octubre, por ejemplo, no sirvió para detener la presa ni la crecida de las aguas del río.

Inicialmente, el registro de Barro Blanco —que había permitido que el proyecto ganara Certificados de Emisiones Reducidas, o créditos de carbono— se recibió como un desarrollo positivo entre los defensores de la comunidad indígena.

En la carta de retirada, MiAmbiente declaró que el registro de Barro Blanco en el MDL en 2011 se llevó a cabo bajo la guisa de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) obsoleto de 2008 que analizaba los impactos de la presa basándose en su capacidad de generación inicial de 19 megavatios.

No obstante, en 2010, GENISA, la empresa de construcción de la presa, recibió la aprobación de la antigua Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá para aumentar la capacidad a 28 megavatios sin un nuevo EIA —una violación de las regulaciones alertada por la comunidad indígena y ONG nacionales e internacionales.

“Barro Blanco se ha convertido en una fuente de vergüenza para el gobierno, ya que obviamente no cumple con el requisito del desarrollo sostenible. Viola los derechos territoriales de la gente Ngäbe y falta al respeto a los derechos humanos de forma manifiesta”, afirmó el director ejecutivo de ACD, Osvaldo Jordan ante Mongabay días después de la eliminación del registro.

Según Jordan, el informe inicial de validación del MDL de Barro Blanco de la empresa española AENOR en 2010, y el consecuente registro del proyecto en 2011, tuvieron un papel clave en la financiación inicial y continuada del proyecto por parte de bancos europeos —la Corporación de Inversión Alemana (DEG) y el banco de desarrollo holandés, FMO.

“Esto [la baja del registro] es resultado de una política fracasada de diez años de proyectos hidroeléctricos en Panamá […] y tendrá un impacto en futuros proyectos de desarrollo en el país”, dijo.

Esos sentimientos resonaron en la ONG de Bruselas Carbon Market Watch (CNW), organización que trabaja con la comunidad afectada. CNW había pedido repetidamente la cancelación del registro de Barro Blanco en el MDL de las Naciones Unidas.

“Obviamente, teniendo en cuenta los efectos tan negativos de Barro Blanco, nos alegramos de este paso, pero al mismo tiempo, hay que mencionar que aunque ya no sea un proyecto MDL, va a seguir adelante. Seguirá habiendo una presa hidroeléctrica Barro Blanco en Panamá”, dijo Juliane Voigt, responsable de políticas de desarrollo sostenible en CMW.

Los bancos europeos se han mantenido en silencio en su mayoría. Según la portavoz de la DEG, Barbara Schrahe-Timera, ni la DEG ni el FMO han sido parte de las polémicas negociaciones entre el gobierno y los Ngäbe-Buglé.

“Repetidamente, también en los últimos meses, tomamos medidas activas con varias partes afectadas, entre ellas expertos ambientales y sociales que están allí para contribuir a una solución mutua”, Schrare-Timera dijo a Mongabay. A pesar de repetidas peticiones de aclaraciones, la portavoz de la DEG no explicó qué conllevaron esas medidas ni comentó la retirada del proyecto del MDL de las Naciones Unidas.

Crecida de aguas y ninguna solución fácil

Para las comunidades Ngäbe que viven en las orillas del río Tabasará, los tumultuosos cambios en la batalla jurídica no alteran la realidad en el terreno.

“Estamos en una situación crítica”, dijo Manolo Miranda, residente de la comunidad de Kiad y miembro del grupo M10 (Movimiento 10 de abril) que se opone a la presa. “Muchos de nuestros cultivos, sobre todo de banana y madera utilizable se han perdido [por la crecida de las aguas] y la [la presa] ha tenido un gran impacto en la comunidad”.

Las aguas de la presa han retrocedido marginalmente debido a la estación seca del país que probablemente acabará en abril. Según Miranda, 11 casas se han inundado hasta ahora y otras cuatro podrían ser evacuadas a medida que el depósito se expande y continúa invadiendo la comarca.

El llenado de prueba en los últimos siete meses ha demostrado, según cuentan los Ngäbe, que el gobierno no está dispuesto a reconocer las persistentes preocupaciones de la comunidad. “El gobierno sigue intentando impulsar el proyecto sin reconocer las violaciones ambientales, sociales y culturales; no les interesa. Y para nosotros no tiene sentido”, dijo Miranda.

Según Meana, de ASEP, sin embargo, el gobierno ha mantenido “contacto diario con los pueblos afectados” sobre su situación actual. Este contrato, dice, es “en primer lugar para establecer el grado de impacto y en segundo lugar para dar una solución específica a largo plazo”. Añadió que el gobierno también mantiene el diálogo con los representantes del Congreso General Ngäbe-Buglé para resolver el conflicto.

Las comunidades y sus defensores niegan que este diálogo continuo con el gobierno haya ocurrido. Sin embargo, una delegación del gobierno que visitó Kiad en febrero recibió un documento que pedía la reducción inmediata de los niveles del depósito a los límites de la comarca, una concesión que ahora parece improbable.

“Hemos pedido por escrito que los niveles se bajen. Dijeron que el proyecto [sería] 100 por cien fuera de la Comarca, así que generen su electricidad fuera, pero no permitan que el depósito afecte al territorio de la comarca”, dijo Weny Bagama.

Hasta ahora el gobierno no ha dado respuesta directa a esta petición, pero tampoco ha avanzado con el desalojo forzoso de las comunidades Ngäbe.