En 2015, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que la SCT y el gobierno de Moreno Valle no cumplieron con las disposiciones legales y normativas
Ernesto Aroche
Quince meses después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló una serie de irregularidades en la construcción del Segundo Piso de la Autopista Puebla-México, tras el análisis de la cuenta pública 2014, la Secretaría de la Contraloría aún no ha concluido la investigación ni ha sancionado a nadie. Así lo reconoció la dependencia a una solicitud de información que presentó esta casa editorial.
El pasado 17 de diciembre de 2015, el organismo federal emitió el dictamen que dice: “se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de Puebla no cumplieron con las disposiciones legales y normativas”.
La auditoría practicada generó 9 observaciones: 1 recomendación y 8 procedimientos sancionadores contra funcionarios, siete del estado de Puebla y uno solo de la SCT. En el caso estatal, y como lo señaló la propia autoridad, aún no hay sanciones.
Entre las irregularidades detectadas la ASF enlistó las siguientes:
- Costo elevado del peaje
En su informe, la ASF señala que mientras el costo por kilómetro en la fracción de la autopista que corre de Puebla a San Martín Texmelucan, la misma donde está instalado el viaducto de OHL-Pinfra, es de 0.94 pesos, en el segundo piso se estableció un costo de 3.46 pesos por kilómetro.
El estimado de la Auditoría toma como parámetro un costo total del cruce de 46 pesos como se planteó en el expediente de la concesión fechado en 2014, aunque al momento de ser inaugurado en octubre de 2016 el costo del tránsito se elevó a 55 pesos para automóviles, es decir 4.1 pesos por kilómetro lo que significa un incremento real del 327 por ciento.
En su justificación el gobierno de Puebla sostuvo: “la determinación del costo de sus tarifas responde a que el viaducto elevado permitirá al usuario un ahorro de 15 minutos, en comparación al tiempo que actualmente se realiza en el mismo recorrido (…); que se debe cubrir el pago de los compromisos de deuda adquirida para apoyar financieramente la construcción de la obra y que los ingresos por concepto de tarifas y su actualización deben permitir cubrir los costos y gastos de operación, administración, conservación y mantenimiento del viaducto”.
- Se entregó el subsidio para la obra “aun cuando no se contaba con el estudio costo-beneficio ni con el proyecto ejecutivo”
La Auditoría señaló además que tras la primera revisión de los expedientes, la SCT presentó un estudio de costo-beneficio para justificar la obra, pero se trató de un estudio de una obra distinta a la proyectada, pues la concesión es para una vialidad de 13.3 kilómetros con un ancho de corona de 18 metros, mientras que “el estudio proporcionado se considera un ancho de corona de 21 m, una longitud de 16.6 km y una carretera con características tipo A6”.
Además, a la fecha de la revisión (octubre de 2015) no se contaba con el proyecto ejecutivo autorizado por la SCT, por lo que no se dio cumplimiento a la normativa que establece “que para la asignación de recursos se debe contar con el proyecto ejecutivo, evaluaciones financieras y técnicas que aseguren su factibilidad”.
- Se inició la obra sin Manifestación de Impacto Ambiental
De hecho, la Auditoría documentó que el expediente “se presentó el 27 de febrero de 2015, 192 días posteriores a la fecha de la celebración del título de concesión”.
Por si fuera poco, el 24 de febrero de 2015 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) notificó la aplicación de una multa por 560 mil pesos, debido a la ejecución de los trabajos sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental.
- Costo de obra elevados
El informe señala que al revisar el expediente se constató que en el catálogo de precios el costo de vaciado de concreto y otros conceptos de construcción “son elevados respecto a los precios de mercado y a los propuestos en otros proyectos similares realizados por la misma empresa”, y con esos precios se erogaron los recursos, al menos, dice el informe, hasta la fecha de revisión que se hizo en octubre de 2015, cuando la obra llevaba ya más de un año de avance.
Además, “el tipo de carretera propuesto no cumplió con las normas de la SCT, lo que ocasionó que el título de concesión se formalizara con deficiencias técnicas, en consecuencia no se acreditaron las mejores condiciones para el estado por el sobrecosto que generará el cambio del ancho de corona”.
- La obra se inició con retrasos
Tras revisar el título de concesión, la auditoría descubrió que el inicio de la obra se retrasó 134 días, iniciándose el 27 de noviembre de 2014 a pesar de que la formalización del convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio se dio desde el 16 de julio.
El gobierno del estado se justificó diciendo que el subsidio llegó hasta el 25 de julio, es decir 39 días naturales después de la firma del convenio, y que a partir de ese momento es que se deben contar los 30 días naturales para el inicio de la ejecución del proyecto.
A pesar de ello, la Auditoría concluyó que el plazo legal se excedió, por lo que pidió iniciar una “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”.
En 2015 también hubo irregularidades
En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF también detectó irregularidades en la construcción del viaducto, entre ellas que la diferencia en el costo del peaje era superior al primer estimado, y cuantificó el sobrecosto en 339 por ciento, lo que coloca a la vialidad como una de las más caras del país.
También detectó pagos indebidos y pago sobre conceptos que no fueron documentados por la autoridad, y que “no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas, no obstante que la obra ya se había concluido y se encontraba en operación”.
Las irregularidades obligaron a que la ASF pidiera el inicio de tres procedimientos sancionadores, pero si la Contraloría no ha terminado aún la investigación en el caso de 2014, las sanciones a los responsables de los casos del 2015 están todavía más lejos.
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